Paro contra exportación del gas deja 18 heridos y 25 detenidos en Echarate
Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, informó que los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Echarate dejaron 18 personas heridas y 25 detenidas.
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Los heridos fueron atendidos en el centro de salud de Kiteni, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco, y presentaron lesiones causadas por balas de goma y de fuego.
Merino hizo un llamado a la población para finalizar sus medidas de fuerza y evitar así más violencia por esta protesta contra la exportación del gas de Camisea. También demandó al Gobierno asumir su responsabilidad y promover el diálogo para explicar a la población la cuestión del gas, que se produce en esa región.
La protesta fue organizada por el frente de defensa de los intereses de La Convención, la federación campesina, cocalera y algunos alcaldes.
Hoy se cumplen diez días de paro, que están causando un promedio de un millón de soles diarios de pérdidas.
Cientos de pobladores protestaban frente a la comisaría de Quillabamba, exigiendo la liberación de los detenidos. No obstante, esta tarde la Defensora del Pueblo aseguró que ya no hay detenidos.
Según declararon a la prensa, los dirigentes culpan al presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, de no tener voluntad de diálogo, lo cual es negado por éste.
Velásquez Quesquén reiteró que para iniciar una mesa de diálogo los manifestantes deben levantar las medidas de fuerza.
Hasta el momento el único intermediario que se ha presentado en la zona ha sido un representante de la Defensoría del Pueblo, que está contando con los buenos oficios de la Iglesia Católica.
Como se sabe el gobierno ofreció atender el mercado interno y asegurar el consumo nacional por 20 años, pero se niega a atender las necesidades de gas de 22 empresas peruanas que hasta ahora lo requieren.
En cambio propiciar la exportación a precio vil, con el agravante de que en cuatro años no ha instalado conexiones domiciliarias de gas, excepto a unas cinco mil viviendas, cuando en tiempo similar Colombia instaló conexiones de gas para cinco millones de domicilios.
Si bien es cierto que los pobladores están transgrediendo la ley al tomar carreteras, el Gobierno también burla las leyes para favorecer una sospechosa exportación que debe investigarse por los indicios razonables de corrupción, como lo ha popularizado la frase: “¿Camisea o Coimasea”?
Merino hizo un llamado a la población para finalizar sus medidas de fuerza y evitar así más violencia por esta protesta contra la exportación del gas de Camisea. También demandó al Gobierno asumir su responsabilidad y promover el diálogo para explicar a la población la cuestión del gas, que se produce en esa región.
La protesta fue organizada por el frente de defensa de los intereses de La Convención, la federación campesina, cocalera y algunos alcaldes.
Hoy se cumplen diez días de paro, que están causando un promedio de un millón de soles diarios de pérdidas.
Cientos de pobladores protestaban frente a la comisaría de Quillabamba, exigiendo la liberación de los detenidos. No obstante, esta tarde la Defensora del Pueblo aseguró que ya no hay detenidos.
Según declararon a la prensa, los dirigentes culpan al presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, de no tener voluntad de diálogo, lo cual es negado por éste.
Velásquez Quesquén reiteró que para iniciar una mesa de diálogo los manifestantes deben levantar las medidas de fuerza.
Hasta el momento el único intermediario que se ha presentado en la zona ha sido un representante de la Defensoría del Pueblo, que está contando con los buenos oficios de la Iglesia Católica.
Como se sabe el gobierno ofreció atender el mercado interno y asegurar el consumo nacional por 20 años, pero se niega a atender las necesidades de gas de 22 empresas peruanas que hasta ahora lo requieren.
En cambio propiciar la exportación a precio vil, con el agravante de que en cuatro años no ha instalado conexiones domiciliarias de gas, excepto a unas cinco mil viviendas, cuando en tiempo similar Colombia instaló conexiones de gas para cinco millones de domicilios.
Si bien es cierto que los pobladores están transgrediendo la ley al tomar carreteras, el Gobierno también burla las leyes para favorecer una sospechosa exportación que debe investigarse por los indicios razonables de corrupción, como lo ha popularizado la frase: “¿Camisea o Coimasea”?
