Herbert Mujica Rojas
El 19-9-2023 fue presentada la queja por Retardo en la Administración de Justicia, contra el juez Carlos Enrique Almonte Pucara, titular civil de Chancay. El tema es importante y se trata del ecocidio que produjo la empresa Repsol el 15 de enero del 2022 con el derramamiento de petróleo.
Entre las zonas afectadas están Ventanilla, Pachacamac, Santa Rosa, Ancón, Chacra y Mar, Aucallama, Pasamayo, Chancay, Huaral, Barranca, Puerto Supe y otras localidades. Se trata de un asunto que ha perjudicado a las poblaciones y un genuino atentado criminal.
En su condición de apoderado de seis agrupaciones ciudadanas: Asociación de luchadores por la dignidad de Chancayllo; Asociación Estrella de la mañana de Chancay; Asociación de Pampa Libre con el Balcón de Chancay: San Martín declaró la Independencia del Perú; Asociación Villa Arnedo, hoy Heroica de Chancay; Asociación Virgen de la Candelaria Víctimas de Repsol; Asociación de Pinteros de Peralvillo de Chancay, el abogado Ricardo Noriega Salaverry planteó la severa queja.
“El 15 de enero del 2022, hace 13 meses, presenté una demanda en nombre de 2505 asociados solicitando una indemnización de S/ 432 millones de soles y hasta la fecha, el juez Carlos Enrique Almonte Pucara en contubernio con la especialista secretaria Elena Ysabel Rossell Abanto (en la foto), con un sinfín de engaños nos vienen dilatando el proceso, en forma totalmente irresponsable.
A continuación detallo: cuando presenté la demanda, solamente me solicitaron el pago de un solo arancel máximo, según establece la norma, de cerca de S/ 700 soles, luego de más de un año me solicitan el pago de siete (7) aranceles judiciales, cuando solo estoy representando a seis (6) asociaciones.
El juez y la especialista, me vienen engañando de la manera más vil, burlándose de gente humilde que represento, que a veces no tiene ni para comer; esperando según lo que capto, que llegue el 15 de enero del 2024 y no tenga ninguna posibilidad de incoar nueva demanda según el Artículo 2001 del Código Civil, porque en esa fecha se cumple el plazo de dos (2) años para incoar cualquier demanda de indemnización.
El daño a las víctimas de Repsol representa un perjuicio inhumano del juez y la especialista. Hemos solicitado que nos entreguen todo lo actuado para presentarlo en otro juzgado honesto del Perú, y otros en Europa y EEUU, y hasta la fecha se siguen burlando de nuestro pedido.
Solicitamos castigo ejemplar el juez y la secretaria especialista”.
El código de queja del documento es: QWEB-441380-2023.
¿Podría descartarse la existencia de tinterilladas en este sensible caso? Del diccionario: tinterillada, embuste, trapisonda. Entonces como el plazo está a la vuelta de la esquina, hay que poner las cortapisas suficientes para que los protestantes no puedan hacer su denuncia.
En este caso, la coincidencia expuesta por Ricardo Noriega, en torno al término del plazo, es una posibilidad. Muy común, además, en todo el sistema judicial peruano. Y de eso se encarga la plana menor de cualquier juzgado.
¿Se confina el proceso judicial tan solo a la reparación dineraria?
Lo acontecido con el derrame de petróleo de la empresa española Repsol tiene todas las características del ejercicio abusivo del poder económico que dilata juicios, retrasa procesos, compra conciencias y maneja, a su antojo, los reportes de los miedos de comunicación.
Recordemos. La ibérica Repsol obtuvo por la misérrima suma de US$ 180 millones, Refinería La Pampilla. ¡A precio de regalo y fue otra de las hazañas, hasta hoy impune, del gobierno de Alberto Fujimori.
Baste recordar que otra refinería, Esmeraldas, en Ecuador y de similares instalaciones, área y potencia que La Pampilla, por entonces valía algo más de S/ 1000 millones de dólares. En castellano eso significa que se remató a menos del 20% del precio real.
A partir de 1996, Refinería La Pampilla, ya en el grupo Repsol produjo ingentes recursos y riqueza para su central ibérica. Gracias, bueno reiterarlo, a peruanos privatistas y desleales que cobraron la suya. Sin la más mínima duda.
La tenacidad principista del abogado Ricardo Noriega Salaverry hasta hoy ha librado una batalla contra los elementos. Al informar de estas acciones se pone en evidencia lo que la prensa concentrada ningunea y omite.
Los lazos económicos, publicitarios y financieros, explican este clarísimo y vergonzoso contubernio contra Perú.
17.10.2023
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Señal de Alerta
