El perro del hortelano y las minas
Volviendo al artículo El síndrome del perro del hortelano, de Alan García, abordemos esta vez la cuestión minera y la preocupante estrecha visión del Presidente, quien dijo:
Cuando uno ve una playa muy bella, alguien ya la denunció hace muchos años y no ha puesto un centavo de inversión para hacer en ella un balneario y pasará decenios más sin valor. Así están todos los cerros que rodean lima [sic], donde la inversión podría hacer milagros. Así están todas la canteras y calizas de cemento denunciadas pero no trabajadas.
¿Y qué espera entonces para poner límite al tiempo de concesión? Una concesión debe tener un plazo para iniciar la actividad económica —que podría ser un año— además, debe tener un término razonable, por ejemplo cuatro años, es inconcebible que se otorgue concesiones eternas, no podemos caer en la candidez que una empresa va a tener un comportamiento respetuoso del medio ambiente eternamente. Eterno solo es Dios, y si García insiste en creer en la eterna bondad de las empresas entonces está incurriendo en idolatría, de la cual acusa, como veremos más abajo, a quienes proponen un empleo racional de los recursos naturales.
Con esas dos condiciones, si dentro del plazo para iniciar la actividad se inspecciona y se constata que no se inició la actividad, no cabría más que cancelar la autorización.
En cuanto al término de vigencia de la concesión, digamos de cuatro años, el estado debe verificar si se cumplieron todas las leyes, tanto mineras como de salud, medio ambiente, trabajo o tributación. El incumplimiento debería ser motivo para una multa en caso de incumplimientos menores, por ejemplo faltas leves a las leyes laborales o tributarias, etc. Pero si se viola gravemente la ley, por ejemplo no otorgar beneficios sociales, negligencias en medidas de seguridad que ocasionen invalidez o muerte, o evasión tributaria, la sanción debería ser la no renovación de la autorización. ¿Y qué hacer después? Dado que ya existe una inversión del minero en infraestructura, se debería licitar la concesión a un nuevo empresario, que se comprometa a resarcir al anterior por el costo de su inversión, el exceso debería ser ingreso para un fondo minero. Sabiendo esto, ningún empresario minero incurriría en subvaloraciones de su patrimonio, como acostumbran los evasores, pues si con artimañas declara un patrimonio menor, se expone a que en el caso de resarcimiento el importe se limite a lo que él mismo declaró.También dijo en su artículo:
Además existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.
Aquí García ya está hablando de expropiación de hecho, no obstante, el Apra critica a Hugo Chávez alegando que con las expropiaciones no respeta la propiedad privada.
Una comunidad campesina es propietaria de sus tierras, por tanto, no se puede hablar de normas generales de expropiación, cuando éstas sólo se han realizado en casos muy puntuales, donde prima el interés nacional, los cuales son excepcionales.
Tampoco se les puede obligar a alquilarlas o concesionarlas. Lo único que puede y debe hacer el estado con una comunidad que tiene tierras ociosas y está en la miseria, es brindarle asesoría para que decida por ella misma lo que le parezca más conveniente, ya sea alquiler o concesión.
Pero antes que eso, la primera posibilidad debería ser otorgarles un préstamo para que desarrollen la actividad ellos mismos. Si esto no es posible por necesitarse una inversión demasiado alta, entonces se debería optar por la concesión o alquiler, pero siempre se debería recurrir a la persuasión, no a una dictatorial imposición.
Si el estado ha abandonado a esos pobladores dejándolos en la miseria y la ignorancia, no puede aprovecharse de ello para realizar imposiciones, sino sugerencias. Otra parte del artículo:del mandatario dice:
Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas.
Sólo cabe aquí señalar que no debe comentar sobre la historia si no sabe, pues la organización comunal es prehispánica. Eso le enseñaron a García en la escuela primaria, pero ya no se acuerda, o nunca aprendió la lección.
¿Tierras objetos sagrados? Los opositores a ciertas actividades mineras no hablan de una tonta sacralización, se basan en estudios de impacto ambiental para emitir sus opiniones, por lo tanto, no debe denigrar a quienes cuestionan al estado empleando esos argumentos deleznables, debe buscar razones superiores.
¿Tierras objetos sagrados? Los opositores a ciertas actividades mineras no hablan de una tonta sacralización, se basan en estudios de impacto ambiental para emitir sus opiniones, por lo tanto, no debe denigrar a quienes cuestionan al estado empleando esos argumentos deleznables, debe buscar razones superiores.
Pero para los indígenas, a quienes el estado dejó en el analfabetismo y la Iglesia sin el auxilio de la enseñanza de las creencias cristianas durante siglos, en efecto, la tierra o pachamama es sagrada.
Sin embargo, esto no impide a los indígenas darle uso, ellos realizan sus rituales de pago (así llaman a la ceremonia de ofrenda a la tierra) y luego trabajan la tierra. García no debería ofender a los indígenas por sus creencias en la sacralidad de la tierra (la Constitución garantiza libertad de creencia), pues se trata de comunidades que han sufrido siglos de abandono, cuando no abuso y genocidio, desde épocas de la conquista hasta el fujimorismo y aprismo, que durante sus gobiernos lo único que les otorgaron fue matanzas, violaciones y esterilizaciones forzadas. Por lo menos, dentro de su óptica, los indígenas han empleado racionalmente la tierra sin ánimo de codicia, de lo cual debe cuidarse Alan García.
El estado abandona el control de las explotaciones, sólo aparece para reprimir a obreros y campesinos
Además, en otras oportunidades García ha señalado repetidamente que las ONGs atacan a los empresarios mineros formales, pero que son cómplices de los informales.
Lamentablemente, Alan García habla precipitadamente, precipita su lengua antes que el cerebro haya completado un análisis racional, porque el decir que las ONGs son cómplices de los informales es un absurdo. Las ONGs no tienen ninguna autoridad para cerrar una actividad extractiva minera informal. El único que tiene esa atribución es el estado, y si existen mineros informales, eso significa que García no está gobernando, los informales están gobernando al mandatario al hacer lo que quieran impunemente.
La incapacidad para cerrar minas informales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es sospechosa, pues es el colmo que en plena provincia de Lima existan minas informales. Aun cuando existan quejas que hagan llevar al ministerio de las narices a la explotación, este incapaz ministerio se limita a emitir una resolución de cierre, que ni siquiera es obedecida por los informales quienes no bien se retira la inspección retoman sus actividades. ¿Pagos bajo la mesa? ¿Por qué no regresan a verificar si se obedecieron el cierre?
Lo mejor que podría hacer García es poner orden en el MEM, pues está lleno de incapaces en el mejor de los casos, a ese ministerio no le importa que los informales causen daño al ambiente ni a los pobladores, la sola existencia de las minas informales es una seria acusacíón contra el MEM, en especial si no son recientes, sino que tienen mucho tiempo burlando todas las leyes y autoridades. Pero García encubre la incapacidad o corrupción en el MEM y prefiere atacar a las ONGs.
No obstante este flagrante abandono del gobierno de sus funciones de control, basta que un empresario se queje y corren a llevar represión y golpear a la parte más débil (trabajadores y campesinos), ocasionando inclusive muertes.
Sin embargo, esto no impide a los indígenas darle uso, ellos realizan sus rituales de pago (así llaman a la ceremonia de ofrenda a la tierra) y luego trabajan la tierra. García no debería ofender a los indígenas por sus creencias en la sacralidad de la tierra (la Constitución garantiza libertad de creencia), pues se trata de comunidades que han sufrido siglos de abandono, cuando no abuso y genocidio, desde épocas de la conquista hasta el fujimorismo y aprismo, que durante sus gobiernos lo único que les otorgaron fue matanzas, violaciones y esterilizaciones forzadas. Por lo menos, dentro de su óptica, los indígenas han empleado racionalmente la tierra sin ánimo de codicia, de lo cual debe cuidarse Alan García.
El estado abandona el control de las explotaciones, sólo aparece para reprimir a obreros y campesinos
Además, en otras oportunidades García ha señalado repetidamente que las ONGs atacan a los empresarios mineros formales, pero que son cómplices de los informales.
Lamentablemente, Alan García habla precipitadamente, precipita su lengua antes que el cerebro haya completado un análisis racional, porque el decir que las ONGs son cómplices de los informales es un absurdo. Las ONGs no tienen ninguna autoridad para cerrar una actividad extractiva minera informal. El único que tiene esa atribución es el estado, y si existen mineros informales, eso significa que García no está gobernando, los informales están gobernando al mandatario al hacer lo que quieran impunemente.
La incapacidad para cerrar minas informales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es sospechosa, pues es el colmo que en plena provincia de Lima existan minas informales. Aun cuando existan quejas que hagan llevar al ministerio de las narices a la explotación, este incapaz ministerio se limita a emitir una resolución de cierre, que ni siquiera es obedecida por los informales quienes no bien se retira la inspección retoman sus actividades. ¿Pagos bajo la mesa? ¿Por qué no regresan a verificar si se obedecieron el cierre?
Lo mejor que podría hacer García es poner orden en el MEM, pues está lleno de incapaces en el mejor de los casos, a ese ministerio no le importa que los informales causen daño al ambiente ni a los pobladores, la sola existencia de las minas informales es una seria acusacíón contra el MEM, en especial si no son recientes, sino que tienen mucho tiempo burlando todas las leyes y autoridades. Pero García encubre la incapacidad o corrupción en el MEM y prefiere atacar a las ONGs.
No obstante este flagrante abandono del gobierno de sus funciones de control, basta que un empresario se queje y corren a llevar represión y golpear a la parte más débil (trabajadores y campesinos), ocasionando inclusive muertes.
