Los aprestos para la largamente anunciada Tercera Toma de Lima se iniciaron. El 1 y 2 de julio, se reunió una denominada Asamblea Nacional de Dirigentes Gremiales de las 26 regiones del Perú y conformó el Comando Nacional Unitario de Lucha que debe “liderar y unificar la tercera Toma de Lima y exigir la salida de la presidenta Dina Boluarte”. Fue lo que informaron el dirigente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), Erwin Salazar y el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), Santos Saavedra.
Salazar, además, precisó a los medios de comunicación que en dicha asamblea participaron 800 dirigentes de las distintas regiones del Perú. Junto a la CGTP y CUNARC, estuvieron representantes de organizaciones como la Asamblea Nacional de los Pueblos, Federación de Pueblos Jóvenes, Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro y Construcción Civil. Como vemos, además de muchas espacios significativamente desgastados y debilitados a través del tiempo, aparecen otras organizaciones que parecieran creaciones ad hoc, sin que puedan mostrar una trayectoria mínima que permita decirnos algo sobre sus reales dimensiones.
Es decir, la legitimidad de muchos de los espacios de coordinación de las organizaciones sociales y de las mismas organizaciones sociales que conforman la dirección de la acción programada, no parece ser la mejor y adecuada. Así, es difícil asumir que posean un decisivo componente moral que les permita presentarse como los genuinos dirigentes de los que dicen representar.
De otro lado, una quincena atrás, la presidenta Dina Boluarte, desde Piura, había lanzado unas preguntas sugestivas —en realidad, con carga incriminatoria—, dirigidas a quien correspondiera: “¿Cuántas muertes más quieren, por amor de Dios? ¿Acaso no les duele el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas?”
Además de pretender aparecer ajena a esos lamentables resultados en vidas humanas que refiere, Boluarte consideró que la jornada de protesta programada para el 19 de julio estaba obedeciendo a objetivos puntualmente políticos: “[Las protestas] beneficiaban a aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo, no satisfechos con que yo no vaya a renunciar, quieren utilizar a la población para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde vamos a llegar?”
Incluso, en tono amenazante, advirtió que esa “narrativa falsa” que usan los opositores a su gobierno podía calificar como traición a la patria.
Seguramente, Boluarte no tiene la versión más descabellada y bizarra de lo que sucede. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, mencionó días atrás que no permitirá una nueva Toma de Lima. “En este momento, la Policía y el Serenazgo tienen todo el instrumento jurídico para poder defender la ciudad de Lima, de gente que hace manifestaciones para destruir todo y quitar la paz … no vamos a permitir que un grupo de gente politizada, y en mi opinión, pagada por el narcotráfico y pagada por países que odian al Perú, como el Foro de Sao Paulo, destrocen nuestro país y el patrimonio histórico de Lima”, sentenció.
Por supuesto, se estaba refiriendo de manera casi explícita a la actual normatividad sobre el uso de la fuerza, que incluye la reciente ley que permite el uso de armas no letales por parte de los cuerpos de serenazgos municipal, cuya aprobación en el Congreso alcanzó nada menos que 111 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Además, López Aliaga nos recordó la formulación ambigua de varias de estas normas, que fomentan la impunidad de actos violatorios de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
También podemos citar al general PNP, Óscar Arriola, director de la DININCRI y vocero de su institución. En entrevista con Canal N, advirtió a las personas que van a acudir a la manifestación que tengan “cuidado” con los miembros de Sendero Luminoso que, aseguró, se han desplazado desde el VRAEM. En esa misma línea, encontraremos al premier Alberto Otárola, quien señaló que la ‘camarada Vilma’, miembro de Sendero Luminoso, “participará en la manifestación y su función será incitar a la violencia para alterar el Estado de derecho”. Pero, afirmó tajantemente, “ella no derrotará la democracia”.
Más desvariados que nunca, Arriola y Otárola no debieron amenazarnos. Si sabían que “los senderistas”, entre ellos “Vilma”, han llegado a Lima, ¿No debieron detenerlos preventivamente? En todo caso, es lo que dicta el sentido común.
A propósito, posiblemente haya cada vez menos peruanas y peruanos que saben que hubo una Comisión de la Verdad y Reconciliación, menos aun los que han leído siquiera una parte de su Informe Final, así como que en el próximo mes de agosto se cumplen 20 años de la entrega oficial de este documento.
¿Qué nos enseña la violencia de los años 80? Fundamentalmente que casi todos los costos catastróficos fueron impuestos sobre la sociedad por aquellos que el Informe de la CVR llamó “los actores armados”, todos los cuales, más allá de diferencias de forma, creyeron firmemente que la realidad debía amoldarse a una idea preconcebida; tanto los que se suponían depositarios de una verdad trascendental y que debían suprimir todo vestigio de injusticia terrenal mediante la violencia, cual ángeles vengadores, como los funcionarios y autoridades estatales desconcertados e incapaces de analizar para formarse una idea de lo que ocurría, atinando únicamente a suponer una tercermundista razón de Estado para sustentar el arrasamiento de la sociedad, como forma “eficiente” para derrotar al enemigo subversivo.
De todo ello debimos extraer un sinnúmero de lecciones que, asimiladas por el Estado y las organizaciones sociales, no iban a asegurar un “nunca más” bajo ningún punto de vista, pero posiblemente aumentarían sensiblemente su probabilidad. No fue así.
Los actores armados del Estado siguen planteando sus esquemas de acción bajo la premisa del “enemigo comunista”, que los hace aparecer como versiones extremas del Gral. Jack D. Ripper, ese increíble personaje inmortalizado por Stanley Kubrick en 1964, que creía que los comunistas planeaban dominar el mundo, ordenando bombardear la Unión Soviética, iniciando así una guerra nuclear.
Del otro lado, desde las organizaciones sociales, no faltan los que aún creen que la protesta —mejor si es violenta—, no necesita justificarse ni, mucho menos, plantearse objetivos políticos claros y factibles. Así, nuevamente, con esa actitud solo desplazamos altos e irreparables costos hacia la sociedad, en beneficio de supuestos “logros”.
Al final, como ocurrió con la experiencia violentista de los 80 y 90, puede ser que sólo se esté favoreciendo una más rápida concentración de la riqueza y una centralización de las decisiones. Se estarían generando condiciones para deteriorar aún más un ambiente adecuado para garantizar los derechos de todos y todas, incrementando la posibilidad de que la poca organización instalada en la sociedad peruana termine volando por los aires.
Sin duda, son momentos para arriesgarnos con una salida al entrampe político en el que estamos sumidos, pero proponiendo una alternativa, no sólo viable, sino también favorable a los intereses populares. Si es así, será válida toda la presión social que pueda ejercerse con la única limitación de evitar costos sociales. Lo contrario se llama simplemente suicidio.
desco Opina / 14 de julio de 2023
