En una nueva noticia positiva para los transportistas peruanos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) falló a favor del Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia, quienes venían cobrando un precio mayor a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en territorio boliviana con placa extranjera.
La diferencia de precios en el combustible afectaba los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano. Ante la publicación de este fallo, el TJCAN ha ordenado a Bolivia que, en un plazo máximo de 90 días, adopte las medidas necesarias para que cese la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino.
Este es el segundo caso, en un periodo de un mes, donde el Perú logra una victoria en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Un caso similar fue interpuesto ante Ecuador, con un resultado positivo para el país.
“En el mes patrio, esta sentencia muestra el compromiso que mantiene el Mincetur por defender a los operadores del comercio exterior peruano en las distintas instancias, en coordinación con los sectores concernidos. Esperamos que tanto los Gobiernos de Bolivia y Ecuador acaten lo ordenado por el TJCAN en el plazo establecido, con el objetivo de que nuestros transportistas puedan competir en igualdad de condiciones en dichos países”, señaló el titular del sector, Juan Carlos Mathews.
La demanda peruana, en defensa de los transportistas nacionales, se amparó en que la conducta adoptada por Bolivia vulnera los principios de Trato Nacional, No Discriminación, y Libre Competencia, que están previstos en las Decisiones Andinas 398, 837 y 608, así como el artículo 4 del Tratado de Creación del TJCAN, lo cual ha sido recogido en la sentencia del TJCAN.
Esta sentencia es definitiva y vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina. En este sentido, el Perú podrá solicitar al TJCAN el inicio de un procedimiento sumario en caso de no acatarse.
Como se recuerda, en agosto de 2020, la Secretaría General de la Comunidad Andina ya había declarado a Bolivia en situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
