Defensoría del Pueblo presentó resultados del Informe Defensorial sobre “Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y tareas pendientes”
CCL demanda control y fiscalización para cumplimiento de la Ley de Silencio Administrativo
Empresarios demandan efectiva simplificación de los trámites burocráticos y sugieren que Ejecutivo lidere campaña para difundir los alcances de la Ley N.º 29060. También exigieron severas sanciones a las autoridades y funcionarios que la desacatan.
Durante de la presentación del Informe Defensorial N.º 145, sobre los “Avances en la Aplicación de la Ley de Silencio Administrativo, retos y tareas pendientes”, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que es necesario un constante y permanente control y fiscalización para lograr el cabal cumplimiento de la normativa a favor de la simplificación administrativa.
CCL demanda control y fiscalización para cumplimiento de la Ley de Silencio Administrativo
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Empresarios demandan efectiva simplificación de los trámites burocráticos y sugieren que Ejecutivo lidere campaña para difundir los alcances de la Ley N.º 29060. También exigieron severas sanciones a las autoridades y funcionarios que la desacatan.
Durante de la presentación del Informe Defensorial N.º 145, sobre los “Avances en la Aplicación de la Ley de Silencio Administrativo, retos y tareas pendientes”, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que es necesario un constante y permanente control y fiscalización para lograr el cabal cumplimiento de la normativa a favor de la simplificación administrativa.
Roberto De la Tore Aguayo, vicepresidente de la CCL, indicó que los principales frenos a la inversión y, consecuentemente, a la creación de nuevos empleos son, precisamente, las barreras burocráticas no solo porque traban el normal desenvolvimiento de los negocios sino porque también dificultan las gestiones de los contribuyentes.
“Las trabas burocráticas, aun las que no significan un pago, por el tiempo que se pierde en los trámites distrayendo el trabajo del personal de las empresas, constituyen ‘sobrecostos invisibles’ que afectan a las empresas y retrasan el desarrollo del país”, dijo.
De la Tore Aguayo afirmó que, además de perjudicar a las micro y pequeñas empresas induciéndolas a la informalidad, este tipo de sobrecostos se trasladan al precio de los bienes y servicios, motivo por el que también terminan afectando a los consumidores.
“La Cámara de Comercio de Lima está en primera línea no solo para reclamar, sino para abogar por una efectiva simplificación administrativa. Por eso insistimos en la necesidad de contar con una efectiva simplificación de los trámites burocráticos”, indicó.
Resultados desalentadores
El vicepresidente de la CCL recordó que desde que en enero del 2008 entrara en plena vigencia la Ley de Silencio Administrativo (Ley N.º 29060), si bien se ha apreciado un avance en la simplificación de más de 4.600 procedimientos, aun queda un buen trecho por recorrer para una efectiva simplificación de los trámites burocráticos, pues más del 70% de las instituciones (a marzo pasado) aún se mantienen como omisas y no adecuan su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a la referida norma.
Señaló que el 74% de los organismos públicos, entre ellos algunos gobiernos regionales y la gran mayoría de municipalidades, aún no han adecuado sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) a lo que dispone la Ley N.º 29060.
En efecto, un análisis de la Gerencia Legal del gremio empresarial revela que el 83% de los gobiernos locales no ha cumplido con adecuarse a la Ley en mención, a pesar que el 78% de las denuncias ante el INDECOPI son por las trabas contenidas en las ordenanzas municipales.
El mismo análisis también revela que aun cuando la nueva Ley de Contrataciones del Estado establece que, en ningún caso, los requisitos para el Registro Nacional de Proveedores deben constituir barreras a la competencia, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), ex CONSUCODE, cobra hasta S/. 2.130 por dicho trámite.
Además, desde hace varios años, las dependencias locales de los Registros Públicos han incrementado sus tasas registrales hasta en un 300%, calculando dicho monto en base a un porcentaje de la UIT sobre el valor de los bienes y no sobre el costo real del servicio conforme establece la ley.
Simplificar y sancionar
En ese sentido, para la CCL es apremiante la simplificación, cuando no la eliminación, de todo este tipo de trabas para que, en un contexto en el que las economías se globalizan, las empresas peruanas sean más competitivas, sobre todo cuando enfrentan retos como los acuerdos comerciales que hemos suscrito y los que seguimos negociando.
“Teniendo en cuenta el retraso en la aplicación de la Ley de Silencio Administrativo, pese a haber transcurrido un año y ocho meses desde su entrada en plena vigencia, urge asimismo un severo control y fiscalización para su cumplimiento”, señaló.
“Las trabas burocráticas, aun las que no significan un pago, por el tiempo que se pierde en los trámites distrayendo el trabajo del personal de las empresas, constituyen ‘sobrecostos invisibles’ que afectan a las empresas y retrasan el desarrollo del país”, dijo.
De la Tore Aguayo afirmó que, además de perjudicar a las micro y pequeñas empresas induciéndolas a la informalidad, este tipo de sobrecostos se trasladan al precio de los bienes y servicios, motivo por el que también terminan afectando a los consumidores.
“La Cámara de Comercio de Lima está en primera línea no solo para reclamar, sino para abogar por una efectiva simplificación administrativa. Por eso insistimos en la necesidad de contar con una efectiva simplificación de los trámites burocráticos”, indicó.
Resultados desalentadores
El vicepresidente de la CCL recordó que desde que en enero del 2008 entrara en plena vigencia la Ley de Silencio Administrativo (Ley N.º 29060), si bien se ha apreciado un avance en la simplificación de más de 4.600 procedimientos, aun queda un buen trecho por recorrer para una efectiva simplificación de los trámites burocráticos, pues más del 70% de las instituciones (a marzo pasado) aún se mantienen como omisas y no adecuan su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a la referida norma.
Señaló que el 74% de los organismos públicos, entre ellos algunos gobiernos regionales y la gran mayoría de municipalidades, aún no han adecuado sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) a lo que dispone la Ley N.º 29060.
En efecto, un análisis de la Gerencia Legal del gremio empresarial revela que el 83% de los gobiernos locales no ha cumplido con adecuarse a la Ley en mención, a pesar que el 78% de las denuncias ante el INDECOPI son por las trabas contenidas en las ordenanzas municipales.
El mismo análisis también revela que aun cuando la nueva Ley de Contrataciones del Estado establece que, en ningún caso, los requisitos para el Registro Nacional de Proveedores deben constituir barreras a la competencia, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), ex CONSUCODE, cobra hasta S/. 2.130 por dicho trámite.
Además, desde hace varios años, las dependencias locales de los Registros Públicos han incrementado sus tasas registrales hasta en un 300%, calculando dicho monto en base a un porcentaje de la UIT sobre el valor de los bienes y no sobre el costo real del servicio conforme establece la ley.
Simplificar y sancionar
En ese sentido, para la CCL es apremiante la simplificación, cuando no la eliminación, de todo este tipo de trabas para que, en un contexto en el que las economías se globalizan, las empresas peruanas sean más competitivas, sobre todo cuando enfrentan retos como los acuerdos comerciales que hemos suscrito y los que seguimos negociando.
“Teniendo en cuenta el retraso en la aplicación de la Ley de Silencio Administrativo, pese a haber transcurrido un año y ocho meses desde su entrada en plena vigencia, urge asimismo un severo control y fiscalización para su cumplimiento”, señaló.
