Se agota el modelo
Por Humberto Campodónico
Visto desde una perspectiva más amplia, el problema del “bono militar” no puede quedarse solo en la discusión de “si hay o no caja para pagarlo” o de si el Congreso “tiene o no iniciativa de gasto”. Tampoco puede el análisis limitarse a las pugnas políticas en marcha, que existen y que se expresan en el conflicto García-Giampietri.
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Por Humberto Campodónico
Visto desde una perspectiva más amplia, el problema del “bono militar” no puede quedarse solo en la discusión de “si hay o no caja para pagarlo” o de si el Congreso “tiene o no iniciativa de gasto”. Tampoco puede el análisis limitarse a las pugnas políticas en marcha, que existen y que se expresan en el conflicto García-Giampietri.
Después de 19 años de aplicación continua, lo que está llegando a su límite es el Programa de Ajuste Estructural neoliberal, como lo llama el economista Efraín Gonzales de Olarte. Este se ha sustentado en la liberalización irrestricta de la economía nacional, en la privatización de las empresas públicas y en una fuerte inversión extranjera, sobre todo en las industrias extractivas (minería e hidrocarburos), aunque también en telecomunicaciones, comercio y finanzas (bancos y AFP).
La contraparte clave, tanto para el capital nacional como para el extranjero, ha sido la represión salarial permanente, que ha permitido excepcionales tasas de ganancia, no vistas en los últimos años en los países industrializados y, tampoco, en América Latina. Según Gerens, incluso en el 2009 las tasas de rentabilidad patrimonial de las primeras 1,000 empresas ha sido de 17%, muy superior a los países vecinos. Si suponemos que en esos países la inversión en innovaciones tecnológicas y en bienes de capital es similar a la peruana, entonces la explicación estaría en las diferencias salariales.
Exactamente. En Argentina, Colombia, Brasil y Chile la participación de la masa salarial supera el 30% del PBI. En el Perú bajó del 25 al 20.9% del PBI del 2002 al 2008 (años de fuerte crecimiento económico). Increíble. Lo mismo sucede con el salario mínimo que de 1974 a la fecha ha perdido 2/3 de su valor real.
Además, es el más bajo de toda la región y el actual gobierno se niega a respetar los acuerdos del CNT, cediendo ante los pedidos empresariales para no actualizarlo.
Las cifras de distribución del ingreso per cápita (coeficiente de Gini) del INEI (Informe de la Pobreza 2008) se han mantenido entre 0.48 a 0.50 del 2004 al 2008, lo que implica una gran desigualdad. El gobierno se vanagloria con la baja de la pobreza, pero no dice que esta es sobre todo urbana y casi no tocan a la sierra rural (además de que se han revertido en el 2009).
Otro “mérito” del modelo son las bajas remuneraciones del sector público, que no se mueven desde hace varios años (salvo para algunos sectores, como Educación, bajo Toledo). Según la ENAHO del 2008, el 56% de los empleados públicos de Lima Metropolitana gana entre S/. 400 y 1,500 mensuales, cifra insuficiente para la canasta mínima (un 7.3% gana entre S/. 2,000 y 4,000 y 4.8% gana más de S/. 4,000).
Así, la represión salarial permanente del sector público ha sido una de las claves del “buen manejo fiscal”. Para cambiar esto mediante una reforma del Estado (estamos en los últimos lugares de AL según el BID) se necesita un aumento de la presión tributaria, tema tabú para este gobierno. Estamos, entonces, frente a un clásico conflicto distributivo.
Después de casi 20 años de aplicación del modelo económico, no es que no sigan existiendo oportunidades de inversión y de “negocios”. Existen, aunque muchas (sobretodo las mineras) dependen del entorno económico global, que sigue siendo sumamente incierto. La cuestión es que ha llegado a su límite el programa neoliberal tal como se venía aplicando: hay un abierto cuestionamiento salarial (el reclamo militar policial podría ser el primero de la serie) y un aumento de los conflictos ambientales (que no hemos tocado en este artículo).
Claro, lo del bono se puede seguir analizando con “la política politiquera” del día a día. Pero el problema es de fondo. La inviabilidad social y ambiental del modelo está en cuestión. Ahora hay que crecer redistribuyendo. Pero esa opción no encuentra una expresión política que lo canalice.
www.cristaldemira.com
La contraparte clave, tanto para el capital nacional como para el extranjero, ha sido la represión salarial permanente, que ha permitido excepcionales tasas de ganancia, no vistas en los últimos años en los países industrializados y, tampoco, en América Latina. Según Gerens, incluso en el 2009 las tasas de rentabilidad patrimonial de las primeras 1,000 empresas ha sido de 17%, muy superior a los países vecinos. Si suponemos que en esos países la inversión en innovaciones tecnológicas y en bienes de capital es similar a la peruana, entonces la explicación estaría en las diferencias salariales.
Exactamente. En Argentina, Colombia, Brasil y Chile la participación de la masa salarial supera el 30% del PBI. En el Perú bajó del 25 al 20.9% del PBI del 2002 al 2008 (años de fuerte crecimiento económico). Increíble. Lo mismo sucede con el salario mínimo que de 1974 a la fecha ha perdido 2/3 de su valor real.
Además, es el más bajo de toda la región y el actual gobierno se niega a respetar los acuerdos del CNT, cediendo ante los pedidos empresariales para no actualizarlo.
Las cifras de distribución del ingreso per cápita (coeficiente de Gini) del INEI (Informe de la Pobreza 2008) se han mantenido entre 0.48 a 0.50 del 2004 al 2008, lo que implica una gran desigualdad. El gobierno se vanagloria con la baja de la pobreza, pero no dice que esta es sobre todo urbana y casi no tocan a la sierra rural (además de que se han revertido en el 2009).
Otro “mérito” del modelo son las bajas remuneraciones del sector público, que no se mueven desde hace varios años (salvo para algunos sectores, como Educación, bajo Toledo). Según la ENAHO del 2008, el 56% de los empleados públicos de Lima Metropolitana gana entre S/. 400 y 1,500 mensuales, cifra insuficiente para la canasta mínima (un 7.3% gana entre S/. 2,000 y 4,000 y 4.8% gana más de S/. 4,000).
Así, la represión salarial permanente del sector público ha sido una de las claves del “buen manejo fiscal”. Para cambiar esto mediante una reforma del Estado (estamos en los últimos lugares de AL según el BID) se necesita un aumento de la presión tributaria, tema tabú para este gobierno. Estamos, entonces, frente a un clásico conflicto distributivo.
Después de casi 20 años de aplicación del modelo económico, no es que no sigan existiendo oportunidades de inversión y de “negocios”. Existen, aunque muchas (sobretodo las mineras) dependen del entorno económico global, que sigue siendo sumamente incierto. La cuestión es que ha llegado a su límite el programa neoliberal tal como se venía aplicando: hay un abierto cuestionamiento salarial (el reclamo militar policial podría ser el primero de la serie) y un aumento de los conflictos ambientales (que no hemos tocado en este artículo).
Claro, lo del bono se puede seguir analizando con “la política politiquera” del día a día. Pero el problema es de fondo. La inviabilidad social y ambiental del modelo está en cuestión. Ahora hay que crecer redistribuyendo. Pero esa opción no encuentra una expresión política que lo canalice.
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