La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos da cuenta cabal de la caída en picada de la aprobación del Congreso de la República. Ésta, que se inició con 31% en agosto 2021, no obstante que un sector del mismo alentado por la furia de Keiko Fujimori permanecía inalterable en la cantaleta del fraude electoral, ha llegado en julio de este año apenas a 6%. Porcentaje éste, prácticamente uniforme en el país —entre 7.4% en el oriente y 3.8% en el norte— así como en los distintos sectores sociales, entre 6.5% en el segmento C y 5.2% en el A/B. La misma encuesta identifica con claridad parte de sus “méritos”, cuando reconoce su poder, identificando a los parlamentarios como el grupo con mayor poder en el país (34%) y simultáneamente señalando con claridad meridiana, 78%, que abusa permanentemente del poder que tiene.
Que el actual Congreso y la mayoría de sus integrantes hicieron méritos para tal valoración, no hay duda. Que el deterioro de la democracia es el telón de fondo no admite murmuración; el Latinobarómetro 2023 muestra que sólo 8% de peruanas y peruanos está satisfecho con la democracia, el porcentaje más bajo de la región, mientras que 90% cree que los partidos son inútiles y no funcionan bien, el porcentaje más alto de la región. Lo indignante es la indiferencia, si no el desprecio de parlamentarios que se asumen impunes e inimputables y no se cansan de ofrecer espectáculo en una temporada que es más larga que la de cualquiera de los circos que se instalan en estas tierras en fiestas patrias.
Si nos limitamos a revisar los últimos noventa días de su acción, encontramos una diversidad de números. Si queremos leyes cuestionables pensemos en la norma que reduce la vigencia de la colaboración eficaz a ocho meses tras ocurridos los hechos, cerrando la ventana de tiempo para proteger a los corruptos. Si buscamos leyes que favorecen a sectores ligados a las economías ilegales, se aprobó que los bienes incautados a la minería ilegal no sean destruidos y pasen a instituciones del Estado. Si interesan disposiciones inconstitucionales, revisemos aquella que faculta a Boluarte para que gobierne temporalmente desde el exterior, lo que le permitirá realizar viajes que no podía hacer por carecer de un Vicepresidente para asignarle sus funciones; que el Tribunal Constitucional no haya dicho nada sobre la materia, no debe ser motivo de sorpresa.
Si además de “legislicidios”, interesa encontrar casos flagrantes de abuso de poder, está la inhabilitación por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, bajo el argumento de que cuando ejerció como fiscal general, entre 2019 y 2022, “demoró” en tomar acciones contra el entonces presidente Pedro Castillo. Como es notorio, dicha magistrada es una abierta rival interna de la fiscal general, Patricia Benavides, señalada con fundadas razones como aliada del gobierno y del Congreso, por lo que la inhabilitación termina siendo una intervención abusiva contra el aparato judicial. En otras palabras, el Congreso gritando a los cuatro vientos, una vez más, que no tiene que rendirle cuentas a nadie.
Cuando creíamos haberlo visto todo, asistimos al matrimonio por interés de Fuerza Popular y Perú Libre, el cínicamente autonombrado Bloque Democrático, santificado por APP a cambio de la presidencia de una mesa directiva resultante de ese romance, aplaudido por la mayoría de congresistas, sin importar si se dicen de izquierda o de derecha. Como en el caso de la parlamentaria Lady Camones, el congresista cusqueño Alejandro Soto fue impuesto por César Acuña Peralta, el dueño de la agrupación, y como en aquella ocasión, el congresista tiene más de un anticucho en su haber. Tras su elección, ya no caben dudas de que se benefició de una ley promovida y defendida por él, aprobada el 11 de mayo, que fijó en un año el plazo de suspensión de la prescripción, norma a la que recurrió en julio, días antes de ser elegido, para archivar una acusación en su contra por estafa y falsedad genérica. Enredado en sus cuentos había mentido al sostener que ese caso había prescrito el 2018. Mentiras, hay que decirlo, que resultan costumbre, como lo evidencia su inútil y patético afán por negar el parentesco de una de sus contratadas con la madre de su hijo, argumentando cobarde y machistamente una relación de choque y fuga.
Su caso es de los más graves de los últimos tiempos y compromete a buena parte de los congresistas que lo eligieron y de los partidos que lo sentaron en la presidencia. La norma a la que se acogió, que lo beneficia y que defendió activamente antes de su aprobación, es la misma que acaba de aprovechar, por ejemplo, el ex Secretario General de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. El Presidente del Congreso aparece, así como el integrante aventajado de un Congreso pleno de “mochasueldos”, viajeros frecuentes con recurso públicos o invitados de grandes empresas internacionales, empleadores de sus clientes y defensores de intereses variopintos.
Finalmente, en las últimas horas, la curiosa implosión de la bancada de Acción Popular se constituye en el último número del espectáculo. Iniciada por la congresista Alva, la misma que nos tiene acostumbrados a sus buenas maneras y a su talante democrático, la corrida de ocho parlamentarios de la lampa por la elección del “niño” Darwin Espinoza como vocero, no deja de sorprender. Por varias razones. Los renunciantes son ocho y los que eligieron quince. Entre los que se van hay tres congresistas sindicados de “niños” o de vínculos con ellos, un cuarto denunciado por quitarles el sueldo a sus trabajadores, una congresista investigada por supuestos vínculos con el ex ministro de Vivienda Geiner Alvarado y uno investigado en la fiscalía por lavado de activos y desbalance patrimonial, cuando fue alcalde. Es decir una banda de angelitos, seguramente como quienes permanecen en la bancada.
Así las cosas, aunque se trate de una temporada que parece que no dejará de sorprendernos, es comprensible que 80% de los encuestados crean que el adelanto de elecciones es lo más conveniente para el país y que 77% coincida con el pedido de cierre del Congreso. Parece no haber otra vía a menos que uno sea tan ingenuo o interesado como para alentar a Boluarte y al Congreso a un salto de calidad en la aprobación de normas, reformas y gestión para reforzar el “incipiente” impulso reformista que han descubierto en el discurso de la mandataria.
desco Opina / 11 de agosto de 2023
