Cuando los criminales, criollos y foráneos, atacan a choferes de transporte público o pasajeros, ultimando a personas, se produce un absurdo descomunal: la gente adinerada no sube a microbuses, por tanto, desquiciados sólo producen terror y desgracias.
Contra esos desnaturalizados que extorsionan con cupos y amenazas se realiza un paro de protesta contra la inacción e ineficacia del gobierno de doña Dina Boluarte. Muy rápidos para sacar leyes con nombre y apellido en el Congreso, el Ejecutivo se muestra menos que lerdo en lo que combate a malhechores se refiere.
Condenar con la ayuda de miedos de comunicación temerosos de perder publicidad y favores el paro, no anemiza ni debilita una muy justa indignación que reclama medidas, dinámicas, acción rápida, eficaz, determinante de victorias para encarcelar a los delincuentes.
En el recientísimo artículo Qué medidas funcionan para evitar asesinatos en América Latina y el Caribe (y cuáles no), del 8-10, https://elpais.com/america/2024-10-08/que-medidas-funcionan-para-evitar-asesinatos-en-america-latina-y-el-caribe-y-cuales-no.html y con la autoría de Naiara Galarraga Gortázar, se lee lo siguiente:
“La próxima vez que oiga a un candidato o gobernante de América Latina o el Caribe prometer que desplegará al ejército para patrullar en las calles o decapitará a los grupos criminales, como receta para reducir los asesinatos, sepa que no funciona. Aún peor, en vez de caer, aumentan. Está científicamente comprobado. Como también está confirmado que restringir la posesión de armas de fuego, limitar la venta de alcohol y que la policía patrulle las barriadas con altas tasas de homicidios son pasos eficaces para lograr que caigan las muertes violentas”.
A esos cantos de sirena que imploran por la incursión de las fuerzas armadas, se esclarece:
“Destacan como ejemplos contraproducentes, la política del presidente Felipe Calderón (2006-2012) que en México colocó al Ejército en la línea de frente contra el narcotráfico. “Fue catastrófico, triplicó los asesinatos y las tasas nunca volvieron al nivel original”, destaca Cano, veterano estudioso de la violencia. Deshacerse de los capos de la droga mexicanos también supuso el efecto contrario al deseado porque inmediatamente abrió unas luchas de poder que dejaron enormes regueros de sangre. Y en Cali (Colombia), desplegar militares en barrios muy letales aumentó los asesinatos en los distritos vecinos”.
En torno a posibles explicaciones, la nota, abunda:
“Y de vuelta al punto de partida. ¿A qué obedece esa diferencia abismal entre las tasas de violencia de América Latina y el Caribe con el resto del mundo? “Existen infinitas discusiones desde hace décadas”, apunta Cano. Debates que no han alumbrado conclusiones inapelables, pero sí apuntan a algunos factores: “Las armas son un componente importante, la desigualdad social es otra de las explicaciones, pero también la debilidad de las instituciones, con altas tasas de impunidad, un histórico poscolonial con un siglo XIX muy violento, el machismo, con una masculinidad muy violenta, el crimen organizado….”.
Hasta aquí párrafos sensibles del magnífico texto periodístico.
¿No tiene entrenamiento la Policía Nacional del Perú en el combate contra la delincuencia? ¿Qué otro propósito, que la sociedad encarga y paga con sus impuestos, tiene como objetivo la PNP? ¿No son miles de efectivos, hombres y mujeres, los responsables de velar por la paz ciudadana y lucha contra el crimen organizado?
No hay quien pueda tragarse el cuento que la PNP no tiene hasta los más mínimos rudimentos de cómo actúan las mafias armadas, sus métodos sucios, infiltraciones en mercados, paraderos, servicios públicos, etc. Lo más probable es que por falta de decisión y energía, el alto comando de la PNP no esté dando la respuesta que exige la ciudadanía.
¿Cómo va a distinguir un soldado sobre un presunto ratero que a los mismos civiles se les escurre con facilidad? Varias veces he contado las espeluznantes experiencias cuando había toque de queda a causa del terrorismo y debíamos los periodistas, transitar en auto con luces prendidas en horas de la madrugada. Los efectivos militares disparaban y a matar.
El paro es una medida cívica, legítima, de indudable raigambre institucional: ¿o esperamos que maten a los conductores y pasajeros por decenas para recién actuar?
La experiencia nos recuerda que cuando la ciudadanía protestara contra el régimen de Dina Boluarte, la respuesta fue letal, a balazo militar y sin, hasta ahora, ni un asesino tras las rejas purgando sus crímenes.
Hagamos votos por el éxito de la demanda y que la trifulca no degenere.
10.10.2024
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