Asaltan, desvalijan, despluman por todo el país. Están diseminados en el tejido social del Perú. Si se trata de suplantar posesiones no hay quien los supere haciendo trampas en los registros públicos, sobornando a malas autoridades policiales y coimeando a los jueces en los tribunales y en diferentes instancias: es la organización criminal.
El silencio de las instituciones llama poderosamente la atención. Cientos o miles de ciudadanos han perdido por malas artes sus casas y el dinero que pagaron con sacrificio y trabajo, no les es reconocido.
Y no es por falta de denuncias ¡es por la indiferencia —no gratuita— de corruptos en el aparato del Estado, sobre todo en el poder judicial!
Hay un caso que afecta a decenas de miles de policías y personal militar: la Caja de Pensiones Militar Policial. No ha mucho tiempo (5 semanas), algunos medios de comunicación dieron cuenta de los estropicios cometidos contra alrededor de 300 ciudadanos que compraron de buena fe viviendas y departamentos a esta institución.
Despojadas estas personas, de sus propiedades con leguleyadas y cuando el todopoderoso era el señor Juan Carlos Galfre, quien además tiene un altísimo cargo en el Banco de la Nación, la situación empeora con el correr de los años ¡sin que nadie investigue a todos los involucrados!
Cuando el río suena es porque piedras trae.
Hasta donde se sabe, el señor Galfre permanece en el cargo sin que nadie lo reemplace en la Caja de Pensiones. ¿No es pertinente solicitarle explicaciones detalladas de todo este asunto tan enojoso?
Hemos dicho que Ripley, el de “aunque usted no lo crea”, se moriría de hambre en Perú.
Aunque no lo crean, el juez titular del 2do Juzgado Transitorio de Lima, Walter Hernández Martínez, con inusitada velocidad pide la celeridad y sentencia anticipada contra cerca de 300 víctimas de despojos de los departamentos que hace años compraron a la Caja de Pensiones Militar Policial.
Como resulta legítimo, el abogado de la Junta Nacional de Afectados y Estafados por la Caja de Pensiones, Carlos Cumpa Seminario, preguntó “¿cuál es el interés que hay tras las sentencias anticipadas en este caso, con el añadido de que quieren cobrar un millón 300 mil por indemnización, nada menos a quienes estafaron hace más de 15 años a través de la Administradora de Comercio?”.
Como es de verse, hay muchos policías y militares afectados por las malas acciones denunciadas y atribuidas a la Caja de Pensiones y por las que numerosos personajes terminaron, años atrás, con sus huesos en la cárcel.
Para que la organización criminal sea o siga siendo efectiva en sus asaltos, requiere, necesariamente, del concurso de varias maniobras coordinadas. Un juez solícito y corrupto; uno o más abogados sin ética mínima; burocracia del Estado lenta e ineficaz en los trámites de inscripción o corruptibles para hacer lo inadecuado.
La agrupación criminal está formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
Existen numerosas denuncias respecto de estos estropicios perjudiciales contra familias simples y comunes. ¿No puede alguna comisión investigadora del Congreso meter diente en un tema tan sensiblemente delicado? No hablamos de bagatelas sino ¡de viviendas y departmentos en manos de una organización criminal que vende y revende los mismos, varias veces!
¿Otro caso Orellana que tuvo entre sus “protagonistas, jueces, fiscales, supremos, delincuentes que han terminado presos por sus delitos?
La propia Policía Nacional del Perú ¿no es capaz de montar un operativo de investigación y persecución, para ponerlos ante el Poder Judicial, de malos elementos que han atentado contra sus propios hermanos de armas en todo el país?
La organización criminal opera aprovechando que el cliente cae en el timo y de buena fe paga las cuotas. Pero los ladrones no entregan los papeles que acreditan las propiedades registradas de manera pública y solo eso ya muestra una mala fe descarada.
¡No sólo eso! Los clientes son dueños de nada porque no hay documentos fehacientes y los departamentos o casas son puro humo. Todas las personas saben que los registros públicos comprueban titularidad sobre los bienes muebles o inmuebles y si no tienen documentos, todo es pura ilusión.
Más aún, las mafias judicializan los procesos y con la ayuda de jueces cómplices y bien aceitados, se adueñan de las propiedades que nunca entregaron a sus legítimos dueños, las tasan y las venden. ¡Sobre llovido, mojado!
12-06.2024
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Señal de Alerta
Archivo adjunto
2024/06/2024-06-12-Diario-UNO.pdf
¡Organización criminal!
Asaltan, desvalijan, despluman por todo el país. Están diseminados en el tejido social del Perú. Si se trata de suplantar posesiones no hay quien los supere haciendo trampas en los registros públicos, sobornando a malas autoridades policiales y coimeando a los jueces en los tribunales y en diferentes instancias: es la organización criminal.
El silencio de las instituciones llama poderosamente la atención. Cientos o miles de ciudadanos han perdido por malas artes sus casas y el dinero que pagaron con sacrificio y trabajo, no les es reconocido.
Y no es por falta de denuncias ¡es por la indiferencia —no gratuita— de corruptos en el aparato del Estado, sobre todo en el poder judicial!
Hay un caso que afecta a decenas de miles de policías y personal militar: la Caja de Pensiones Militar Policial. No ha mucho tiempo (5 semanas), algunos medios de comunicación dieron cuenta de los estropicios cometidos contra alrededor de 300 ciudadanos que compraron de buena fe viviendas y departamentos a esta institución.
Despojadas estas personas, de sus propiedades con leguleyadas y cuando el todopoderoso era el señor Juan Carlos Galfre, quien además tiene un altísimo cargo en el Banco de la Nación, la situación empeora con el correr de los años ¡sin que nadie investigue a todos los involucrados!
Cuando el río suena es porque piedras trae.
Hasta donde se sabe, el señor Galfre permanece en el cargo sin que nadie lo reemplace en la Caja de Pensiones. ¿No es pertinente solicitarle explicaciones detalladas de todo este asunto tan enojoso?
Hemos dicho que Ripley, el de “aunque usted no lo crea”, se moriría de hambre en Perú.
Aunque no lo crean, el juez titular del 2do Juzgado Transitorio de Lima, Walter Hernández Martínez, con inusitada velocidad pide la celeridad y sentencia anticipada contra cerca de 300 víctimas de despojos de los departamentos que hace años compraron a la Caja de Pensiones Militar Policial.
Como resulta legítimo, el abogado de la Junta Nacional de Afectados y Estafados por la Caja de Pensiones, Carlos Cumpa Seminario, preguntó “¿cuál es el interés que hay tras las sentencias anticipadas en este caso, con el añadido de que quieren cobrar un millón 300 mil por indemnización, nada menos a quienes estafaron hace más de 15 años a través de la Administradora de Comercio?”.
Como es de verse, hay muchos policías y militares afectados por las malas acciones denunciadas y atribuidas a la Caja de Pensiones y por las que numerosos personajes terminaron, años atrás, con sus huesos en la cárcel.
Para que la organización criminal sea o siga siendo efectiva en sus asaltos, requiere, necesariamente, del concurso de varias maniobras coordinadas. Un juez solícito y corrupto; uno o más abogados sin ética mínima; burocracia del Estado lenta e ineficaz en los trámites de inscripción o corruptibles para hacer lo inadecuado.
La agrupación criminal está formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
Existen numerosas denuncias respecto de estos estropicios perjudiciales contra familias simples y comunes. ¿No puede alguna comisión investigadora del Congreso meter diente en un tema tan sensiblemente delicado? No hablamos de bagatelas sino ¡de viviendas y departmentos en manos de una organización criminal que vende y revende los mismos, varias veces!
¿Otro caso Orellana que tuvo entre sus “protagonistas, jueces, fiscales, supremos, delincuentes que han terminado presos por sus delitos?
La propia Policía Nacional del Perú ¿no es capaz de montar un operativo de investigación y persecución, para ponerlos ante el Poder Judicial, de malos elementos que han atentado contra sus propios hermanos de armas en todo el país?
La organización criminal opera aprovechando que el cliente cae en el timo y de buena fe paga las cuotas. Pero los ladrones no entregan los papeles que acreditan las propiedades registradas de manera pública y solo eso ya muestra una mala fe descarada.
¡No sólo eso! Los clientes son dueños de nada porque no hay documentos fehacientes y los departamentos o casas son puro humo. Todas las personas saben que los registros públicos comprueban titularidad sobre los bienes muebles o inmuebles y si no tienen documentos, todo es pura ilusión.
Más aún, las mafias judicializan los procesos y con la ayuda de jueces cómplices y bien aceitados, se adueñan de las propiedades que nunca entregaron a sus legítimos dueños, las tasan y las venden. ¡Sobre llovido, mojado!
12-06.2024
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Señal de Alerta
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