Por Humberto Campodónico
Pasados 15 meses queda claro que el gobierno no ha puesto en marcha ninguna reforma importante, ni medida alguna que empalme el corto con el mediano y largo plazo para saber dónde estaremos en el 2021, cuando cumplamos 200 años de independencia.
Recordemos que las promesas del "cambio responsable" quedaron en eso: leer el TLC línea por línea; un impuesto a las sobreganancias; modificar las leyes antiobreras de Fujimori y promulgar una nueva Ley General del Trabajo, entre otras.
Con la "reforma del Estado", la montaña parió un ratón, pues solo se fusionaron algunas OPD's, dejando de lado la Ley de la Carrera Pública y la homologación de sueldos. Y no se hizo la reforma clave: capacitar a los gobiernos regionales y locales para profundizar la descentralización (que Fujimori liquidó) y garantizar una inversión eficiente.
Por eso no cristalizó el shock de inversiones (Toledo había bajado la inversión pública al 2.8% del PBI) y al gobierno no se le ocurrió mejor cosa que echarle la culpa a los gobiernos regionales y locales. De la reforma educativa mejor no hablar porque todo se limitó a tratar de quebrar al Sutep.
Cuando el gobierno pidió facultades para la reforma tributaria, algo pudo hacer. Pero nada. Por el contrario, prolongó las exoneraciones a los ricos (por ejemplo, al impuesto a la renta de las ganancias de capital en la Bolsa y al IGV en los seguros de vida). Pero sí golpeó a las regiones amazónicas, con la eliminación de las exoneraciones tributarias.
Su orientación general aparece clara en el trato a los distintos actores. Con el capital extranjero, las relaciones son "de enamorados". Se pasó por agua caliente a Telefónica (solo se adelantaron las rebajas ya acordadas) y no se negoció un impuesto a las sobreganancias petroleras y mineras (se aceptó un óbolo pequeño de las segundas).
Hace poco, el gobierno envió un proyecto de ley para priorizar 20 proyectos mineros, sin consultarlo a nadie, y quiere repartir el canon minero "para que la gente sienta los beneficios de la inversión minera". Lo positivo fue renegociar el contrato de Camisea con Pluspetrol para que el precio del gas no tenga nada que ver con el petróleo.
Pero no pasa lo mismo con los empresarios nacionales, pues no les consultó la brutal rebaja arancelaria que los afecta gravemente, todo para que la inflación baje en el corto plazo, pues eso afecta su popularidad (¿qué pasará si los oligopolios no bajan los precios a pesar de la rebaja?). De un lado, la medida muestra el poco peso de la burguesía industrial y, de otro, que los ayatollahs neoliberales siguen al timón, con Carranza como jefe.
Para los agricultores, la baja arancelaria es peor que el TLC; se les niega, en los hechos, la importación directa de fertilizantes y no hay medidas concretas para "compensarlos" por el TLC. Tampoco interviene el gobierno para arreglar las "fallas de mercado", como en Colombia, regulando el precio de la leche que el oligopsonio industrial le paga a los ganaderos. El salario mínimo se aumentó para no seguir bajando en las encuestas y para reconstruir Ica y Pisco, se ningunea a los gobiernos locales creando un Forsur limeño bajo el timón de un ex fujimorista (sic).
Así, el gobierno va de tumbo en tumbo, con una sola cosa clara: mantener su alianza con los grandes inversionistas extranjeros, sobre todo mineros. Por eso no se implementa el Centro de Planeamiento Estratégico ni se crea una autoridad ambiental autónoma, independiente del Ministerio de Energía y Minas.
Este gobierno está completando la "reforma incompleta", aquella que, según los neoliberales, Fujimori no completó porque se obsesionó con la re-reelección. García ha revivido el "agotado Consenso de Washington" (así lo llamó el 28 de julio del 2006), que ha fracasado porque trae más desigualdad y pobreza. Viene rehusando poner el péndulo económico al medio y, más temprano que tarde, se verán las consecuencias.
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