Tía María: la plata es lo de menos
Por Humberto Campodónico
Hasta hace un mes, la Southern creía que el proyecto Tía María podía vencer las resistencias de la población si “se explicaban bien sus beneficios económicos”, en particular los S/. 376 millones de canon para Arequipa y S/. 40 millones para Cocachacra (en lugar de los S/. 4 millones de hoy). Quién no va a querer más dinero, pensaban. Y lo mismo decía el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Pero la oposición de la población siguió creciendo, porque su preocupación no es el dinero, sino los problemas ambientales y sus condiciones de vida, que depende del agua para los cultivos agrícolas.
Esto es un cambio fundamental con respecto a lo que sucedía hace 40 o 50 años. Recordemos que la nacionalización del petróleo en México fue un acto de soberanía. Lo mismo sucedió en el Medio Oriente en la década del 60 donde, además se reivindicó una mayor participación en la renta petrolera. En el Perú, en 1968, la expropiación de la IPC bebió de esas dos fuentes: soberanía y renta petrolera.
Eso cambió con el neoliberalismo, pues ya no interesan la soberanía y la renta (ahora se favorece ampliamente a las mineras y petroleras). Tampoco interesa el medio ambiente, como se vio en los decretos legislativos del TLC, que beben de la “filosofía” del perro del hortelano, y motivaron el Baguazo.
La Southern planteó 4 soluciones para el problema del agua: a) tomar los 7 millones de metros cúbicos que necesita sin hacer nada alternativo (arguyendo que anualmente se van al mar 43, con lo que 7 es una bicoca): b) tomarla del subsuelo al final de cauce del río; c) construir la represa de Paititure, que daría agua a la zona y, d) una planta desalinizadora de agua de mar.
Pero sucede que las propuestas c y d eran solo eso. Recién el 16 de abril, Southern formaliza su propuesta de la represa. Un poco tarde, ¿no les parece? Quizá por eso el ministro Sánchez ha dicho: “este es un tema donde la empresa podría haber actuado mejor, como otras empresas que lo han hecho bien y avanzaron sus proyectos exitosamente” (Reuters, 15/04/2010).
Pero sucede que el MEM es también juez y parte, porque le corresponde alentar las inversiones y, a la vez, aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que debería estar en manos de una parte neutra, como el Ministerio del Ambiente, para que no haya conflicto de intereses. Pero nada. Mientras, el MEM sigue repitiendo que no hay problema alguno con el agua y que todo está solucionado. Aquí se inserta otro tema clave: la falta de credibilidad de la población en el gobierno y las empresas.
No hay, entonces, licencia social ni ambiental. ¿Y “licencia económica”, es decir, una adecuada participación del Estado en la renta petrolera, el “viejo problema”? Pues que es muy mala. Los contratos siguen siendo los mismos de 1992, que fueron previstos para condiciones distintas (guerra interna, alta inflación, competencia por capitales con los países de Europa Oriental). No se han modernizado un ápice y seguimos sin participar de las ganancias extraordinarias que dan los altísimos precios de los minerales, incluido el cobre.
Con la toma de carreteras, asistimos al fracaso del diálogo. Justo en ese momento el Presidente García declara contra la población, diciendo que son “ínfimas minorías” y que es un “conflicto politiquero”, con lo cual echa más leña al fuego. No todo está perdido, sin embargo, pues se ha suspendido la audiencia del EIA prevista para hoy lunes, con lo cual podrían abrirse nuevos espacios, en los cuales los representantes de la población también deben plantear alternativas.
Si esto sucede, el gobierno y la empresa tienen que entender que el problema no es “la plata” pues poco a poco se viene imponiendo la lógica de no depender del “extractivismo” de los recursos naturales. Así, lo primero es la licencia ambiental y la licencia social (junto con la licencia económica). Pero dada su orientación neoliberal y sus intereses económicos, es difícil que se den cuenta de ello. A menos que se vean obligados a hacerlo.
www.cristaldemira.com
Esto es un cambio fundamental con respecto a lo que sucedía hace 40 o 50 años. Recordemos que la nacionalización del petróleo en México fue un acto de soberanía. Lo mismo sucedió en el Medio Oriente en la década del 60 donde, además se reivindicó una mayor participación en la renta petrolera. En el Perú, en 1968, la expropiación de la IPC bebió de esas dos fuentes: soberanía y renta petrolera.
Eso cambió con el neoliberalismo, pues ya no interesan la soberanía y la renta (ahora se favorece ampliamente a las mineras y petroleras). Tampoco interesa el medio ambiente, como se vio en los decretos legislativos del TLC, que beben de la “filosofía” del perro del hortelano, y motivaron el Baguazo.
La Southern planteó 4 soluciones para el problema del agua: a) tomar los 7 millones de metros cúbicos que necesita sin hacer nada alternativo (arguyendo que anualmente se van al mar 43, con lo que 7 es una bicoca): b) tomarla del subsuelo al final de cauce del río; c) construir la represa de Paititure, que daría agua a la zona y, d) una planta desalinizadora de agua de mar.
Pero sucede que las propuestas c y d eran solo eso. Recién el 16 de abril, Southern formaliza su propuesta de la represa. Un poco tarde, ¿no les parece? Quizá por eso el ministro Sánchez ha dicho: “este es un tema donde la empresa podría haber actuado mejor, como otras empresas que lo han hecho bien y avanzaron sus proyectos exitosamente” (Reuters, 15/04/2010).
Pero sucede que el MEM es también juez y parte, porque le corresponde alentar las inversiones y, a la vez, aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que debería estar en manos de una parte neutra, como el Ministerio del Ambiente, para que no haya conflicto de intereses. Pero nada. Mientras, el MEM sigue repitiendo que no hay problema alguno con el agua y que todo está solucionado. Aquí se inserta otro tema clave: la falta de credibilidad de la población en el gobierno y las empresas.
No hay, entonces, licencia social ni ambiental. ¿Y “licencia económica”, es decir, una adecuada participación del Estado en la renta petrolera, el “viejo problema”? Pues que es muy mala. Los contratos siguen siendo los mismos de 1992, que fueron previstos para condiciones distintas (guerra interna, alta inflación, competencia por capitales con los países de Europa Oriental). No se han modernizado un ápice y seguimos sin participar de las ganancias extraordinarias que dan los altísimos precios de los minerales, incluido el cobre.
Con la toma de carreteras, asistimos al fracaso del diálogo. Justo en ese momento el Presidente García declara contra la población, diciendo que son “ínfimas minorías” y que es un “conflicto politiquero”, con lo cual echa más leña al fuego. No todo está perdido, sin embargo, pues se ha suspendido la audiencia del EIA prevista para hoy lunes, con lo cual podrían abrirse nuevos espacios, en los cuales los representantes de la población también deben plantear alternativas.
Si esto sucede, el gobierno y la empresa tienen que entender que el problema no es “la plata” pues poco a poco se viene imponiendo la lógica de no depender del “extractivismo” de los recursos naturales. Así, lo primero es la licencia ambiental y la licencia social (junto con la licencia económica). Pero dada su orientación neoliberal y sus intereses económicos, es difícil que se den cuenta de ello. A menos que se vean obligados a hacerlo.
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