Según Naciones Unidas este mes se celebran dos fechas que deben llamar a reflexión sobre otra guerra que es a escala global y viene produciendo grandes bajas a nivel mundial. Nos referimos al Día Internacional por la Madre Tierra y el Decenio de la Restauración de los Ecosistemas.
En ese marco, Perú no es ajeno a este conflicto y está siendo afectado por diversos acontecimientos como el registrado a inicios de año, cuando el 15 de enero se produjo el desastre ecológico generado por la empresa Repsol en la Refinería La Pampilla ubicada en el litoral peruano, en la propia capital del país, donde se derramaron más de 11 000 barriles de petróleo al mar, generando una gran afectación en la flora y fauna del litoral costero limeño. El daño causado pretendió minimizarse por altos directivos de la empresa, asegurando que los barriles no superaban los 6000, versión desmentida por las autoridades del Ministerio del Ambiente, a lo que se sumaron los serios cuestionamientos al uso del Plan de Contingencia, mencionado en su página web donde aseguraban contar con tecnología de punta para hacer frente a esta situación, versión que también fue desmentida por el Capitán del barco italiano que transportaba el combustible para su disposición en la refinería.
Como en la mayoría de conflictos, los daños colaterales y los perjudicados terminan por ser desconocidos y se minimiza la magnitud del desastre producido. Repsol no ha sido la excepción, demostrando su pobre interés por el cuidado del ecosistema marino y la protección de la Madre Tierra, aun cuando se ocasionó un daño de manera directa y evidente. Aunque el Poder Judicial emitió una orden de impedimento de salida del país por 18 meses para evitar que los altos funcionarios de Repsol salgan de Perú y respondan ante los tribunales, la decisión no asegura el compromiso para restaurar el ecosistema depredado producto del desastre ecológico.
A pesar del despliegue de más de una decena de instituciones encargadas del control en situaciones similares —Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Ingeniería y Minería (Osinergmin) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros—, que unieron fuerzas para ser parte del Plan de Acción y a pesar de que semanalmente se publicó un reporte de los avances de inspección, los resultados al día de hoy siguen siendo limitados.
Esto obliga a cuestionar la eficacia de las acciones para el control de desastres ocasionados cuando se dan lejos de Lima, en la Amazonía, donde se producen derrames de petróleo cada semana y no cuentan con difusión como la tuvo la tragedia en el litoral capitalino. En esos territorios la contaminación de ríos y grandes áreas agrícolas, propiedad de las comunidades es recurrente; al no darse el despliegue de instituciones visto en el caso capitalino, el resultado es que frecuentemente las empresas petroleras asentadas en la Amazonía responsabilizan a los comuneros de provocar los desastres. Gracias a un informe denominado “La sombra del petróleo” se ha demostrado que por lo general esos derrames resultan de la falta de mantenimiento de las tuberías y los limitados planes de contingencia para revertir los daños causados. Esta atención diferenciada donde las instituciones rectoras en materia ambiental no actúan de manera similar, evidencia que la descentralización es una fantasía para los pobladores de las comunidades y pueblos indígenas, quienes acompañados de instituciones defensoras del medio ambiente, se comprometen con el trabajo de mostrar los desastres producidos por las grandes empresas extractivas de petróleo; evidencia que muchas veces no llega a nivel nacional y circula apenas por los denominados «medios alternativos» ante el desinterés de los medios formales.
Si bien el desastre de La Pampilla mostró acciones de respuesta de la gente y de distintos activistas que de alguna u otra manera se sumaron a la limpieza de las zonas afectadas por el petróleo, es apenas un grano de arena considerando todas las playas afectadas por el desastre.
Si Lima alberga a más de la tercera parte de la población nacional, ¿será que la reacción de las instituciones, de los activistas y demás actores responde únicamente a la zona geográfica en la que se produce el desastre y a la capacidad de visibilizar y masificar la información? De ser así, todas aquellas zonas del territorio nacional que son impactadas por algún desastre que afecte a su ambiente inmediato producido por empresas extractivas estarán condenadas a no recibir la atención y acción necesaria, tal como se ha demostrado que se puede hacer en la experiencia del derrame de petróleo en la ciudad de Lima, que revela que hay cosas que se pueden hacer mejor.
desco Opina – Regional / 29 de abril de 2022
