Operación Lucero
Por Gustavo Espinoza M.
La Academia de la Lengua Española reconoce diversos significados a la palabra "lucero". Se trata —nos dice por ejemplo— del planeta Venus, o de una señal luminosa que aparece en el cielo en las madrugadas, o al caer el sol; pero también alude —y esa es la quinta acepción— a un lunar blanco y grande que emerge en la frente de algunos cuadrúpedos.
Es posible que ésta haya sido la connotación que quiso asignarle quien calificó como "operación Lucero" a uno de los actos más salvajes y bárbaros consumados en el Perú en los años del primer gobierno del Presidente García: el secuestro y asesinato de un funcionario de la embajada del Ecuador en nuestro país, acusado de organizar un núcleo de presuntos espías, uno de los cuales fue también muerto en esa circunstancia.
Hoy el tema ha sido puesto nuevamente en la mira de atención de los peruanos porque —según se anunció recientemente— la Sala Penal Nacional presidida por el Magistrado Pablo Talavera emitirá sentencia en el caso y dictará condena contra varios implicados en un hecho aún insuficientemente investigado.
La decisión judicial —hasta lo que ha trascendido— afectará al ex Jefe de Contrainteligencia del Sistema de Inteligencia el Ejército coronel EP (r) Harry Rivera Azabache y a los ex agentes Jorge Ortiz Mantas, Julio Ramos Alvarez y Gumercindo Zambrano Salazar.
Pero no comprenderá a quien dio la orden para la ejecución del Operativo, el general EP Oswaldo Hanke Velasco, ni a sus superiores de entonces, el general Artemio Palomino, Comandante General del Ejército ni al Presidente Alan García, responsable político del hecho por su condición de Jefe del Estado y Jefe Supremo de la Fuerza Armada.
Por lo demás, la sentencia —luego de 22 años de los hechos— se circunscribirá al caso del oficial peruano Marco Barrantes Torres. Ex Teniente el ejército ejecutado extrajudicialmente el 18 de marzo de 1988 en Lima. Es decir, no se extenderá tampoco a Enrique Duchicela Hernández, la víctima principal del hecho que nos ocupa.
La historia completa la reveló un periodista de investigación del diario "El Comercio" —Ricardo Uceda— en su libro titulado "Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano", que viera la luz el año 2004.
Hasta ese momento, el tema había sido manejado como un asunto secreto en determinadas esferas del Poder Militar y Judicial Peruano, sin que diera motivo a proceso alguno.
El 15 de enero del año 2007, sin embargo, uno de los implicados en el crimen, el ex oficial de Inteligencia Jesús Sosa Saavedra —integrante del siniestro "Grupo Colina", e implicado en el Operativo de Desaparición y Muerte de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta en 1992— remitió una declaración jurada a la Segunda Sala Penal para Casos de Terrorismo, que presidía la doctora Enma Benavides Vargas.
En ella Sosa Saavedra reconocía su participación en la ejecución de Marcos Barrantes y de Enrique Duchicela quien —no obstante su función y cargo diplomático— fuera secuestrado, conducido a las instalaciones del Cuartel General del Ejército, torturado, asesinado y luego cremado en los hornos clandestinos de dicho centro, el mismo en el que —años más tarde— se celebró pomposamente la cita de los países de APEC reunidos en el Perú.
En la ocasión, la carta de Sosa Saavedra no fue tomada en cuenta porque -según dijo la jueza Benavides- "llegó tarde".
La representante del Poder Judicial, en ese entonces, absolvió el general Hanke y a todos los que participaron en este crimen horrendo. Eso permitió confirmar que no se trató de un tema de puntualidad, sino más bien de impunidad.
Confirmando ese rumbo, en diciembre del año 2008, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió eximir de responsabilidades en el caso del asesinato de Barrantes al general Hanke con el sibilino argumento que el delito de "desaparición forzada", aún no existía jurídicamente ese año.
La historia es apasionante. Y el hecho que hoy se ocupe de ella una Sala Penal demuestra que las cartas podrán llegar tarde, pero la justicia -aunque demore- finalmente llega.
Como lo documenta Uceda, el 18 de marzo de 1988 el teniente de reserva el ejercito peruano Marco Roberto Barrantes Torres, de 27 años, fue intervenido, secuestrado y luego desaparecido, por elementos no identificados que —después se supo— trabajan para el Servicio de Inteligencia del Ejército bajo la dirección del general Hanke.
Siendo ya un "desaparecido", Barrantes Torres fue enjuiciado con otras 7 personas, en mayo de 1988.
El cargo que se usó contra todos ellos fue el de pertenecer a una red de espionaje montada e el Perú por un funcionario de Inteligencia ecuatoriano que trabajaba bajo cubierta diplomática en la embajada de su país en Lima. El personaje en cuestión era el Sargento Primero de la Fuerza Aerea Ecuatoriana Enrique Duchicela.
El 27 de ese mes, Duchicela —atraído a una cita presuntamente amorosa por una colaboradora del SIE, en una casa del distrito de Miraflores— fue intervenido, esposado, narcotizado y luego conducido a un centro clandestino de reclusión —El Pentagonito— donde fue salvajemente torturado hasta el 31 de mayo, y asesinado.
Sus restos fueron incinerados el 10 de junio de ese año, para que no quede huella alguna de su paso por el lugar. Sus cenizas fueron esparcidas, macabramente al día siguiente, el sábado 11 por los espaciosos jardines de la instalación militar. Un guión cinematográfico de primera, sin duda. .
El periodista Uceda recuerda que Enrique Duchicela Hernández tenía 37 años cuando murió. Y ejercía el cargo de de ayudante del agregado aéreo del Ecuador, Marco Palacios Larrea. Estaba casado con Martha Escobar, también ecuatoriana, abogada y socióloga con quien tuvo dos hijas. Ni la esposa, ni las hijas recibieron explicaciones, del gobierno peruano, en torno a la materia.
De la muerte de Marcos Barrantes Torres aún no ha sido posible reconstruir nada. Incluso Uceda asegura que "se fugó y jamás fue hallado". Todo indica, sin embargo, que fue asesinado y cremado en la misma circunstancia que Duchicela.
Entre tanto, la mancha blanca —el lucero— que aparece nítidamente en la frente del cuadrúpedo de la represión genocida, reverdece aviesamente en nuestra patria.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / www.nuestra-ba
Hoy el tema ha sido puesto nuevamente en la mira de atención de los peruanos porque —según se anunció recientemente— la Sala Penal Nacional presidida por el Magistrado Pablo Talavera emitirá sentencia en el caso y dictará condena contra varios implicados en un hecho aún insuficientemente investigado.
La decisión judicial —hasta lo que ha trascendido— afectará al ex Jefe de Contrainteligencia del Sistema de Inteligencia el Ejército coronel EP (r) Harry Rivera Azabache y a los ex agentes Jorge Ortiz Mantas, Julio Ramos Alvarez y Gumercindo Zambrano Salazar.
Pero no comprenderá a quien dio la orden para la ejecución del Operativo, el general EP Oswaldo Hanke Velasco, ni a sus superiores de entonces, el general Artemio Palomino, Comandante General del Ejército ni al Presidente Alan García, responsable político del hecho por su condición de Jefe del Estado y Jefe Supremo de la Fuerza Armada.
Por lo demás, la sentencia —luego de 22 años de los hechos— se circunscribirá al caso del oficial peruano Marco Barrantes Torres. Ex Teniente el ejército ejecutado extrajudicialmente el 18 de marzo de 1988 en Lima. Es decir, no se extenderá tampoco a Enrique Duchicela Hernández, la víctima principal del hecho que nos ocupa.
La historia completa la reveló un periodista de investigación del diario "El Comercio" —Ricardo Uceda— en su libro titulado "Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano", que viera la luz el año 2004.
Hasta ese momento, el tema había sido manejado como un asunto secreto en determinadas esferas del Poder Militar y Judicial Peruano, sin que diera motivo a proceso alguno.
El 15 de enero del año 2007, sin embargo, uno de los implicados en el crimen, el ex oficial de Inteligencia Jesús Sosa Saavedra —integrante del siniestro "Grupo Colina", e implicado en el Operativo de Desaparición y Muerte de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta en 1992— remitió una declaración jurada a la Segunda Sala Penal para Casos de Terrorismo, que presidía la doctora Enma Benavides Vargas.
En ella Sosa Saavedra reconocía su participación en la ejecución de Marcos Barrantes y de Enrique Duchicela quien —no obstante su función y cargo diplomático— fuera secuestrado, conducido a las instalaciones del Cuartel General del Ejército, torturado, asesinado y luego cremado en los hornos clandestinos de dicho centro, el mismo en el que —años más tarde— se celebró pomposamente la cita de los países de APEC reunidos en el Perú.
En la ocasión, la carta de Sosa Saavedra no fue tomada en cuenta porque -según dijo la jueza Benavides- "llegó tarde".
La representante del Poder Judicial, en ese entonces, absolvió el general Hanke y a todos los que participaron en este crimen horrendo. Eso permitió confirmar que no se trató de un tema de puntualidad, sino más bien de impunidad.
Confirmando ese rumbo, en diciembre del año 2008, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió eximir de responsabilidades en el caso del asesinato de Barrantes al general Hanke con el sibilino argumento que el delito de "desaparición forzada", aún no existía jurídicamente ese año.
La historia es apasionante. Y el hecho que hoy se ocupe de ella una Sala Penal demuestra que las cartas podrán llegar tarde, pero la justicia -aunque demore- finalmente llega.
Como lo documenta Uceda, el 18 de marzo de 1988 el teniente de reserva el ejercito peruano Marco Roberto Barrantes Torres, de 27 años, fue intervenido, secuestrado y luego desaparecido, por elementos no identificados que —después se supo— trabajan para el Servicio de Inteligencia del Ejército bajo la dirección del general Hanke.
Siendo ya un "desaparecido", Barrantes Torres fue enjuiciado con otras 7 personas, en mayo de 1988.
El cargo que se usó contra todos ellos fue el de pertenecer a una red de espionaje montada e el Perú por un funcionario de Inteligencia ecuatoriano que trabajaba bajo cubierta diplomática en la embajada de su país en Lima. El personaje en cuestión era el Sargento Primero de la Fuerza Aerea Ecuatoriana Enrique Duchicela.
El 27 de ese mes, Duchicela —atraído a una cita presuntamente amorosa por una colaboradora del SIE, en una casa del distrito de Miraflores— fue intervenido, esposado, narcotizado y luego conducido a un centro clandestino de reclusión —El Pentagonito— donde fue salvajemente torturado hasta el 31 de mayo, y asesinado.
Sus restos fueron incinerados el 10 de junio de ese año, para que no quede huella alguna de su paso por el lugar. Sus cenizas fueron esparcidas, macabramente al día siguiente, el sábado 11 por los espaciosos jardines de la instalación militar. Un guión cinematográfico de primera, sin duda. .
El periodista Uceda recuerda que Enrique Duchicela Hernández tenía 37 años cuando murió. Y ejercía el cargo de de ayudante del agregado aéreo del Ecuador, Marco Palacios Larrea. Estaba casado con Martha Escobar, también ecuatoriana, abogada y socióloga con quien tuvo dos hijas. Ni la esposa, ni las hijas recibieron explicaciones, del gobierno peruano, en torno a la materia.
De la muerte de Marcos Barrantes Torres aún no ha sido posible reconstruir nada. Incluso Uceda asegura que "se fugó y jamás fue hallado". Todo indica, sin embargo, que fue asesinado y cremado en la misma circunstancia que Duchicela.
Entre tanto, la mancha blanca —el lucero— que aparece nítidamente en la frente del cuadrúpedo de la represión genocida, reverdece aviesamente en nuestra patria.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / www.nuestra-ba
