¿A quién quería convencer la Tía María?
Por Desco
Ya se cuenta por meses la confrontación entre los ciudadanos de la provincia de Islay y la empresa Southern Copper Corporation. Los múltiples errores de comunicación de la empresa para explicar su proyecto y relacionarse con la comunidad, la poca disposición del gobierno para escuchar y la debilidad de las fuerzas políticas, abonaron la paralización de la población de Cocachacra y el bloqueo por seis días de la carretera Panamericana Sur.
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Ya se cuenta por meses la confrontación entre los ciudadanos de la provincia de Islay y la empresa Southern Copper Corporation. Los múltiples errores de comunicación de la empresa para explicar su proyecto y relacionarse con la comunidad, la poca disposición del gobierno para escuchar y la debilidad de las fuerzas políticas, abonaron la paralización de la población de Cocachacra y el bloqueo por seis días de la carretera Panamericana Sur.
Southern Copper ya tiene un mal precedente en la zona. Los agricultores de Cocachacra, –específicamente del Valle de Tambo– hace muchos años fueron ignorados en sus reclamos por los daños que en sus campos causaban los humos tóxicos provenientes de la Fundición de Ilo. Más recientemente, el ingreso de esta empresa a la zona en busca de licencia social para su nuevo proyecto Tía María, deja mucho que desear. En primer lugar, su estrategia de incentivar la creación de nuevas organizaciones sociales como base de legitimidad, parte de desconocer o subestimar el tejido social existente. Cuenta también que, en marzo de 2010 –después de «medir» la reacción de los pobladores– recién se presentaron oficialmente salidas alternativas a la propuesta inicial de uso de aguas del subsuelo para sus operaciones. Se ofertan así la construcción de la represa de Paltiture o la desalinización de agua de mar, esta última opción planteada con la «advertencia» de que el incremento de los costos de producción se reflejaría en la disminución del canon minero, lo que constituye una amenaza innecesaria.
Un elemento que contribuyó decisivamente a la tensión entre la empresa y la población fue su estrategia de comunicación. En una de sus últimas campañas publicitarias personificaron al proyecto minero como una mujer sonriente: La Tía María, que viste traje y sombrero de Caylloma, otra provincia de Arequipa que nada tiene que ver con la idiosincrasia de la costeña Islay. Diseñada en la desesperación por las reiteradas postergaciones de audiencias públicas, esta «Tía» tiene cero identificación con la comunidad con la que quiere convivir y además se luce con comunicados en periódicos nacionales a los que regularmente no tienen acceso los pobladores de Cocachacra. ¿A quién quería convencer la Tía María? Quizá quería tranquilizar a sus comadres en la «opinión pública» limeña, las que siempre respaldan las salidas represivas ante la «terquedad» de esa parte del Perú que «no entiende» las bondades de la inversión minera.
Por su parte, el gobierno nacional no se tomó el tiempo para analizar el resultado de la consulta popular realizada en setiembre del año pasado en Cocachacra, donde más del 90 % de participantes votó contra las operaciones de Tía María. No se quiere ver que los pobladores de la zona prefieren programas de desarrollo sostenibles en el tiempo; no se quiere reconocer que para ellos es más importante su tierra y el agua, que el dinero que eventualmente puede proporcionar la explotación de Tía María. Contra lo que muchos desearían, el impulso a la inversión privada ya no hace invisibles los reclamos de la gente, más bien pone en evidencia la ceguera de los gobernantes: hay que recordar que el Ministerio de Energía y Minas se rehusó a postergar la audiencia del 19 abril, pese a que no era difícil vislumbrar las consecuencias de llevar a cabo el proceso en medio del malestar generalizado en la población.
Con este conflicto también se ha puesto en evidencia la debilidad de las fuerzas políticas locales, lo que ha dado lugar a posiciones intransigentes. Tras la decisión de Southern de postergar la audiencia, los protestantes no se movieron de la carretera; la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, no pudo convencerlos en su papel de mediadora. No se veía al alcalde de Cocachacra, Juan Guillén López, uno de los principales opositores del proyecto. Finalmente el Presidente Regional Juan Manuel Guillén —que durante todo este tiempo no mostró una posición clara para solucionar el embrollo—, acompañado de varios alcaldes provinciales llegó hasta la zona y tras varias horas de diálogo se concluyó en levantar el paro. «Si no hay acuerdo, toda la región se sumará a su reclamo», dijo Guillén entre la algarabía de los protestantes.
Se ha anunciado la instalación de la mesa de diálogo en la que participarán, además de autoridades y dirigentes locales, el presidente del gabinete, Javier Velásquez Quesquén y los ministros de Energía y Minas, de Ambiente y de Agricultura. Se espera que el gobierno esté dispuesto a discutir con claridad los temas cruciales del conflicto, que no se agota en despejar la carretera. Lo que está en juego es si el tipo de desarrollo que busca la provincia admite el proyecto de la Southern, pues eso es lo que definirá el uso del agua —muy escasa en el valle de Tambo–— las medidas de protección del medio ambiente. En esta mesa la Tía María tendrá que estar atenta, escuchar callada y dejar de lado la altanería de una vez por todas.
http://desco-opina.blogspot.com
Un elemento que contribuyó decisivamente a la tensión entre la empresa y la población fue su estrategia de comunicación. En una de sus últimas campañas publicitarias personificaron al proyecto minero como una mujer sonriente: La Tía María, que viste traje y sombrero de Caylloma, otra provincia de Arequipa que nada tiene que ver con la idiosincrasia de la costeña Islay. Diseñada en la desesperación por las reiteradas postergaciones de audiencias públicas, esta «Tía» tiene cero identificación con la comunidad con la que quiere convivir y además se luce con comunicados en periódicos nacionales a los que regularmente no tienen acceso los pobladores de Cocachacra. ¿A quién quería convencer la Tía María? Quizá quería tranquilizar a sus comadres en la «opinión pública» limeña, las que siempre respaldan las salidas represivas ante la «terquedad» de esa parte del Perú que «no entiende» las bondades de la inversión minera.
Por su parte, el gobierno nacional no se tomó el tiempo para analizar el resultado de la consulta popular realizada en setiembre del año pasado en Cocachacra, donde más del 90 % de participantes votó contra las operaciones de Tía María. No se quiere ver que los pobladores de la zona prefieren programas de desarrollo sostenibles en el tiempo; no se quiere reconocer que para ellos es más importante su tierra y el agua, que el dinero que eventualmente puede proporcionar la explotación de Tía María. Contra lo que muchos desearían, el impulso a la inversión privada ya no hace invisibles los reclamos de la gente, más bien pone en evidencia la ceguera de los gobernantes: hay que recordar que el Ministerio de Energía y Minas se rehusó a postergar la audiencia del 19 abril, pese a que no era difícil vislumbrar las consecuencias de llevar a cabo el proceso en medio del malestar generalizado en la población.
Con este conflicto también se ha puesto en evidencia la debilidad de las fuerzas políticas locales, lo que ha dado lugar a posiciones intransigentes. Tras la decisión de Southern de postergar la audiencia, los protestantes no se movieron de la carretera; la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, no pudo convencerlos en su papel de mediadora. No se veía al alcalde de Cocachacra, Juan Guillén López, uno de los principales opositores del proyecto. Finalmente el Presidente Regional Juan Manuel Guillén —que durante todo este tiempo no mostró una posición clara para solucionar el embrollo—, acompañado de varios alcaldes provinciales llegó hasta la zona y tras varias horas de diálogo se concluyó en levantar el paro. «Si no hay acuerdo, toda la región se sumará a su reclamo», dijo Guillén entre la algarabía de los protestantes.
Se ha anunciado la instalación de la mesa de diálogo en la que participarán, además de autoridades y dirigentes locales, el presidente del gabinete, Javier Velásquez Quesquén y los ministros de Energía y Minas, de Ambiente y de Agricultura. Se espera que el gobierno esté dispuesto a discutir con claridad los temas cruciales del conflicto, que no se agota en despejar la carretera. Lo que está en juego es si el tipo de desarrollo que busca la provincia admite el proyecto de la Southern, pues eso es lo que definirá el uso del agua —muy escasa en el valle de Tambo–— las medidas de protección del medio ambiente. En esta mesa la Tía María tendrá que estar atenta, escuchar callada y dejar de lado la altanería de una vez por todas.
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