En una situación de crisis total se encuentra la actividad pesquera en Chile fruto de la sobreexplotación de los recursos. Esta situación es particularmente dura para los cerca de cien mil pescadores artesanales que hay en el país. Aunque hay muchos que, abandonando la actividad pesquera, migran a otros rubros (cuando pueden), hay quienes han optado por defender el derecho a vivir de esta antiquísima actividad, como lo hicieron sus padres y abuelos.
En las últimas semanas se han verificado grandes y violentas protestas en numerosas comunas y regiones del sur de Chile. Este martes 24 cientos de pescadores artesanales coparon el primer piso de la Intendencia (Gobernación) de Los Ríos, en Valdivia, exigiendo se ponga coto a la depredación que provocan los barcos industriales.
El presidente del sindicato de tripulantes cerqueros, pescadores artesanales y ramas afines de Los Ríos,Sergio Vera, vociferó (en la ocasión) que la principal demanda de su organización “es regular el funcionamiento de la pesca industrial en la zona, cuya actividad está afectando el fondo marino”.
El jueves 12, millares de pescadores artesanales cortaron caminos, encendieron barricadas y se enfrentaron a carabineros en las ciudades de Talcahuano y Coronel, y en Caleta Tumbes (ubicadas en la Región del Bío Bío). La razón es la misma: la ausencia de peces. Con el propósito de intentar sofocar el estallido social, el Concejo Municipal de Talcahuano aprobó este jueves 26 el pago de 100 mil pesos (185 dólares) para mil 200 pescadores de dicha comuna afectados por la crisis de los recursos pelágicos. Un pago similar recibirán en los próximos días los pescadores de Coronel y de la empobrecida Provincia de Arauco. El Gobierno nacional ha anunciado que a partir de febrero incorporará a pescadores a programas municipales de mejoramiento urbano, donde recibirán un sueldo de subsistencia. Protestas similares se suceden cada semana e incluso diariamente en numerosas otras zonas del país como las regiones de Aysén y Valparaíso.
Realidad apocalíptica
En la Cuenta Pública 2012 de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) —dada a conocer en abril pasado— se reconoce que “gran parte de las pesquerías nacionales” se encuentran en una “crítica situación”. De acuerdo a este compendio, la extracción de recursos pesqueros del mar ha disminuido (por disminución de los recursos) de 873 mil toneladas en 2007 a sólo 600 mil en 2012. El 2012, en relación al 2011, la caída bordeó el 25%. Se espera que este año que termina la caída en la extracción de los recursos sea aún mayor que la del año precedente.
De acuerdo a lo señalado por la Subpesca -en su web-, relevantes pesquerías como el congrio dorado, la merluza común y el alfonsino se encuentra en estado de sobrexplotación, etapa inmediatamente previa a la de agotamiento del recurso. Según acta de la segunda ronda de sesiones (4 a 6 de diciembre de 2013) del comité científico técnico de Recursos Demersales de Aguas Profundas, la biomasa de las merluza de cola ha registrado un descenso de un 16% sólo en un año. En otras pesquerías la sobrexplotación ha llevado a los recursos casi a la extinción. Es lo que sucede con el besugo. Según el citado comité científico “el stock de este recurso se encuentra reducido a sólo un 6 por ciento de su nivel inicial”. Este recurso fue calificado como “técnicamente agotado”. Con el jurel (Trachurus murphyi), del que Chile era gran detentor y productor, ocurre algo similar.
Según un estudio realizado en 2011 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la biomasa de jurel ha disminuido un 90% en aguas meridionales en las últimas dos décadas. Hace 20 años había unas 30 millones de toneladas mientras que actualmente sólo quedan tres millones. De acuerdo al ICIJ, Chile es el mayor responsable de esta situación: en la última década depredó las seis millones de toneladas de jureles que había en su mar. Y se quedó prácticamente sin nada. La ICIJ denunció en su informe que la casi totalidad de jureles, sardinas y anchovetas capturados en el mar chileno son destinados a la producción de harina que se usa para alimentar salmones y chanchos. Estas industrias, por lo demás, utilizan métodos productivos altamente contaminantes que están provocando otras crisis sociales.
El presidente del Sindicato de Pescadores Históricos de Valdivia, Gino Bavestrello, expresó que “las pesquerías vienen en crisis desde hace diez años dada la sobreexplotación de los recursos iniciada en 2002 tras la promulgación de la Ley de Pesca”. Esta normativa, que fue promovida por el presidente socialista Ricardo Lagos y por su subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, contó en su momento con el rechazo de los pescadores artesanales, y con el firme respaldo de los grandes grupos económicos abocados a las tareas extractivas. No es para menos: a estos se les entregó en propiedad gran parte de los recursos del mar, por diez años. Por ejemplo: se les dio el 95 por ciento de los derechos de pesca de jurel, en tanto que a los artesanales se les concedió sólo el 5 por ciento.
En 2012 una normativa de características similares conocida como “Ley Longueira” —por el nombre de su mentor— renovó esta privatización de los recursos marinos, aunque esta vez lo hizo por veinte años (prorrogables). Bavestrello señaló que en las últimas semanas se ha agudizado el problema “puesto que, por tener el jurel colapsado, los industriales mandaron toda su flota hacia la orilla a la pesca de la sardina y la anchoveta, que forman parte de la cadena trófica de muchas especies más como la corvina, la sierra, que son pescadas por artesanales, que sobreviven de estos recursos”. Este pescador denuncia que la institucionalidad está hecha para favorecer a los que lucran con la extracción de peces, y para empobrecer a quienes viven de esta actividad. Como ejemplo de esto, cita el hecho que el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) impuso este año una veda a la extracción de sardinas y anchovetas desde las regiones Quinta (Valparaíso) a Octava (Bío Bío) que rige para los pescadores artesanales pero no para los industriales. Bavestrello sostiene “que debido a su gran poder extractivo”, la flota industrial no deja que las sardinas y anchovetas se acerquen a las orillas a cumplir con su ciclo reproductivo […] como resultado de esto, los pescadores artesanales ni siquiera tenemos recursos para sobrevivir”. Este representante de los pescadores valdivianos informa que las embarcaciones pesqueras de la flota industrial tienen una capacidad de bodega promedio de mil 500 toneladas —que es lo que pueden pescar diariamente— por lo que veinte barcos pescan en dos días más que los siete mil pescadores de las regiones de Los Ríos y Araucanía en un año. Da cuenta que esta depredatoria labor la realizan con muy poca mano de obra: diez trabajadores por barco. Ante este cuadro, Bavestrello concluye que “la crisis hoy día es total”. Por lo mismo, Bavestrello espera que la presidenta electa Michelle Bachelet se reúna con los pescadores artesanales y de soluciones a este sector que —según su parecer— “es el más afectado por la sobreexplotación de los recursos pesqueros”.
“Queremos que se vayan”
Una visión similar a la aportada por Bavestrello es la que entrega otro de los más importantes dirigentes que tienen los pescadores chilenos. Nos referimos al actual vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Cosme Caracciolo. Este, en entrevista con El Ciudadano, afirmó que “la situación actual es crítica: ya casi no nos quedan peces en el mar… y los pocos que quedan, deberían ser cuidados para poder recuperar las pesquerías y Chile vuelva a ser un país pesquero en el mediano plazo o largo plazo”. Caracciolo asegura que esta crisis es percibida por todos los chilenos: “la gente, cuando va a comprar al mercado, se da cuenta que las merluzas tienen el porte de los pejerreyes; que el jurel ya no existe; y que las sardinas y anchovetas que comemos, están enlatadas y provienen de Ecuador y Perú”.
A pesar de lo crítico de la situación, este dirigente de la Condepp —organización que cuenta con 50 mil afiliados— tiene un motivo de alegría: “felizmente el mundo científico transparentó la situación de los recursos pesqueros y se está comenzando a aplicar criterios científicos -de acuerdo con la disponibilidad de peces- en la fijación de cuotas de captura, que es lo que se debería haber hecho siempre”. Hace alusión a una disposición de la Ley Longueira —en su juicio la única positiva de esta normativa— que impide que los industriales puedan determinar las cuotas como ocurría hasta hace un año, dejando esta prerrogativa al mundo científico: “Hasta ahora se estaba utilizando el criterio económico que buscaba que la industria fuera absurdamente rentable por lo que las cuotas propuestas por el mundo científico, a través del Instituto de Fomento Pesquero, eran aumentadas en forma mañosa por los representantes de los industriales que hegemonizaban el Consejo Nacional de Pesca”. Asegura que este proceder fue determinante en el colapso de los recursos.
Para Caracciolo la solución a la crisis pasa por el fin de la actividad pesquero industrial. “Ya le hicieron mucho daño a nuestro país, así que queremos que salgan de la actividad extractiva, que dejen de destruir el fondo marino con sus redes de arrastre, queremos que nos dejen pescar a nosotros que somos los que garantizamos la recuperación de los recursos pesqueros”.
Consultado respecto del destino de los trabajadores de la industria pesquera este vocero manifestó: “la gente que trabaja en la parte de procesos de la industria (enlatados), puede seguir operando con los peces que capturamos los pescadores artesanales” y los que laboran en barcos “pueden tener cabida en la flota artesanal”.
El emblemático líder de los artesanales chilenos remata sosteniendo que el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet debe ingresar un nuevo proyecto de Ley de Pesca donde se reconozca que los peces pertenecen a todos los chilenos y no a un grupo de familias como estableció la Ley Longueira:
“Queremos plantear eso como primera cuestión. Ahora si la presidenta Bachelet y su equipo de Gobierno hacen casos a los alaridos, a los llantos, a las amenazas, a los gritos destemplados de los empresarios pesqueros y decide seguir explotando las especies de forma irracional, Chile estará condenado a tener un mar vacío. Queremos recuperar las especies del mar y para hacerlo estas tienen que volver a manos del Estado”.
Por Francisco Marín
El Ciudadano.cl, diciembre 2013
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Convenios pesqueros caducos Para evitar que los chilenos posterguen el cumplimiento del fallo alegando que siguen vigentes los convenios de 1952 y 1954, el gobierno peruano debe establecer con claridad que en nuestro mar cesa toda actividad pesquera chilena y que ya no tienen efecto los convenios de pesca de 1952 y 1954. Alertamos que ya corre coima chilena para ganar tiempo con el cuento de dichos convenios. También los barcos de la armada peruana, desde el primer día del fallo, deben estar listos para salvaguardar la línea divisoria e impedir el paso de naves de guerra enemigas y embarcaciones pesqueras. |
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