Por Guillermo Olivera Díaz*

En un proceso de Hábeas Corpus iniciado por miembros de la Marina de Guerra del Perú, donde no existe etapa probatoria y pese a no ser motivo de la demanda, el Tribunal Constitucional (TC) considera que los luctuosos sucesos de “El Frontón”, de junio 1986, donde murieron unos 130 internos, no constituyen crímenes de lesa humanidad, la acción penal es prescriptible y no deben abrirse nuevos procesos penales, léase, contra Alan García, Agustín Mantilla y Luis Giampietri, quienes hasta hoy tienen la calidad de meros testigos.

Por Jans Erik Cavero Cárdenas

Alejandro Toledo y Alan García, ex Presidentes de la República, son investigados por el Parlamento y el Ministerio Público. Si hay indicios razonables de la comisión de delitos, ambos deben ser sancionados con todo el peso de la ley. El precedente sería aleccionador: A los exaltos funcionarios corruptos también les corresponde la cárcel y la inhabilitación para ejercer cargo o función pública.

Por Raúl Wiener

Ya no es fácil dirimir si era peor un Tribunal Constitucional de repartija o uno en eterno estado de salida que parece haberse dispuesto a resolver temas de interés directo de sus integrantes, los que, dentro de un tiempo, pasarán a ser ciudadanos comunes y corrientes.

Por Herbert Mujica Rojas

(CP). Los clubes electorales —taifas nucleadas para y por el voto, sin más compromiso que el de sus bolsillos— mal llamados partidos políticos, padecen una espantosa falta de brújula. Por citar dos ejemplos: ¿qué dicen o instruyen a sus afiliados sobre el contencioso por límites marítimos planteado por Perú a Chile en La Haya? y, ¿cómo pelean por la vida y contra la muerte en pistas y carreteras de todo el país y la irresponsanbilidad de malos conductores individuales o institucionales? ¡Nada de nada!

Por Desco

El gobierno ha iniciado el diálogo con distintos partidos políticos, tras vencer las resistencias iniciales de algunos de ellos, al enterarse que el mismo se realizará con el Presidente del Consejo de Ministros y no con el Presidente Humala y el Ministro de Economía y Finanzas, es decir con el poder real. La iniciativa gubernamental, aunque llamativa por provenir de una gestión que ha demostrado a lo largo de dos años poco interés por mantener relaciones con los principales actores políticos y sociales, resulta comprensible por las dificultades que enfrenta en un escenario difícil, en el que cotidianamente evidencia su impericia.

Por Guillermo Olivera Díaz*

Cuando Fujimori designó públicamente al nuevo abogado, William Paco Castillo Dávila, sin tener que consultarle a sus 4 hijos, a los congresistas de Fuerza Popular, ni a César Nakazaki Servigón, y lo hizo porque durante ocho (8) años ha perdido todos los juicios seguidos contra  él y su abogado estaba además sumergido en un inmovilismo defensivo, y tal designación la formula por sendos escritos que se presentan ante los órganos judiciales, remitió así un claro y macizo mensaje de reprobación al tozudo fracaso abogadil, por cuya razón Nakazaki ha debido quitarse ipso facto, desde el preciso instante que fue postergado en ciertos casos puntuales, y no irse más bien al día siguiente a rogarle al cliente para que no lo bote, incluso acompañado de dos (2) padrinos y todo presuroso.

Por Jans Erik Cavero Cárdenas*

Según Decreto Supremo 097-2013-PCM, el gobierno ha declarado en emergencia varios distritos de la Región Puno. Provincias como El Collao, Azángaro, Lampa, Sandia, Carabaya, entre otras, fueron azotadas por nevadas intensas, habiéndose generado daños en viviendas, servicios básicos, y sobre todo en la salud de sus ciudadanos.  

Por Guillermo Olivera Díaz*

El ilícito penal motivo de la condena a Miguel Chehade Moya está previsto en el Artículo 397° del Código Penal y consiste en ofrecer, dar o prometer un donativo, promesa, ventaja o beneficio a un funcionario público para que éste realice u omita actos en violación de sus obligaciones o actos propios del cargo empleo, sin faltar a obligación alguna. Se llama cohecho activo genérico.

Por Fernando Zevallos Cabello

Vamos a cumplir 30 días de estar en Huánuco, nuestra tierra a mucha honra, tratando de "armar" la estrategia para la puesta en funcionamiento del Plan: Huánuco y el Perú del Bicentenario. Estamos promocionando no tanto la venta sino la puesta en práctica, de lo propuesto por el libro Qué Perú somos, qué Perú queremos.

Por Guillermo Olivera Díaz*

La ley 29499, de 18-1-2010, promulgada por Alan García, permite la conversión, por un juez que la decide y luego la puede revocar, de penas privativas de libertad, no mayores de 6 años,  a vigilancia electrónica en la calle o en el domicilio que señale el condenado. Pero aún no se cumple por modorra del INPE y otros órganos y falta de licitación de brazaletes o tobilleras  (u otros adminículos) que controlen el desplazamiento del interno.