Advierte Jaime Delgado. Resulta extremadamente necesario desincentivar las conductas delictivas como la venta de bases de datos y datos personales
“Hoy en día la criminalidad y las conductas invasivas y atentatorias contra nuestro derecho a la intimidad, son práctica común, en gran medida porque la información está al alcance de cualquier persona; hasta un niño de 12 años puede comprar el registro de clientes de cualquier empresa en las calles”.
Con estas palabras el congresista Jaime Delgado mostró su preocupación por una situación que a todas luces resulta peligrosa y pone en riesgo la intimidad y patrimonio de los ciudadanos
En ese sentido, Jaime Delgado presentó el proyecto de ley 1956, que sanciona la venta ilegal de bases de datos y datos personales de usuarios y consumidores con el propósito desincentivar el uso inadecuado de la información de terceros, obtenida ilegalmente para su posterior venta al menudeo en lugares como en las avenidas Túpac Amaru y Wilson.
Recordó que el Poder Ejecutivo ha venido trabajando arduamente y con mucha seriedad la reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales, pero esta norma no es suficiente. En ese sentido, sostuvo que resulta extremadamente necesario desincentivar las conductas delictivas como la venta de bases de datos y de información muy sensible de los consumidores.
“Reconocemos que el tema es complejo y que, por lo mismo, la propuesta de ley puede ser mejorada, por lo que confiamos en que tanto la Comisión de Justicia como la de Defensa del Consumidor inicien ya mismo la revisión y estudio de la propuesta y convoquen la opinión es especialistas y de la Dirección General de Protección de Datos Personales para su aprobación”, sostuvo el congresista.
Es importante destacar que el actual código penal no contiene ninguna disposición que sancione a las personas que obtienen ilegalmente bases de datos o datos personales de usuarios y consumidores, para su venta en mercados negros. Aquel que venda información de una persona identificada o identificable, para cuya difusión no se ha dado una autorización previa podría ir a la cárcel hasta por seis años.
