Por Gustavo Espinoza M.
La existencia de "Escuadrones de la muerte" no constituye ninguna novedad en nuestro continente. Incluso, la historia de su existencia es aún más antigua que aquellos años cincuenta del siglo pasado, cuando surgieron en Centroamérica bajo el nombre de "La Mano blanca" y "Los Comandos Caza Comunistas" o el Escuadrón "ojo por ojo", al calor del golpe contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas en la Guatemala de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz.
La existencia de "Escuadrones de la muerte" no constituye ninguna novedad en nuestro continente. Incluso, la historia de su existencia es aún más antigua que aquellos años cincuenta del siglo pasado, cuando surgieron en Centroamérica bajo el nombre de "La Mano blanca" y "Los Comandos Caza Comunistas" o el Escuadrón "ojo por ojo", al calor del golpe contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas en la Guatemala de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz.
De algún modo —y como lo he recordado antes— Stefan Stambolov, que gobernara Bulgaria entre 1889 y 1896 fue el precursor de métodos de exterminio que se irradiaron primero hacia toda Europa y luego a otros continentes. Stambolov, a su vez, fue precursor de otro caracterizado asesino, Alexander Valkov, quien fuera ministro de Guerra del régimen fascista búlgaro entre 1923 y 1925, y quien pasara a la historia como instigador y organizador de estos aparatos de exterminio a partir de la "Sección Tercera" del Ministerio de Guerra, dedicado a las "operaciones secretas".
Fue Valkov, y su protector el Primer Ministro Alexander Tzhankov, quien alentó la guerra sucia, en sus más variadas modalidades. A él se le atribuyó durante muchos años una frase que en su época pintó de cuerpo entero la macabra mentalidad de los ejecutores de esta política: "No es posible matar a la mitad de Bulgaria. No se podría hacerlo sin dejar huellas. Hay que acabar con los que piensan, con los inteligentes, con los audaces, con los que se atreven.".
Y así, treinta mil búlgaros fueron atrozmente asesinados. Muchos de ellos perecieron sin dejar rastros. Como consecuencia de ello, y por primera vez, el mundo pudo hablar de los casos de "detenidos-desaparecidos". Y en esa línea fue que los jueces fascistas italianos condenaron a Antonio Gramsci en 1927: dijeron "hay que impedir que este cerebro piense por lo menos durante veinte años". Y dictaron sentencia.
En nuestro continente la acción de los Escuadrones de la Muerte se hizo ostensible en diversos países. Un valioso aporte al estudio de estas estructuras en Centroamérica, lo dio el Centro de Estudios y Publicaciones (CEP) que en 1978 publicó un conjunto de documentos de origen eclesiástico, referidos al accionar de estos grupos en Guatemala desde Ydígoras Fuentes —el sucesor de Castillo Armas— hasta Ríos Montt, hoy procesado por la comisión de lesa humanidad.
Pero donde el tema de los Escuadrones de la Muerte adquirió una mayor dimensión, fue en el Brasil, particularmente después del Golpe de Estado de 1964 y como consecuencia del cual fuera derribado el régimen democrático de Joao Goulart.
Los organismos especializados en la defensa de los derechos humanos en Brasil, como la OAB-SP, La Comisión Teotonio Vilela, la Comisión Justicia y Paz de Sao Paulo, el Centro Santo Dias y el Nucleo de Estudios de la Violencia, informaron el mundo acerca del surgimiento de estructuras terroristas en el interior de los destacamentos oficiales de la policía brasileña, particularmente entre 1968 y 1976 cuando era más severa la represión militar, y luego entre 1980 y 1987, periodo en el que quedara formalmente en evidencia la existencia de los "Escuadrones de la Muerte".
Helio Pereira Bicudo, escribió documentados libros en torno a la materia, poniendo en evidencia los procedimientos perversos de los que se valieran los aparatos represivos del Estado en la lucha contra supuestos "delincuentes" a los que simplemente secuestraba, torturaba brutalmente y luego asesinaba sin piedad.
Hoy, esta misma modalidad se ha puesto en marcha en nuestro país, irónicamente en el departamento de La Libertad. Allí, en efecto, han sido asesinadas 56 personas en los últimos tres años sin que mediara contra ellas ningún juicio, y ninguna sentencia.
La Policía, actuó al amparo del Decreto Ley 982 que la faculta a hacer uso de sus armas de reglamento. La disposición, en efecto, exime de responsabilidad penal a policías que "en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causen lesiones o muertes". Impunidad total, sin duda.
Como lo anota Ricardo Uceda —el periodista que hizo la investigación del tema y formuló la denuncia—, bastó que se dictara esta norma para que se produjeran casi de inmediato diversos "enfrentamientos" entre supuestos delincuentes y efectivos policiales, de resultas de los cuales murieron todos de un solo lado y nadie salió con un sólo rasguño, del otro.
Hay quienes sostienen que esto tiene una importancia relativa porque las víctimas fueron —probablemente en su mayoría— delincuentes comunes: extorsionadores, secuestradores o asaltantes.
Pero olvidan que precisamente para combatir el accionar delictivo empleado por estas personas es que existen las leyes; un Código Penal, un Código de Procedimientos y un sistema administrativo de justicia. La vigencia de esas normas es lo que diferencia una organización social civilizada de una tribu salvaje.
Pero el tema, es más profundo. Cabe preguntarse ¿con qué objeto se ejecutan estas acciones? Los "grandes" medios, no se hacen la pregunta porque temen descubrir que lo que se está haciendo es montar un verdadero taller de experimentación para aniquilar en alta escala a personas a las que se juzga "indeseables".
Y en el caso, el tema comienza por los delincuentes comunes, pero se proyecta hacia los adversarios del régimen.
No olvidemos que, en torno a la materia, el APRA tiene experiencias definidas. El Comando Rodrigo Franco, fue una de ellas. Y el Grupo Colina, otra.
Se podrá decir que, en el caso de Trujillo el Comando del coronel Elpidio Espinoza sólo intervino en 56 ocasiones; pero ese número no es sustantivamente distinto al que interesó en su momento al escuadrón del Chito Ríos, o al de Martín Rivas.
Porque no es la cantidad de víctimas lo que importa, sino la calidad del delito lo que se cuestiona.
Y eso lo sabe hoy Alberto Fujimori, como podría entenderlo mejor mañana Alan García Entre tanto, en previsión de lo pudiera ocurrir, Mercedes Cabanillas, desde el Ministerio del Interior, ascendió y premió a los implicados en este esquema siniestro.
Si lo que están haciendo en La Libertad, es un "ensayo general" de lo que será después el accionar represivo de los aparatos del Estado, estamos advertidos (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. / www.nuestra-bandera.com
Fue Valkov, y su protector el Primer Ministro Alexander Tzhankov, quien alentó la guerra sucia, en sus más variadas modalidades. A él se le atribuyó durante muchos años una frase que en su época pintó de cuerpo entero la macabra mentalidad de los ejecutores de esta política: "No es posible matar a la mitad de Bulgaria. No se podría hacerlo sin dejar huellas. Hay que acabar con los que piensan, con los inteligentes, con los audaces, con los que se atreven.".
Y así, treinta mil búlgaros fueron atrozmente asesinados. Muchos de ellos perecieron sin dejar rastros. Como consecuencia de ello, y por primera vez, el mundo pudo hablar de los casos de "detenidos-desaparecidos". Y en esa línea fue que los jueces fascistas italianos condenaron a Antonio Gramsci en 1927: dijeron "hay que impedir que este cerebro piense por lo menos durante veinte años". Y dictaron sentencia.
En nuestro continente la acción de los Escuadrones de la Muerte se hizo ostensible en diversos países. Un valioso aporte al estudio de estas estructuras en Centroamérica, lo dio el Centro de Estudios y Publicaciones (CEP) que en 1978 publicó un conjunto de documentos de origen eclesiástico, referidos al accionar de estos grupos en Guatemala desde Ydígoras Fuentes —el sucesor de Castillo Armas— hasta Ríos Montt, hoy procesado por la comisión de lesa humanidad.
Pero donde el tema de los Escuadrones de la Muerte adquirió una mayor dimensión, fue en el Brasil, particularmente después del Golpe de Estado de 1964 y como consecuencia del cual fuera derribado el régimen democrático de Joao Goulart.
Los organismos especializados en la defensa de los derechos humanos en Brasil, como la OAB-SP, La Comisión Teotonio Vilela, la Comisión Justicia y Paz de Sao Paulo, el Centro Santo Dias y el Nucleo de Estudios de la Violencia, informaron el mundo acerca del surgimiento de estructuras terroristas en el interior de los destacamentos oficiales de la policía brasileña, particularmente entre 1968 y 1976 cuando era más severa la represión militar, y luego entre 1980 y 1987, periodo en el que quedara formalmente en evidencia la existencia de los "Escuadrones de la Muerte".
Helio Pereira Bicudo, escribió documentados libros en torno a la materia, poniendo en evidencia los procedimientos perversos de los que se valieran los aparatos represivos del Estado en la lucha contra supuestos "delincuentes" a los que simplemente secuestraba, torturaba brutalmente y luego asesinaba sin piedad.
Hoy, esta misma modalidad se ha puesto en marcha en nuestro país, irónicamente en el departamento de La Libertad. Allí, en efecto, han sido asesinadas 56 personas en los últimos tres años sin que mediara contra ellas ningún juicio, y ninguna sentencia.
La Policía, actuó al amparo del Decreto Ley 982 que la faculta a hacer uso de sus armas de reglamento. La disposición, en efecto, exime de responsabilidad penal a policías que "en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causen lesiones o muertes". Impunidad total, sin duda.
Como lo anota Ricardo Uceda —el periodista que hizo la investigación del tema y formuló la denuncia—, bastó que se dictara esta norma para que se produjeran casi de inmediato diversos "enfrentamientos" entre supuestos delincuentes y efectivos policiales, de resultas de los cuales murieron todos de un solo lado y nadie salió con un sólo rasguño, del otro.
Hay quienes sostienen que esto tiene una importancia relativa porque las víctimas fueron —probablemente en su mayoría— delincuentes comunes: extorsionadores, secuestradores o asaltantes.
Pero olvidan que precisamente para combatir el accionar delictivo empleado por estas personas es que existen las leyes; un Código Penal, un Código de Procedimientos y un sistema administrativo de justicia. La vigencia de esas normas es lo que diferencia una organización social civilizada de una tribu salvaje.
Pero el tema, es más profundo. Cabe preguntarse ¿con qué objeto se ejecutan estas acciones? Los "grandes" medios, no se hacen la pregunta porque temen descubrir que lo que se está haciendo es montar un verdadero taller de experimentación para aniquilar en alta escala a personas a las que se juzga "indeseables".
Y en el caso, el tema comienza por los delincuentes comunes, pero se proyecta hacia los adversarios del régimen.
No olvidemos que, en torno a la materia, el APRA tiene experiencias definidas. El Comando Rodrigo Franco, fue una de ellas. Y el Grupo Colina, otra.
Se podrá decir que, en el caso de Trujillo el Comando del coronel Elpidio Espinoza sólo intervino en 56 ocasiones; pero ese número no es sustantivamente distinto al que interesó en su momento al escuadrón del Chito Ríos, o al de Martín Rivas.
Porque no es la cantidad de víctimas lo que importa, sino la calidad del delito lo que se cuestiona.
Y eso lo sabe hoy Alberto Fujimori, como podría entenderlo mejor mañana Alan García Entre tanto, en previsión de lo pudiera ocurrir, Mercedes Cabanillas, desde el Ministerio del Interior, ascendió y premió a los implicados en este esquema siniestro.
Si lo que están haciendo en La Libertad, es un "ensayo general" de lo que será después el accionar represivo de los aparatos del Estado, estamos advertidos (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. / www.nuestra-bandera.com
