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Pasaron pocos días de su excarcelación y aparecieron fotografías y videos que mostraban a un señor Croussillat lleno de vida y paseando por lugares exclusivos. No sólo eso: olvidando que tiene que pagar 80 millones de soles al estado por concepto de reparación civil, emprendió acciones legales para recuperar el control del canal 4 de televisión, cuya línea editorial vendió al gobierno de Fujimori y Montesinos por una buena suma de millones de dólares, algo que todos conocemos por el video en que se ve a don José Enrique sonriente ante fajos de billetes de dólares que le entrega Vladimiro Montesinos.
El indulto había sido criticado por la oposición política y por la ciudadanía que ya conoce las andanzas de Croussillat. Ante la ola de críticas, el presidente Alan García declaró que había sido “burlado” y poco después dejó sin efecto el indulto. Para completar la farsa y lavarse las manos, Alan García botó al ministro de Justicia, Aurelio Pastor.
El circo
La liberación de José Enrique Croussillat despertó la sospecha de que se trataba de una maniobra, mediante la cual el indultado pagaría el favor al gobierno retomando el control del canal 4 (que sigue una línea independiente pero no opositora) para ponerlo al servicio del gobernante partido aprista. Sea fundada o infundada esta sospecha, el indulto que dio libertad a Croussillat ha cumplido y cumple el objetivo de desviar la atención pública de asuntos verdaderamente importantes.
Porque, bien visto, el caso Croussillat es simplemente la prolongada novela de un corrupto que busca su libertad para recuperar privilegios. Si, como sospechan algunos, el indulto fue un intercambio de favores (“Te suelto y después pones tu canal a mi servicio”), estamos ante una hipótesis débil: los actuales dueños del canal 4 tienen todo en regla y sería un escándalo descomunal que los despojaran de ese medio de comunicación para entregarlo a un corrupto probado que debería seguir en la cárcel.
El tapadito
Aunque sabemos que el gobierno de Alan García comete graves errores y pone en práctica provocaciones distractivas, está claro que de ninguna manera el caso de José Enrique Croussillat podría tener el final por él deseado (recuperar el canal), porque eso sería tan grave e indeseable como el retorno al poder de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Entonces debemos entender que la magnitud que tiene el escándalo Croussillat, el tiempo que ocupa primeras planas y el tiempo extra que quieren tenerlo en primer plano nos indican con claridad que existe la intención de que el escándalo dure para tapar otro escándalo, un escándalo grande.
¿Cuál es? No es el del faenón de Collique, que se está cayendo solo; es la exportación del gas. En forma corrupta se rehizo el contrato con el consorcio que explota el gas peruano de Camisea para que pueda exportarlo a México y Chile*. Según amplia información y análisis de especialistas, éstos son los factores que deben tomarse en cuenta:
1) Por concepto de impuestos el estado peruano recibe mucho menos por el gas que se exporta que por el gas que se consume en nuestro país (en otras palabras, es más provechoso para el fisco que el gas se venda y consuma en el Perú).
2) Se intenta vender gas cuando ya hay claros síntomas de desabastecimiento (de hecho, hay industrias que se han quedado con los crespos hechos: modificaron sus instalaciones para trabajar con gas en lugar de trabajar con diésel y la inversión se les va al agua).
3) La exportación de gas hace menos viable el establecimiento de industria petroquímica en el sur del Perú, que necesita un suministro seguro, libre de la incertidumbre de quedarse sin el insumo principal porque éste va al extranjero.
4) En general, la exportación de gas atenta contra el desarrollo industrial del Perú.
5) No preocupa al gobierno aprista que el gas peruano llegue a Chile, país belicista y peligroso, enemigo del Perú, contra el cual hemos presentado una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El caso del faenón de Alberto Químper y Rómulo León demuestra que la coima y la aceitada son la regla —no la excepción— en asuntos de petróleo y gas, por lo cual estamos en el legítimo derecho de suponer que ha habido un gran soborno para que se opte por abandonar el mercado local exportando el gas con menores ganancias para el Perú, provocando desabastecimiento y con el peligro de que beneficie a Chile, país violador de tratados internacionales y enemigo del Perú. He allí la explicación de por qué se infla el caso Croussillat y se hará todo lo posible para que continúe (incluso si el corrupto es capturado).
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* Los mafiosos del gobierno sostienen que como ya se firmó el acuerdo para exportar nuestro gas, eso es irreversible. Esto demuestra que los truhanes que firmaron la modificación contractual y los que la apoyan se guían por el principio de que un contrato entre el estado y la empresa privada sólo puede modificarse cuando el cambio favorece a la empresa privada (que es lo que se ha hecho para posibilitar la exportación de nuestro gas), ¡pero que de ninguna manera puede modificarse cuando favorece al estado y al pueblo peruanos! ¡Eso es el Apra, qué les parece!
