Por Humberto Campodónico
Ahora que la mayoría de los países industrializados han visto crecer su deuda interna y, también externa, es bueno recordar lo que comenzó en agosto de 1982, cuando Polonia, primero, México, después, entraron en moratoria de su deuda externa, lo que originó que todo el periodo que va hasta 1990-91 se denominara la “década perdida”.
Desde fines de los años 60 y, sobre todo, durante la década del 70, los déficits de la balanza de pagos de EE. UU. dieron lugar a una sobreoferta de dólares en los mercados financieros internacionales, lo que a su vez originó una masiva política de oferta de préstamos bancarios a los países en desarrollo.
Desde 1974-75, esta sobreoferta aumentó por un fenómeno doble: la primera gran recesión después de la II Guerra Mundial y el alza de los precios internacionales del petróleo generaron importantes superávits comerciales en los países de la OPEP, los mismos que fueron depositados en el sistema financiero internacional, lo que contribuyó más aún al aumento de la oferta disponible para los países en desarrollo.
Con la consigna de “los países no quiebran”, la banca privada internacional otorgó préstamos sin reparar demasiado en las condiciones macroeconómicas de los países ni en el destino de los mismos. De su lado, muchos países en desarrollo “aprovecharon la oportunidad”, relajaron los controles presupuestarios y se endeudaron masivamente.
De 1979 a 1982 se volvieron a elevar los precios del petróleo por la guerra Irán-Irak, lo que aumentó la sobreoferta de dólares que debían ser reciclados. En 1980-81 se produjo una fortísima alza de las tasas de interés en EE. UU. (hasta 20% anual) en el contexto de una recesión económica que hizo caer los precios de las materias primas, a la vez que se acentuaban las medidas proteccionistas en los países industrializados para proteger sus mercados. Estos hechos desencadenaron una sucesiva cadena de moratorias.
Para pagar la deuda externa, los organismos internacionales, en primer lugar, el FMI, exigieron que se apliquen programas de “shock de demanda”, consistentes en la devaluación de la moneda nacional, alza de las tasas de interés y corrección de los déficits fiscales.
Ante la contracción económica causada por esos programas, los gobiernos de la región plantearon la tesis de la “corresponsabilidad”, que, básicamente dice que los costos del ajuste deben ser compartidos por acreedores y deudores. Esta tesis no fue aceptada por los acreedores y el servicio de la deuda externa fue asumido en su totalidad por los países deudores, lo que fue una muestra de la sumisión de la región, como lo señala claramente en su libro el embajador Carlos Alzamora en su libro La capitulación de América Latina.
En 1985, al acceder al gobierno Alan García, redujo el servicio de la deuda externa al 10% de las exportaciones, en el marco de una fuerte denuncia a los organismos internacionales, en primer lugar al FMI. En los primeros dos años de gobierno la reducción del servicio proporcionó divisas que fueron funcionales al crecimiento económico. Pero desde mediados de 1987 en adelante, la crisis económica produjo múltiples daños a la economía, ocasionando efectos ampliamente contrarios a los objetivos iniciales del presidente García.
La deuda externa llegó a ser el 100% del PBI en 1988. Si bien en esos años el servicio efectivo de la deuda disminuyó, ésta siguió creciendo, pues los intereses impagos se sumaron a las amortizaciones.
La “solución” a este problema solo vendría más adelante, con los Planes Brady, que condonaron el pago de una parte de la deuda y con la recuperación de la economía internacional. Pero en Grecia no se ve ningún “Plan Brady” a la vista sino, más bien, masivos planes de endeudamiento adicional y políticas de austeridad fiscal que solo agravarán la recesión. Parece que lo más difícil está todavía por delante.
www.cristaldemira.com
