Mediante una carta abierta a diversas autoridades nacionales, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denunció la presencia de 30 dragas en la parte baja del Río Santiago (Condorcanqui, Amazonas), en las comunidades San Juan, Belén y Fortaleza, además de la quebrada Pastacillo. El GTANW ha pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros y otras instituciones pertinentes, sostener una reunión conjunta para coordinar una operación de interdicción a la brevedad posible.
Mapa con sitios donde se realiza la extracción de oro ilegal
La minería ilegal es una de las amenazas constantes a las que la Nación Wampís hace frente de manera continua. Luego de haber realizado con éxito y en articulación con el Estado interdicciones en el Río Santiago los años 2016 y 2017, la actividad parecía haberse detenido. Sin embargo, nuevas plataformas y dragas fueron instalándose en los últimos meses en el bajo Río Santiago, a vista y paciencia de las autoridades locales, aprovechando la crisis política y social que sufre el país desde diciembre de 2022.
La comunidad de San Rafael, mediante un Memorial de fecha 12/02 dirigido al Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio Público (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental), el GTANW y los Gobiernos Regionales, denuncia que la presencia de la minería ilegal está ocasionando conflictos en las comunidades, y piden a las autoridades “asumir y disponer acciones de interdicción frente este problema antes de la medidas de fuerza comunal”. En dicho memorial, advierten de la posible colusión entre autoridades de distintos ámbitos, en especial de efectivos policiales en Nieva, a quienes acusan de recibir coimas de los mineros a cambio de dejarles pasar el mineral extraído por dicha localidad para su comercio en otros lugares.
Por ello, además de convocar a una reunión entre el GTANW y las instituciones del Estado pertinentes, el GTANW ha pedido que se realice “una investigación urgente que dé con dichos malos efectivos policiales y sean separados de sus cargos y sancionados”. Así mismo, será necesario que se identifique a los grupos de poder que financian y protegen esta actividad de extracción y comercio ilegal de oro. En su carta, que ha sido dirigida en copia al Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos y a la Relatora Especial de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos de la Niñez, el GTANW exige que se dé prioridad a este tema dado que la contaminación por mercurio afecta los peces y otras fuentes de alimento en la zona, cuyo consumo ocasiona daños irreparables a la salud y problemas cognitivos a las infancias y la población en general. Además, el río Santiago fluye hacia el Marañón, por lo que es posible que esta tragedia afecte a cientos de comunidades más que dependen de dicho río. Finalmente, en la carta señalan el hecho preocupante de que la minería ilegal “deja a nuestras infancias y juventudes, especialmente las niñas, a merced de delincuentes que se dedican al secuestro y trata para el comercio sexual”.
El GTANW ha dejado claro en su “Pacto Sociopolítico Naturaleza a Perpetuidad” que no permitirá ninguna actividad extractiva, legal o ilegal, que dañe la naturaleza, que es la fuente de vida de la Nación Wampís. Por ello, en el marco del ejercicio del derecho a la autodeterminación, sus autoridades están decididas a tomar acciones necesarias para detener la minería ilegal ante la amenaza a sus vidas, incluso si las instituciones estatales no asumen su responsabilidad. El GTANW se encuentra a la espera de una respuesta favorable de parte de las instituciones pertinentes para coordinar con sus autoridades, tomando en cuenta el Protocolo de Relacionamiento, Concertación y Diálogo de Mutuo Respeto de la Nación Wampís con el Estado Peruano.
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