Con decretos legislativos traba desarrollo del sector servicios, el cual ayuda a diversificar oferta exportadora.

Hay un principio básico en comercio exterior que los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) parecen desconocer: los impuestos no se exportan. Sin embargo, el miércoles esta cartera publicó dos decretos legislativos, el 1116 y el 1119, que gravan con impuestos la exportación de servicios, con lo que se limita el desarrollo de este sector y se desmantela la Ley de Promoción de Exportación de Servicios, que no entraba en vigencia porque faltaba el reglamento.

 

Para ser más claros, un servicio se exporta cuando, por ejemplo, un ciudadano extranjero viene a nuestro país solo para hacerse un tratamiento médico y luego regresa a su nación de origen. El servicio se brindó en el Perú, pero se disfruta en el extranjero, es decir se efectuó una operación de exportación y no debe gravarse con impuestos.

Sin embargo, para el MEF, tal exoneración no debe suceder y así, por ejemplo, los turistas extranjeros ya no podrán solicitar la devolución del IGV por servicios contratados en el país. Tampoco será posible obtener la devolución de este mismo impuesto que pagaron los profesionales al adquirir bienes en el país para usarlos en la prestación de servicios en el extranjero.

“Esto es un error que debe ser rectificado de manera inmediata. Muchos sectores, como el turismo, se verán profundamente afectados, porque el cobro de estos impuestos les generará sobrecostos y no solo eso, también se afecta la llegada de inversiones”, advierte Mario Mongilardi, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Daños mayores

Pero los cambios del MEF no se quedan allí. Los decretos también impiden que se pueda solicitar la inclusión de nuevas actividades en la lista de servicios empresariales de exportación no afectos al IGV, la cual será manejada a partir del 1 de agosto por el Ministerio de Economía, según explica la CCL.

Este último cambio impediría, por ejemplo, a los centros de contacto o “call center” -actividad que está inafecta al pago del IGV-, innovar su oferta. “El negocio de los centros de contacto no solo se basa en hacer llamadas, sino ofrecer servicios de gestión a las empresas. Con esta norma nuestra diversificación corre peligro”, señalaron fuentes de este subsector.

Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), afirma que si bien falta analizar detenidamente los decretos para conocer su real efecto, el país corre el peligro de estancarse en la diversificación de su oferta exportable.

Esto último sería un retroceso si se tiene en cuenta que la comercialización de servicios representa el 20% del comercio mundial y casi el 10% de las exportaciones peruanas, según detalló hace dos semanas el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva.

¿Qué dice el ministro?

A todo esto el ministro José Luis Silva no ha dicho nada concreto, solo que hay que esperar a que se termine el período en el que el Ejecutivo tiene atribuciones para legislar en materia tributaria, “para hacer un análisis completo de las normas y saber si hay un efecto negativo”. Así dijo luego de inaugurar el Perú Service Summit 2012, que, paradójicamente, promueve la exportación de servicios.

La congresista Luciana León, aún presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento, dice que estos decretos solo evidencian que existe “una bicefalía” en la conducción de la política comercial exterior peruana y que espera que al reanudarse las actividades en el Congreso se declare la inconstitucionalidad de estos decretos.

El Comercio, 20-07-2012