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Por Desco
El malestar creciente de la ciudadanía con la corrupción aparece en los resultados de distintos sondeos nacionales de opinión pública divulgados el mes de febrero. Así, la encuesta de IPSOS-APOYO muestra que el 41% de los que desaprueban la gestión del presidente García, lo hacen porque hay mucha corrupción en su gobierno. Por su parte, CPI, a partir de su medición, señala que el 16% de sus encuestados, cree que la corrupción es uno de los principales desaciertos de la gestión gubernamental. El Barómetro de la Universidad de Lima ―sólo para Lima y Callao― registra que el 48.4% de sus encuestados entiende que el principal problema del partido de gobierno es el de la corrupción.
No podía ser de otra manera, en un escenario en el que en los últimos días, la corrupción y la arbitrariedad en las decisiones de muchas instituciones públicas, ocupó espacio central en la mayoría de medios de comunicación. El escándalo de los «petroaudios», a pesar de los esfuerzos del Poder Judicial y de calificados voceros del gobierno en contrario, no sólo no termina sino que parece involucrar a más figuras visibles del poder, sumándose así a distintas historias antiguas, como la compra de patrulleros, y a otras nuevas, como la adquisición de camiones portatropas, actualmente en discusión.
Como ocurre siempre, la corrupción se ve ayudada por la fragilidad de las instituciones y alienta simultáneamente una mayor desinstitucionalización, como lo demuestran distintos sucesos recientes, vinculados los más de ellos a la judicatura. La sospechosa descalificación del fiscal Guillén en un concurso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura terminó con el concurso y golpeó duramente a la ya desprestigiada institución, ahondando sus diferencias con la cabeza del Poder Judicial, quien a su vez «patinaba» apoyando a un juez que trataba de imponer la incorporación de Javier Ríos al Tribunal de Garantías Constitucionales, polémico abogado que tuvo que renunciar a su designación al demostrarse sus vínculos con Agustín Mantilla. Tribunal de Garantías Constitucionales, que dicho sea de paso, había fallado irregularmente a favor del mismo abogado, en un curioso juicio con la universidad Ricardo Palma.
En este contexto, en el que una vez más se evidencian en el país, altos niveles de corrupción y crisis de las instituciones, Lourdes Flores Nano finalmente optó por su candidatura a la municipalidad de Lima, aunque espera un evento partidario en abril para ratificar su decisión. Presionada por la derecha política y por distintos medios de comunicación, pero también por parte de la dirigencia nacional de su partido, la lideresa del PPC tuvo que optar por la decisión menos riesgosa para su futuro político. A fin de cuentas, la alcaldía metropolitana parece más a su alcance en el corto plazo, que el palacio de gobierno. Quienes la empujaron a esta opción lograron así su cometido: limpiarle el camino a la candidatura presidencial de Luis Castañeda, a quien sienten como la garantía silenciosa de la continuidad del modelo de crecimiento y exclusión, iniciado por el fujimorismo.
Demostrando sus ganas, pero también sus reflejos políticos, la virtual candidata metropolitana, aprovechó la propuesta humalista de construcción de un frente anticorrupción y se proclamó la adalid de la decencia, versión «occidental y cristiana» de la indispensable lucha contra la corrupción, largamente instalada en el país. Por esa vía —además de dejar sin bandera a un importante sector de la oposición— la ex rectora de la universidad San Ignacio de Loyola, golpea a quien entiende su principal opositor, Alex Kouri, presidente regional del Callao, actualmente a la búsqueda de un «vientre de alquiler» para candidatear al municipio capitalino, a la vez que trata de reposicionar a su partido en el frente de derecha que tendrá como candidato a la presidencia al actual burgomaestre limeño.
Dejarle a la virtual candidata pepecista la bandera nacional de la lucha contra la corrupción y reducirla a sus aspectos más formales, aquellos referidos seguramente a la decencia y las buenas maneras, sería un gran error. Pero sería también una manera de exonerar a sus inminentes socios nacionales, con Luis Castañeda a la cabeza, que se esconde tras la supuesta eficiencia de su gestión, de pronunciarse y actuar en un tema que a todas luces está minando las instituciones y la democracia toda.
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