Hace una semana, varias organizaciones de mujeres puneñas participaron de un encuentro para revisar y actualizar la Agenda Regional de Mujeres Aimaras, Quechuas y Uros de la Región Puno, para que sea difundida y tomada en cuenta por las nuevas autoridades, quienes asumieron ese compromiso durante la gestión anterior, mediante la Resolución Ejecutiva Regional que la oficializó, pero que no logró concretarse.
Uno de los temas relevantes en la agenda es el agua, ya que son ellas las que conocen de cerca los efectos del cambio climático en sus comunidades, como la escasez de agua para la producción agropecuaria. Para paliar este problema proponen la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua con tecnología ancestral, y la implementación de Ordenanzas Regionales vinculadas al tema como la que ordena la elaboración de un Plan Regional de Agricultura Familiar.
Otro punto destacable es la demanda por la reivindicación y respeto de su identidad cultural por parte de las autoridades que conforman los tres niveles de gobierno, que incluye la protección de sus costumbres, tradiciones e idioma. Esta demanda está comprendida en el eje de Educación de la agenda, en el que se propone coordinar no solo con el sector Educación, sino también con el sector Salud.
Por otro lado, si bien ya está confirmada la fecha para la Tercera Toma de Lima, aún no es clara la forma en que estas organizaciones de mujeres de Puno participarán; el tema no estuvo presente explícitamente en la agenda. Así mismo, se plantearon diferentes demandas para que sean consideradas en la actualización de la Agenda Regional, manifestando su necesidad de participar en un programa de formación que les permita reforzar sus capacidades para una mayor articulación con otras organizaciones y puedan estar preparadas para afrontar la coyuntura política y social que se aproxima. El espacio también permitió enfatizar la necesidad de trabajar en temas de salud mental para hacer frente al impacto emocional que les ocasionó la represión ejercida por las fuerzas del orden durante las protestas, que ocasionaron la muerte de varios ciudadanos puneños, además de las políticas de intimidación que promovieron ciertos sectores mediáticos y políticos para desvirtuar el pedido de justicia de los familiares y la población.
El pedido de justicia es una agenda presente dentro de las organizaciones de mujeres en Puno, quienes han exigido que se aceleren las investigaciones fiscales en Juliaca y no verse obligados a viajar a Lima para hacer el seguimiento de las denuncias. Todos estos pedidos van acompañados de la demanda por una Asamblea Constituyente.
Distintas instituciones que acompañan la organización de estas mujeres, como Pastoral Universitaria UNA Puno, Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Fe y Derechos Humanos, Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Movimiento Manuela Ramos, Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS), Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur (descosur), han acordado apoyar su participación en el Presupuesto Participativo, con el fin de promover proyectos que viabilicen sus propuestas. Además de acompañarlas en acciones para que la agenda se siga visibilizando y se logre fortalecer a las organizaciones según los ejes de trabajo priorizados. Por el momento se está elaborando el Plan Operativo Anual que permita canalizar de mejor forma sus propuestas, mediante políticas y normas regionales.
El movimiento de mujeres en Puno es uno de los más fuertes en la Macro Región Sur. El reconocimiento oficial de una agenda mancomunada que agrupe sus diferentes demandas ha significado un gran logro para ellas. Si bien la agenda prioriza demandas sobre infraestructura y acceso a servicios del Estado, también son relevantes las demandas vinculadas al ejercicio de sus derechos políticos. Un siguiente paso es la elaboración de un plan de incidencia política y vigilancia ciudadana para que esta agenda sea conocida entre funcionarios de las instituciones gubernamentales puneñas y luego sea implementada por el gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales.
desco Opina – Regional / 23 de junio del 2023