Reparto de 8% de utilidades mineras: lo que está en juego
Por Humberto Campodónico
El DL 892 de 1996 estableció que los trabajadores mineros tienen derecho al 8% de las utilidades de la empresa, con un tope de 18 sueldos. La Ley 24864 del 2005 estableció que el "remanente" del 8% de utilidades iría al Fondoempleo (una parte muy pequeña, pues son 2,200 UIT) y el saldo a los gobiernos regionales para obras de inversión (esta es la mayor parte; en abril del 2007 el gobierno regional de Áncash recibió US$ 140 millones de Antamina por ese concepto).
Lo que se discute ahora es la eliminación del tope de los 18 sueldos para que los trabajadores se repartan el íntegro del 8% de las utilidades. Esto implica también dos temas centrales: 1) si los trabajadores de las Empresas Especializadas (EE, donde están las contratas y las services) van a ser considerados en el reparto del 8% (el DL 892 no los considera); 2) qué hacer con los gobiernos regionales, ya que no van a recibir el "remanente" del 8% de las utilidades.
Por nuestra parte, consideramos que debe haber una solución integral y simultánea a los tres temas planteados. Pero veamos primero lo que está en juego. Siete empresas de la gran minería tuvieron Utilidades Netas por US$ 4,875 millones en el 2007 (US$ 2,000 millones más que en el 2005, por los altos precios de los minerales). El 8% a distribuirse, por tanto, es US$ 390 millones, donde destacan Antamina y Southern con US$ 130 y 113 millones. Hay 11,319 trabajadores en planilla, según el Ministerio de Energía y Minas. Si consideramos (para simplificar) un sueldo promedio de US$ 800/mensuales, el tope da US$ 14,400 por trabajador. Si se eliminara el tope, los trabajadores de todas las minas recibirían más de US$ 14,400, salvo Shougang y Yanacocha, pues allí las utilidades por trabajador "no llegan" al tope. En Antamina y Southern los trabajadores recibirían US$ 89,000 y 44,000 anuales, respectivamente. Si se incluye a los 20,000 trabajadores de las EE (nótese que casi duplican a los de planilla) la cosa cambia. Los de planilla van a recibir una parte menor e, incluso, en algunas minas van a recibir menos del tope de 18 sueldos. Es el caso de Cerro Verde, Barrick y Tintaya (1). Ya vimos que Shougang y Yanacocha no llegaban al tope. En Antamina y Southern sí recibirían un monto superior a US$ 14,400.
Primera cuestión, todos los trabajadores (planilla + EE) deben estar incluidos. Segunda cuestión, siendo el íntegro del 8% de las utilidades de los trabajadores, debiera seguir habiendo un tope para el reparto de las utilidades por trabajador. Este criterio tiene un sustento igual al del impuesto a la sobreganancia: por encima de un cierto precio del mineral, la empresa debe compartir la ganancia extraordinaria con el Estado.
Igualmente, por encima de un cierto monto, los trabajadores deberían convertir ese remanente en un fondo de jubilación y/o en un fondo para financiar inversiones en la región. De otra manera, tendríamos una aristocracia obrera separada de los problemas del país, fácilmente manipulable por las empresas y, claro, por el gobierno.
Tercera cuestión, debe plantearse un impuesto a la sobreganancia minera para financiar a los gobiernos regionales, que van a dejar de recibir montos importantes. El gobierno pasa por alto este tema, porque lo único que le interesa, hoy, es desactivar la anunciada huelga minera y que ya no se discuta el impuesto a las sobreganancias, lo que preocupa a los empresarios. Cuarta cuestión, la Federación Minera no debe solo defender sus intereses individuales: "que se elimine el tope de 18 sueldos para recibir más plata y lo demás no importa, ni los trabajadores de las services ni los gobiernos regionales".
Sobre estos 3 temas hay discrepancias en los dictámenes en mayoría y minoría de la Comisión de Trabajo. De un lado, el oficialismo plantea solo eliminar el tope de los 18 sueldos. De otro, los nacionalistas plantean una solución integral para los 3 temas. Como no hubo mayoría para el planteamiento oficialista en la votación reciente en el Congreso, el proyecto de ley ha pasado a la Comisión de Economía para un nuevo dictamen, con lo que la discusión va a seguir. Y este otoño se va a seguir calentando.
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(1) Este sería también el caso de muchas empresas de la mediana y pequeña minería, que no tocamos en este artículo.
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