Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 5 el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, de manera muy expresiva informó sobre un significativo incremento de recursos asignados para remediación de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, de S/ 155 millones (US$ 46 millones) el 2018 a S/ 300 millones (US$ 89 millones) el 2019, añadiendo “lo cual evidencia el interés del Gobierno para su atención”, sin embargo, se trata de una irrisoria inversión para tal fin, toda vez que en 2014 la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros estimó mínimo US$ 500 millones solo para cerrar pasivos mineros de alto riesgo. Por falta de inversión hace 5 años los pasivos ambientales mineros siguen incrementándose, el año 2010 se inventariaron 5,551 y según el último inventario 2018 existen 8,794 (RM-224-2018MEM/DM), además de 3,500 pasivos de hidrocarburos.
Aguas de un río desbordadas por desechos tóxicos
A pesar de la Ley 28271 que regula los pasivos ambientales mineros (reglamentada en diciembre 2005) y la Ley 29134 que regula los pasivos de hidrocarburos (en vigencia desde 2013) éstos no disminuyen, y menos se avizora alguna remediación, además los inventarios anuales de pasivos mineros, en su mayor porcentaje, no identifican los responsables que los generaron ni se gestionan estudios ambientales. Mientras el MEM no identifique los generadores de los pasivos, el Estado es responsable de su remediación (DS-069-2005-EM). Increíblemente existen pasivos mineros en 21 de las 25 regiones con casos de exorbitantes cantidades en Áncash (1,377), Cajamarca (1,155) y Puno (1,139), además de pasivos en más de 50 cuencas, pero poco o nada se hace para remediarlos.
Bajo este panorama, el pasado día 10 llegaron a Lima representantes de Pasco, La Oroya, Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y Puno para dar a conocer la problemática de contaminación ambiental y de pasivos que afectan su salud, exigiendo una política de salud integral y atención especializada. Los pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, durante las lluvias causan enormes discurrimientos de restos altamente tóxicos contaminando cabeceras de cuencas, ríos, suelos y el ecosistema afectando seriamente la salud de los pobladores. El gobierno debería activar las recomendaciones del Informe de la Defensoría del Pueblo N.° 171 (julio 2015) brindando atención prioritaria a los pasivos ambientales depositados o abandonados, garantizando recursos financieros y ejecutando acciones para su remediación (principalmente los de alto y muy alto riesgo), e identificando los responsables, siendo imperativa una acción coordinada del Estado en sus 3 niveles de gobierno.
Expreso, 24.11.2018
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