Política económica y protesta popular

Alan Garcia Política económica y protesta popularPor Alan Fairlie Reinoso

La magnitud de las protestas en casi todas las regiones del país y la gigantesca movilización en Lima en las jornadas del 11 y 12 de julio tienen pocos precedentes. Es difícil que esto se explique por oposiciones puntuales o por manipulación externa al movimiento social, como señalan voceros del gobierno. La represión generalizada y violenta tampoco es coherente con este diagnóstico.
Seguramente hay reivindicaciones locales en las plataformas del movimiento social. Pero han coincidido mineros, campesinos, maestros, docentes universitarios, portuarios y movimientos regionales que también tienen demandas nacionales: cambio de rumbo de la política económica, revisión del TLC, defensa de los derechos sindicales y del trabajo, de la agricultura y medio ambiente, incumplimiento de promesas electorales, defensa de la soberanía nacional, protesta contra la chilenización del país. Rechazo a leyes y medidas apro badas al caballazo en el Congreso, o que subrepticiamente aparecen publicadas en El Peruano buscando rematar lo que queda de activos o infraestructura estatal.
 

Todo esto en medio de una campaña masiva que señala los logros del crecimiento del país, la abundancia de recursos, la redistribución a regiones, las bondades de la inversión extranjera (que además llegará a raudales con el TLC) y la obtención del grado de inversión.

 

Se debe recordar que el entonces candidato García llamó en el 2001 a luchar no solo contra el fujimorismo político, sino también contra el fujimorismo económico (léase neoliberalismo) y cuestionó a Toledo de querer construir el segundo piso de la dictadura, obligándolo a un viraje de su campaña.

 

Toledo no solo aplicó el continuismo, sino que puso a los mismos operadores de los noventa y representantes de las transnacionales y grupos de poder, que sin intermediarios manejaron la política económica según sus intereses. La pérdida de popularidad lo llevó a cuestionamientos que lo llevaron a casi tener que dejar el poder, y se libró por el soporte de partidos y organizaciones que entendían que así salvaban la democracia.

 

El 2006 pasaron a segunda vuelta los que cuestionaron el modelo radicalmente, o que plantearon el "cambio responsable". La población votó mayoritariamente por el cambio de modelo, pero el nuevo gobierno estableció alianzas que, traicionando sus promesas, no solo mantuvo los lineamientos centrales de la política cuestionada, sino que puso también directamente en el control estatal a los mismos operadores.

 

El descontento popular ha ido en aumento y al no darse los cambios esperados se están manifestando ahora con mayor energía, rebasando las direcciones de partidos que están debilitados o que desperdiciaron la posibilidad de liderarlos. Movimientos sociales primero sumamente dispersos, pero que a pesar de las limitaciones están encontrando mecanismos de coordinación y reagrupamientos políticos que buscan darles dirección. Se trataría entonces no solo de una cuestión coyuntural.

 

Se reprime a la población que protesta y se les encarcela, mientras empresarios mineros desafían la autoridad y no pagan multas y hacen caso omiso al Ministerio de Trabajo y no pasa nada, se rompe más de 6 veces el gasoducto de Camisea y no pasa nada, se incumple la concesión del aeropuerto y no pasa nada, etc. Fuerte con el débil y tembleque con el poderoso parece ser la consigna de este populismo para los ricos.

 

Esa política hace que tengamos una de las presiones tributarias más bajas del continente y que no se invierta lo necesario. ¿Cómo es posible que se mantenga la inversión pública en 2.8% de PBI después de la caída sistemática de los años previos? Pronto las remesas de nuestros migrantes (2.0% del PBI) alcanzarán lo que un Estado invierte en ciclo de expansión.

No solo aumentan las ganancias a nivel récord mientras los salarios están estancados y las condiciones de trabajo no mejoran, sino que hay una sangría de recursos al exterior. En remesas de utilidades al exterior se fueron alrededor de US$ 7,000 millones el 2006.
 

Modelo concentrador y excluyente, polarizador, que busca ser perpetuado con el TLC. Esta situación no es sostenible, se tiene que redistribuir y esto no se hará pasando el sombrero a las mineras, para que además manejen los recursos. Se requiere un cambio de la política económica que demandan a lo largo y ancho del país amplios sectores de la población y que incluyen sectores del propio partido de gobierno.