La “renuncia” (en realidad, cancelación), del cura sodálite José Eguren, implicado en abusos de su secta y sancionado desde el Vaticano, vuelve a traer al tapete la urgencia sanitaria de promover la disolución del Sodalicio.
A Lima llegaron, meses atrás, dos representantes del Dicasterio de la Fe, comisionados por el papa Francisco para tomar testimonios a los abusados, violados, durante largos años, por la secta Sodalicio de Vida Cristiana. Su principal líder, Fernando Figari está escondido en el Vaticano.
Importante denotar la lucha infatigable que emprendieron otros ciudadanos en defensa de la familia y de la sociedad. Por esas cosas infames, las luces casi siempre los omiten.
El combate contra la secta tuvo sus valientes y pioneras manifestaciones, más de 20 años atrás en Arequipa, con las múltiples protestas del médico Héctor Guillén Tamayo, cuyo hijo había sido prácticamente secuestrado por los sodálites.
El rechazo a las acciones, escándalos por abusos de índole física, psicológica y sexual del Sodalicio fueron denunciadas por Guillén Tamayo a los medios de prensa, radiales, escritos y televisivos y periodistas de diversas partes del país comenzaron a interesarse en el accionar criminal, originándose estudios y denuncias nunca refutadas.
Nunca las acciones perversas del Sodalicio han sido desmentidas ni reparadas de manera pública o privada. Esas desviaciones contra la sociedad en su conjunto, han motivado que el papa Francisco enviara esa misión cuya efectividad empieza a dar frutos.
El Sodalicio sólo tiene un camino posible: su disolución y el exhaustivo examen de sus bienes, cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y financieras que deberán servir para la indemnización a todas las víctimas.
Héctor Guillén ha resumido los puntos cardinales que implican, además de la disolución del Sodalicio, los daños contra la sociedad y las dinámicas que se transformaron en denuncias:
-El papel que el librepensamiento peruano ha cumplido en el inicio de las investigaciones, en la motivación de las denuncias y en la estructuración del desarrollo de esta lucha laicista con el apoyo de la prensa alternativa local e internacional. Los librepensadores peruanos, junto con algunos padres de familia afectados, han sido los que por excepción, heroica y estoicamente, han cargado con la responsabilidad histórica de analizar, registrar, sintetizar y denunciar el accionar del Sodalitium Christianae Vitae.
-Un Estado laico es la forma más civilizada de vivir y convivir, pues se basa en el respeto y la tolerancia entre los diversos credos entre sí, y también entre creyentes y no creyentes. Indispensable que se respete el régimen de independencia establecido en el artículo 50º de la Constitución y no se privilegie a ningún credo en especial, como se hace con el catolicismo.
-El Concordato, firmado clandestinamente en 1980 entre la Santa Sede y el gobierno dictatorial de Francisco Morales Bermúdez, jamás ha sido discutido ni ratificado por ningún Congreso. Beneficia unilateralmente al Estado Vaticano y ha sido el sustento formal y legal sobre el cual el Sodalitium Christianae Vitae ha podido actuar.
-El Sodalitium Christianae Vitae es una organización peruana y debe ser sometida a la justicia peruana, investigada y sancionada por sus delitos, abusos y omisiones. Debe dictaminarse una medida cautelar sobre su extenso patrimonio y sus empresas.
-Deviene urgente la inmediata intervención y pronunciamiento del Congreso (legislación), el Ministerio de RR.EE. (Concordato), el Ministerio del Interior (denuncias policiales), el Ministerio de Justicia (demandas penales), el Ministerio de Educación (Apafas y contenidos educativos), el Ministerio de Salud (salud mental), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (abusos de menores), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (ACI Prensa), la Defensoría del Pueblo (vulneraciones), la SUNAT (exoneraciones tributarias).
-En el ámbito privado urge el pronunciamiento de las ONG de derechos humanos (derecho a la libertad de conciencia), del Colegio Médico del Perú (mala práctica médica) y de la Asociación Psiquiátrica Peruana (asesoramiento a víctimas).
-Las víctimas del Sodalitium han quedado en total abandono asistencial y se ha demostrado innegablemente una ausencia de solidaridad social, una grave falta de conciencia y una alarmante desinstitucionalización que ya no puede continuar.
-Imprescindible que se cumpla con la recomendación internacional del Comité de los Derechos del Niño de NNUU, que en sus Observaciones Finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede, publicado el 25 de febrero del 2014, en su artículo 61, inciso e) dice específicamente que se “promueva la reforma del régimen de prescripción en los países en que éste impide a las víctimas de abuso sexual de niños obtener justicia y reparación”. Actualmente la prescripción de estos delitos en el Perú se ha convertido en un instrumento legal para la impunidad de los depredadores sexuales de menores, especialmente para los del Sodalitium.
05-04.2024
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Señal de Alerta
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