Pleno del Congreso aprueba denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo

Se concluye que es líder de organización criminal para traficar con obras en el Estado

El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo Terrones porque “habría liderado o jefaturado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo”.

El informe en mayoría del grupo legislativo obtuvo 72 votos a favor, 40 votos en contra y cero abstenciones.

El segundo vicepresidente, Enrique Wong Pujada, conductor de la sesión plenaria, informó a los miembros de la Representación Nacional que los resultados de este informe “se tramitarán a las instancias correspondientes”.

El documento, sustentado por el titular de la comisión, Héctor Ventura Ángel (FP), en la sesión plenaria del 13 de julio último, precisa que la acusación sería por los casos Puente Tarata III, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA), SUNAT y hallazgo fiscal de $20,000.00 en oficinas del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno y casa de Sarratea.

Por ello, y al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, se le acusaría por la presunta comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317; colusión tipificada en el artículo 384; y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La comisión propone, además, formular acusación constitucional, al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; al exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales; y al exministro Juan Carrasco Millones.

DEBATE

Héctor Ventura Ángel (FP) enfatizó el hecho de que luego de seis meses de trabajo se han encontrado evidencias suficientes para concluir que estaríamos ante una organización criminal que tendría como cabecilla a Pedro Castillo Terrones y en la cual estarían involucrados altos funcionarios y familiares cercanos.

Advirtió las similitudes que se encuentran en los informes de mayoría y minoría. Ambos informes tienen la misma introducción, expuso, la misma base legal, y coinciden en todas las faltas y delitos que se habrían cometido; ambos señalan que Pedro Castillo incurre en tráfico de influencias agravado y la existencia de una organización criminal en este gobierno.

“Se observa un grosero plagio”, manifestó Ventura Ángel. “El informe en minoría es un copia y pega del informe final en mayoría, parecido a lo que hizo Castillo con su tesis. (Por tanto, se trata de) una severa falta al Código de Ética y (esta) debe realizar una indagación de oficio al respecto”.

Por su parte, Germán Tacuri Valdivia (BMCN) respondió el titular de la comisión que se trata de un mismo proceso de investigación, ambos informes versan sobre los mismos hechos, pero las conclusiones difieren, y sugirió al presidente que traslade la crítica a las conclusiones, pues “allí están las divergencias”.

La congresista Katy Ugarte Mamani (BMCN) dijo que a un año de trabajar juntos lo único que se ha visto son denuncias constitucionales sin pruebas objetivas; mencionó que la investigación ya la ha iniciado el Ministerio Público, no se puede investigar dos veces un mismo hecho, y “lo único que estamos haciendo es interferir políticamente el trabajo del MP, que tiene la suficiente autonomía para hacer su trabajo”.

En el orden del debate, Carlos Anderson Ramírez (NoA) sostuvo que lo verdaderamente importante es que sí hay evidencias (de hechos ilícitos) y por ello hay dos investigaciones en el MP, “acaso no están fugados Pacheco Silva y los sobrinos”, preguntó.

El parlamentario José Balcázar Zelada (PB) sostuvo que en el informe en mayoría no hay una línea que nos diga que los indicios que muestran constituyen prueba indiciaria para determinar los delitos que se le atribuyen al presidente Pedro Castillo Terrones.

Señaló que la comisión sería “una maquinaria de odios y venganzas, y espero que no sea así”, y que “sería una vergüenza” presentar este informe al Ministerio Público, sin ninguna prueba de defraudación en agravio del Estado, que debería incluir una pericia técnica, y solicitó que este informe se archive.

Por su parte, Arturo Alegría García (FP) enumeró los hechos conocidos de los 20 ml dólares encontrados en la oficina del secretario general de Palacio, que se haya prófugo que podemos esperar del presidente que lo nombra. Este es un juicio político.

Seguidamente, Guido Bellido Ugarte (PL) manifestó que después de seis meses de investigación no se ha encontrado una prueba irrefutable contra el presidente, sería una vergüenza internacional acusarlo sin pruebas. Que siga trabajando el Ministerio Público (MP), y si hay culpables, que lo demuestre y tomaremos las medidas que se tienen que tomar aquí.

Más adelante, el congresista Juan Burgos Oliveros (Avanza País) dijo respecto a esta investigación que no debemos renunciar a “nuestra función de fiscalizar, porque sería negarnos a nosotros mismos”, porque ha quedado demostrado que el señor presidente recibió a los lobistas en la casa Sarratea.

A su vez, Luis Aragón Carreño (AP) manifestó, luego de precisar la diferencia que existe entre un proceso judicial propiamente dicho y un proceso judicial previo, que es realizado por el MP, “que no podemos (el Congreso) renunciar a la tarea del control político” y que será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quien investigará estos hechos, siempre en el marco de lo legal y constitucional.

La legisladora Gladys Echaíz precisó que no debe llamar la atención que en el Congreso se hable en condicional. “La prueba indiciaria está conformada por un conjunto de datos y hechos que lleva a una presunción; esas presunciones forman convicción, y se convierten en prueba cuando las llevamos a un juicio oral”, expuso.

“Cuando el fiscal acusa, lo hace en base a elementos de convicción”, ahondó. “En este caso, se han encontrado muchos elementos de convicción que no se pueden negar”.

En el debate, intervinieron los legisladores Segundo Quiroz Barbosa (BMCN), Pasión Dávila Atanacio (BMCN), Elías Varas Meléndez (PB), Víctor Cutipa Ccama (PB), Jorge Coayla Juárez (PB), Rosangella Barbarán Reyes (FP) y Edgard Tello Montes (BMCN).

También Alex Paredes Gonzales (BMCN), Paul Gutiérrez (BMCN), Jorge Marticorena Mendoza (PB), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Francis Paredes Castro (BMCN), Tania Ramírez García (FP), Hamlet Echevarría Rodríguez (PD) y Américo Gonza Castillo (PL).