Pese a tener una condena por el delito de colusión ilegal, el congresista fujimorista Joaquín Dipas salió del país, pues el blindaje aprofujimorista se ha dedicado a obstruir la justicia para que ponga en prisión a delincuentes.
Legisladores de las bancadas Frente Amplio, Nuevo Perú y Bancada Liberal, se manifestaron el martes 9 solicitando que no se siga blindando a los personajes de la corrupción.
La magistrada a cargo del caso ‘cuellos blancos’ ratificó que el fiscal supremo formaría parte de la organización criminal.
Bruno Giufra, exministro de Transportes y Comunicaciones, deberá ser investigado por la supuesta compra de votos a congresistas para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), hecho que se probaría con las grabaciones subrepticias del congresista fujimorista Moisés Mamani.
Unidos por la protección al delito, fujimoristas y apristas en el Congreso protegieron una vez más al presunto delincuente fujimorista Moisés Mamani, a quien se debería levantar la inmunidad para que sea investigado y procesado por el Poder Judicial por presuntamente haber perpetrado el delito de tocamientos indebidos contra una azafata.
Siguiendo su costumbre de protección al delito, la mayoría fujimorista de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, por mayoría, la cuestión previa que planeó el congresista Sergio Dávila a fin de que sea declare improcedente la denuncia constitucional N.° 247, formulada por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde contra el vocal supremo César Hinostroza Pariachi, por la comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.
El exejecutivo Nostre dijo que Jorge Barata es quien conoce la información de los US$14’386.000. Sin embargo, hasta ahora no hay una información certera sobre esta cantidad.
Recientemente, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una condena de 25 años y 10 meses de prisión en contra de Jorge Cuba Hidalgo, quien fuera viceministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García, en el marco de la investigación sobre el Metro de Lima.
El secuestro es un delito que hace años había sido controlado en el Perú, pero la invasión de venezolanos ha traído entre sus lacras a los peores delincuentes que han revivido viejas modalidades de delito y traído otras nuevas, ante la complacencia del gobierno, arropado por los mermeleros de la prensa que siguen diciendo que hay que recibir más escoria de Venezuela.
Por Mg CPCC Luis Alberto Latínez Carpio*
El tiempo nos está dando la razón a los que cuestionamos el Acuerdo celebrado entre la Fiscalía y la Procuraduría con Odebrecht, por ser lesivo a los intereses del Perú.
Este Acuerdo ha beneficiado a la empresa corrupta de Odebrecht y perjudicado a nuestro país, por los siguientes motivos:
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