¿Nacionalización de los hidrocarburos como en Bolivia?
Lecciones de un modelo fallido
Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)
A pedido de muchos lectores el http://kuraka.blogspot.com será destinado a la publicación de artículos referidos al subsector de los hidrocarburos y electricidad difundiendo artículos propios o de otros autores que puedan ser considerados de interés público. De allí, la importancia en esta ocasión de presentar dos artículos del señor Andrés Soliz Rada, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia publicados en la revista electrónica “Rebanadas de Realidad”.
Lecciones de un modelo fallido
Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)
A pedido de muchos lectores el http://kuraka.blogspot.com será destinado a la publicación de artículos referidos al subsector de los hidrocarburos y electricidad difundiendo artículos propios o de otros autores que puedan ser considerados de interés público. De allí, la importancia en esta ocasión de presentar dos artículos del señor Andrés Soliz Rada, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia publicados en la revista electrónica “Rebanadas de Realidad”.
Éste de manera crítica expone la realidad de los hidrocarburos en dicho país, en especial a partir de la política económica adoptada por el presidente Evo Morales a través del llamado Decreto 28701 del 1/05/2006 más conocido como la ley de la nacionalización de los hidrocarburos en el país altiplánico, que si bien incrementaba la participación del Estado en la renta de hidrocarburos, en la realidad ha desestimulado la inversión, con menores volúmenes producidos en gas y petróleo, incrementando de manera insostenible los subsidios para mantener “congelados” los precios internos de los combustibles.
Analizar la problemática boliviana en materia de hidrocarburos en especial en el período mayo 2006 a la fecha resulta indispensable para evaluar los resultados de las políticas populistas, que alguna vez el Perú también asumió. Esto resulta necesario en nuestro país en la medida que en el debate programático de cara a las próximas elecciones de abril del 2011, un tema central será la pretendida nacionalización o estatización de los recursos en el sector de hidrocarburos en especial en el programa del comandante Ollanta Humala, en razón de los cuestionamientos a la exportación del gas natural licuefactado de Camisea, y al supuesto desabastecimiento en la dotación del gas para el mercado interno. En otras palabras ¿Qué hacer en el sector de hidrocarburos?
No compartiendo en lo fundamental las tesis planteadas del autor boliviano como receta para el Perú, es importante destacar los resultados alcanzados producto de la pretendida nacionalización de los hidrocarburos en nuestro vecino. Por razones históricas el modelo boliviano se ha experimentado hace más de cuatro décadas cuando el Gobierno Militar de 1968 nacionalizó la industria del petróleo.
EL SINDROME EVONIANO
Si se trata de evaluar los resultados, que debiera ser el criterio de verdad, en Bolivia, no solamente no se han incrementado, según Andrés Soliz, las reservas de gas natural de los yacimientos de Tarija y Santa Cruz, sino que con conocimiento de causa del autor estas fueron sobrestimadas por encima de los 45 trillones de pies cúbicos (TCF en nomenclatura anglosajona) para justificar la exportación del gas boliviano hacia la Argentina y el Brasil. Y en la realidad no serían mayores a los 9 TCF lo cual resultaría complicado para la viabilidad de proyectos a largo plazo, si es que no se confirman mayores reservas.
Con la información disponible el ministerio de hidrocarburos de Bolivia presentaba las reservas de gas natural sumando las reservas probadas y probables que teóricamente superaban los 45 trillones de pies cúbicos, cuando en verdad las reservas probadas eran mucho menores.
Como el “camino al infierno está sembrado de buenas intenciones”, en materia petrolera, Bolivia produce cada vez menos crudo, así se verifica una caída de la producción de 10,200 barriles diarios de hidrocarburos que se extraían hace dos años para alcanzar en el 2010 una producción de 4,900 barriles por día, con tendencia a la baja.
Así, frente a una demanda diaria de 60 mil barriles la diferencia se tiene que saldar con importaciones. Así, la economía boliviana no solamente compra en el exterior petróleo crudo en volúmenes crecientes y a precios alzados sino también diesel 2 y gasolinas, que se tiene que vender a un precio regulado en el mercado interno.
Así, por la propia legislación vigente en dicho país que establece el congelamiento de los precios de los combustibles para el mercado interno con un precio del crudo puesto en refinería de US$ 27 por barril. Así, los diferenciales de precios del crudo y derivados importados los tiene que asumir el Estado boliviano, con crecientes subsidios que limitan la caja fiscal, que para diciembre del 2010 fueron técnicamente insostenibles, lo cual explica el “gasolinazo” de más de 82% incrementando el llamado “impuesto especial a los hidrocarburos y derivados”, que fue rechazado por el pueblo .
En 2010, Bolivia debió comprar petróleo y gasolinas, principalmente a Venezuela, gas licuado de petróleo de Argentina y Perú- por US$ 666 millones de dólares, y el subsidio al combustible significó para el fisco más de US$ 380 millones de dólares. Para el año 2011, el Vicepresidente Álvaro García Linera proyecta las importaciones de crudo y derivados en cerca a US$ 1,000 millones de dólares lo cual hace cada vez más insostenible el mantenimiento de un oneroso subsidio.
Esto significaría que si el precio del barril de petróleo está sobre los US$ 90 dólares en el mercado internacional, el Estado boliviano tiene que transarlo internamente a US$ 27 dólares, y con respecto a la producción interna el precio congelado no constituye un estímulo para las empresas, pues en verdad solamente perciben US$ 10 dólares y el resto está constituido por impuestos.
Las consecuencias de ello saltan a la vista. No solamente se produce cada vez menos, con la falta de inversión en la exploración de riesgo así se perforan apenas dos o un pozo exploratorio por año, no se reponen las reservas de gas ni de crudo, la capacidad del ducto del gas no se incrementa, y lo más grave el subsidio resulta insostenible para la caja fiscal, a pesar de la creciente participación del Estado en las regalías de hidrocarburos de hasta el 82% del valor de la producción. En otras palabras, con las mayores regalías se financian las importaciones.
LAS ABERRACIONES
En el debate pasado entre los “sectores nacionalistas” que se oponían al proyecto de exportación del gas de Camisea, más por una cuestión de principios e ideología, se exponía como un modelo de exportación de gas natural la experiencia boliviana, que con precios renegociados de US$ 5 dólares el millón de BTU (unidad de calor) en promedio para el Brasil y Argentina, resultaban superiores a los precios regulados del gas natural proveniente del lote 88 de Camisea, alrededor de US$ 1.70 por millón de BTU para la generación eléctrica y por más de US$ 2.80 para el consumo industrial, evidentemente estos precios en boca de pozo resultaban inferiores a los precios de exportación del gobierno de Evo Morales.
Sin embargo, los admiradores del modelo boliviano se guardaban de señalar que las exportaciones de gas natural hacia el Brasil y Argentina están constituidas por un gas húmedo, donde en el Brasil se separan los líquidos que tienen un valor tan alto como el petróleo. Por ello, el autor con justeza señala: “Fue imperdonable suscribir el contrato de venta de gas al Brasil, en 1997, sin instalar una planta separadora de líquidos, con lo que se repitió el error de la venta de gas a la Argentina, iniciada en 1972”.
Esta constituye una diferencia fundamental con la experiencia de Camisea donde la separación entre el gas y los líquidos en la Planta de Malvinas permite valorizar en mejores términos los hidrocarburos producidos en el país. De allí, que el grueso de los ingresos del Consorcio Camisea en más del 85% del valor, y también de los ingresos fiscales provienen de la extracción y comercialización de los líquidos que tienen una cotización internacional.
EPÍLOGO
En verdad, son tantas las aberraciones de la experiencia boliviana propias de una película ya vista en el Perú, un “deja vu” donde los subsidios eran de tales dimensiones que un litro de gaseosa costaba más que un litro de gasolina, o cuando el Estado tenía que asumir las inversiones de riesgo.
Analizar la problemática boliviana en materia de hidrocarburos en especial en el período mayo 2006 a la fecha resulta indispensable para evaluar los resultados de las políticas populistas, que alguna vez el Perú también asumió. Esto resulta necesario en nuestro país en la medida que en el debate programático de cara a las próximas elecciones de abril del 2011, un tema central será la pretendida nacionalización o estatización de los recursos en el sector de hidrocarburos en especial en el programa del comandante Ollanta Humala, en razón de los cuestionamientos a la exportación del gas natural licuefactado de Camisea, y al supuesto desabastecimiento en la dotación del gas para el mercado interno. En otras palabras ¿Qué hacer en el sector de hidrocarburos?
No compartiendo en lo fundamental las tesis planteadas del autor boliviano como receta para el Perú, es importante destacar los resultados alcanzados producto de la pretendida nacionalización de los hidrocarburos en nuestro vecino. Por razones históricas el modelo boliviano se ha experimentado hace más de cuatro décadas cuando el Gobierno Militar de 1968 nacionalizó la industria del petróleo.
EL SINDROME EVONIANO
Si se trata de evaluar los resultados, que debiera ser el criterio de verdad, en Bolivia, no solamente no se han incrementado, según Andrés Soliz, las reservas de gas natural de los yacimientos de Tarija y Santa Cruz, sino que con conocimiento de causa del autor estas fueron sobrestimadas por encima de los 45 trillones de pies cúbicos (TCF en nomenclatura anglosajona) para justificar la exportación del gas boliviano hacia la Argentina y el Brasil. Y en la realidad no serían mayores a los 9 TCF lo cual resultaría complicado para la viabilidad de proyectos a largo plazo, si es que no se confirman mayores reservas.
Con la información disponible el ministerio de hidrocarburos de Bolivia presentaba las reservas de gas natural sumando las reservas probadas y probables que teóricamente superaban los 45 trillones de pies cúbicos, cuando en verdad las reservas probadas eran mucho menores.
Como el “camino al infierno está sembrado de buenas intenciones”, en materia petrolera, Bolivia produce cada vez menos crudo, así se verifica una caída de la producción de 10,200 barriles diarios de hidrocarburos que se extraían hace dos años para alcanzar en el 2010 una producción de 4,900 barriles por día, con tendencia a la baja.
Así, frente a una demanda diaria de 60 mil barriles la diferencia se tiene que saldar con importaciones. Así, la economía boliviana no solamente compra en el exterior petróleo crudo en volúmenes crecientes y a precios alzados sino también diesel 2 y gasolinas, que se tiene que vender a un precio regulado en el mercado interno.
Así, por la propia legislación vigente en dicho país que establece el congelamiento de los precios de los combustibles para el mercado interno con un precio del crudo puesto en refinería de US$ 27 por barril. Así, los diferenciales de precios del crudo y derivados importados los tiene que asumir el Estado boliviano, con crecientes subsidios que limitan la caja fiscal, que para diciembre del 2010 fueron técnicamente insostenibles, lo cual explica el “gasolinazo” de más de 82% incrementando el llamado “impuesto especial a los hidrocarburos y derivados”, que fue rechazado por el pueblo .
En 2010, Bolivia debió comprar petróleo y gasolinas, principalmente a Venezuela, gas licuado de petróleo de Argentina y Perú- por US$ 666 millones de dólares, y el subsidio al combustible significó para el fisco más de US$ 380 millones de dólares. Para el año 2011, el Vicepresidente Álvaro García Linera proyecta las importaciones de crudo y derivados en cerca a US$ 1,000 millones de dólares lo cual hace cada vez más insostenible el mantenimiento de un oneroso subsidio.
Esto significaría que si el precio del barril de petróleo está sobre los US$ 90 dólares en el mercado internacional, el Estado boliviano tiene que transarlo internamente a US$ 27 dólares, y con respecto a la producción interna el precio congelado no constituye un estímulo para las empresas, pues en verdad solamente perciben US$ 10 dólares y el resto está constituido por impuestos.
Las consecuencias de ello saltan a la vista. No solamente se produce cada vez menos, con la falta de inversión en la exploración de riesgo así se perforan apenas dos o un pozo exploratorio por año, no se reponen las reservas de gas ni de crudo, la capacidad del ducto del gas no se incrementa, y lo más grave el subsidio resulta insostenible para la caja fiscal, a pesar de la creciente participación del Estado en las regalías de hidrocarburos de hasta el 82% del valor de la producción. En otras palabras, con las mayores regalías se financian las importaciones.
LAS ABERRACIONES
En el debate pasado entre los “sectores nacionalistas” que se oponían al proyecto de exportación del gas de Camisea, más por una cuestión de principios e ideología, se exponía como un modelo de exportación de gas natural la experiencia boliviana, que con precios renegociados de US$ 5 dólares el millón de BTU (unidad de calor) en promedio para el Brasil y Argentina, resultaban superiores a los precios regulados del gas natural proveniente del lote 88 de Camisea, alrededor de US$ 1.70 por millón de BTU para la generación eléctrica y por más de US$ 2.80 para el consumo industrial, evidentemente estos precios en boca de pozo resultaban inferiores a los precios de exportación del gobierno de Evo Morales.
Sin embargo, los admiradores del modelo boliviano se guardaban de señalar que las exportaciones de gas natural hacia el Brasil y Argentina están constituidas por un gas húmedo, donde en el Brasil se separan los líquidos que tienen un valor tan alto como el petróleo. Por ello, el autor con justeza señala: “Fue imperdonable suscribir el contrato de venta de gas al Brasil, en 1997, sin instalar una planta separadora de líquidos, con lo que se repitió el error de la venta de gas a la Argentina, iniciada en 1972”.
Esta constituye una diferencia fundamental con la experiencia de Camisea donde la separación entre el gas y los líquidos en la Planta de Malvinas permite valorizar en mejores términos los hidrocarburos producidos en el país. De allí, que el grueso de los ingresos del Consorcio Camisea en más del 85% del valor, y también de los ingresos fiscales provienen de la extracción y comercialización de los líquidos que tienen una cotización internacional.
EPÍLOGO
En verdad, son tantas las aberraciones de la experiencia boliviana propias de una película ya vista en el Perú, un “deja vu” donde los subsidios eran de tales dimensiones que un litro de gaseosa costaba más que un litro de gasolina, o cuando el Estado tenía que asumir las inversiones de riesgo.
De allí, la necesidad de preservar el equilibrio sin abusos de posiciones dominantes, fomentando la inversión de riesgo con precios atractivos a la inversión que repongan las reservas de gas y crudo consumidas. En una economía moderna la regulación resulta fundamental de allí la necesidad de incrementar la participación del Estado donde sea de necesidad, fomentando la inversión privada de riesgo.
Teniendo en consideración que el promedio de la tasa de regalías que abonan las empresas en el sector de hidrocarburos en nuestro país bordea el 32% del valor de la producción que sumada a la participación efectiva del impuesto a la renta, incrementa la participación fiscal a casi el 40% del valor. Con la salvedad, que algunas empresas del sector abonan regalías del 50% sobre el valor de la producción, se podría afirmar que dicha participación resulta razonable.
Lamentablemente nuestro país no tiene la filiación de hidrocarburos como Venezuela o México, y la industria del gas se está construyendo, por ello el efecto Camisea, con todos sus beneficios y defectos debe ser reconocido como fundamental para el Perú. De allí, la necesidad de priorizar el mercado interno con precios del petróleo y gas que estimulen la inversión. ¡De lo contrario el síndrome boliviano está a la vuelta de la esquina!.
Sin embargo, en materia de petróleo crudo seguimos dependiendo del petróleo importado, como se puede observar en el cuadro “Perú: Saldo de la Balanza Comercial de Hidrocarburos”, donde a pesar del efectos Camisea, los resultados en la balanza comercial son negativos, de allí la necesidad para el próximo gobierno de alcanzar la autonomía energética con políticas sensatas, ajenas al populismo en los precios y regulando los abusos de mercado.
¿Hubo nacionalización?
Por Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia
Rebanadas de Realidad - La Paz, 08/01/11.-
El Decreto 28701, de 01-05-06, muestra la voluntad de lograr que “el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los hidrocarburos. No obstante, la disposición legal no podía implicar la expulsión de las compañías, si no se quería paralizar la producción y desabastecer el mercado interno, ya que YPFB carecía de la posibilidad de reemplazarlas de inmediato. Se optó, en consecuencia, por una nacionalización gradual, que debía consolidarse mediante la transferencia al ente estatal del 50 % más uno de las acciones de Transredes, Chaco, Andina y las AFP. En mi opinión, debió procederse a la expropiación de acciones, dentro del orden constitucional vigente en ese momento. Para otras personas del entorno presidencial (que impusieron su criterio) se debía comprar ese monto accionario de Petrobrás, British Petróleum, Repsol y Total, con interminables negociaciones previas.
La suma a pagarse tenía que depender de auditorias, las que mostrarían las inversiones, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad de cada empresa. En su artículo 4, el Decreto incrementó la tributación en los mega campos del 50 % (Ley de Hidrocarburos 3058, del 17-05-05, previa al gobierno de Evo Morales) al 82 %. Si bien las petroleras pagaron ese incremento, al no tomarse en cuenta los resultados de las auditorias en los nuevos contratos, el país tuvo que devolver ese excedente, de manera que la tercera nacionalización sólo consiguió mayores ingresos por el incremento de las cotizaciones internacionales y no por efectos del decreto. El ocultamiento de las auditorias (hasta el día de hoy), hizo que YPFB aceptara las cifras de las empresas, lo que terminó por desvirtuar la medida.
La nacionalización gradual necesitaba para avanzar con firmeza de una profunda reestructuración de YPFB. Los profesionales que realizaron las auditorias, bajo la orientación de los ingenieros Javier Escobar y Enrique Mariaca, conformaron un equipo humano confiable para cumplir esa tarea. En lugar de ello, se prefirió el egoísmo sectario. Evo y Álvaro García creyeron posible lograr que la nacionalización se afirme sometiéndose a Petrobrás. Grave error. La única manera de hacerlo era negociar desde la posición de fuerza que teníamos al existir una dramática dependencia del gigante complejo industrial de San Pablo del gas boliviano, del que no podía prescindir. La estratégica ventaja se perdió un año después, cuando Brasil consiguió su autosuficiencia en gas.
Consolidar la nacionalización implicaba una sólida cohesión interna. Fue correcto derrotar al separatismo de la “Nación Camba”, así como erradicar el colonialismo interno. Pero fue erróneo imponer el reconocimiento constitucional a 36 inexistentes naciones indígenas, que fragmentaron la conciencia nacional. Cinco años después del Decreto del 01-05-06, el país no ha exportado ni un metro cúbico de gas con valor agregado, importa diesel, gasolina y GLP, el cambio de matriz energética está en pañales, no tenemos plantas separadoras de líquidos y la posibilidad de gasoductos al Mutún, al salar de Uyuni y al occidente del país es un sueño lejano. No se determinó en los contratos un cronograma de desembolsos para explorar y desarrollar nuevos campos. YPFB no es capaz de calcular el monto de nuestras reservas.
Teniendo en consideración que el promedio de la tasa de regalías que abonan las empresas en el sector de hidrocarburos en nuestro país bordea el 32% del valor de la producción que sumada a la participación efectiva del impuesto a la renta, incrementa la participación fiscal a casi el 40% del valor. Con la salvedad, que algunas empresas del sector abonan regalías del 50% sobre el valor de la producción, se podría afirmar que dicha participación resulta razonable.
Lamentablemente nuestro país no tiene la filiación de hidrocarburos como Venezuela o México, y la industria del gas se está construyendo, por ello el efecto Camisea, con todos sus beneficios y defectos debe ser reconocido como fundamental para el Perú. De allí, la necesidad de priorizar el mercado interno con precios del petróleo y gas que estimulen la inversión. ¡De lo contrario el síndrome boliviano está a la vuelta de la esquina!.
Sin embargo, en materia de petróleo crudo seguimos dependiendo del petróleo importado, como se puede observar en el cuadro “Perú: Saldo de la Balanza Comercial de Hidrocarburos”, donde a pesar del efectos Camisea, los resultados en la balanza comercial son negativos, de allí la necesidad para el próximo gobierno de alcanzar la autonomía energética con políticas sensatas, ajenas al populismo en los precios y regulando los abusos de mercado.
¿Hubo nacionalización?
Por Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia
Rebanadas de Realidad - La Paz, 08/01/11.-
El Decreto 28701, de 01-05-06, muestra la voluntad de lograr que “el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los hidrocarburos. No obstante, la disposición legal no podía implicar la expulsión de las compañías, si no se quería paralizar la producción y desabastecer el mercado interno, ya que YPFB carecía de la posibilidad de reemplazarlas de inmediato. Se optó, en consecuencia, por una nacionalización gradual, que debía consolidarse mediante la transferencia al ente estatal del 50 % más uno de las acciones de Transredes, Chaco, Andina y las AFP. En mi opinión, debió procederse a la expropiación de acciones, dentro del orden constitucional vigente en ese momento. Para otras personas del entorno presidencial (que impusieron su criterio) se debía comprar ese monto accionario de Petrobrás, British Petróleum, Repsol y Total, con interminables negociaciones previas.
La suma a pagarse tenía que depender de auditorias, las que mostrarían las inversiones, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad de cada empresa. En su artículo 4, el Decreto incrementó la tributación en los mega campos del 50 % (Ley de Hidrocarburos 3058, del 17-05-05, previa al gobierno de Evo Morales) al 82 %. Si bien las petroleras pagaron ese incremento, al no tomarse en cuenta los resultados de las auditorias en los nuevos contratos, el país tuvo que devolver ese excedente, de manera que la tercera nacionalización sólo consiguió mayores ingresos por el incremento de las cotizaciones internacionales y no por efectos del decreto. El ocultamiento de las auditorias (hasta el día de hoy), hizo que YPFB aceptara las cifras de las empresas, lo que terminó por desvirtuar la medida.
La nacionalización gradual necesitaba para avanzar con firmeza de una profunda reestructuración de YPFB. Los profesionales que realizaron las auditorias, bajo la orientación de los ingenieros Javier Escobar y Enrique Mariaca, conformaron un equipo humano confiable para cumplir esa tarea. En lugar de ello, se prefirió el egoísmo sectario. Evo y Álvaro García creyeron posible lograr que la nacionalización se afirme sometiéndose a Petrobrás. Grave error. La única manera de hacerlo era negociar desde la posición de fuerza que teníamos al existir una dramática dependencia del gigante complejo industrial de San Pablo del gas boliviano, del que no podía prescindir. La estratégica ventaja se perdió un año después, cuando Brasil consiguió su autosuficiencia en gas.
Consolidar la nacionalización implicaba una sólida cohesión interna. Fue correcto derrotar al separatismo de la “Nación Camba”, así como erradicar el colonialismo interno. Pero fue erróneo imponer el reconocimiento constitucional a 36 inexistentes naciones indígenas, que fragmentaron la conciencia nacional. Cinco años después del Decreto del 01-05-06, el país no ha exportado ni un metro cúbico de gas con valor agregado, importa diesel, gasolina y GLP, el cambio de matriz energética está en pañales, no tenemos plantas separadoras de líquidos y la posibilidad de gasoductos al Mutún, al salar de Uyuni y al occidente del país es un sueño lejano. No se determinó en los contratos un cronograma de desembolsos para explorar y desarrollar nuevos campos. YPFB no es capaz de calcular el monto de nuestras reservas.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), entidad que aglutina a las petroleras, condicionó sus inversiones al “gasolinazo” del 26-XII-10. En mi gestión, dejamos establecido que la CBH no era interlocutor válido para el gobierno y que hablaríamos con las compañías una por una y no como si se tratara de un sindicato de transnacionales.
Gas, el saqueo continúa
Por Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia
Rebanadas de Realidad - La Paz, 17/12/10.-
Los cronogramas de exportación de gas tienen, casi siempre, cumplimiento estricto. El primero de enero próximo, las ventas a la Argentina se incrementarán de 5.0 a 7.7 Millones de Metros Cúbicos Día (mmmcd). El 2012, a 11. El 2026, a 27.7. El Presidente de YPFB, Carlos Villegas, se apresta a reanudar el envío de gas a la termoeléctrica de la ENRON en Cuiabá (Brasil). Cristian Inchausti, de YPFB Transporte, dijo que el gasoducto a San Pablo será ampliado de 30 a 40 mmmcd. Petrobrás, Repsol (socia de YPF Argentina) y British Gas desarrollarán nuevos campos sólo para satisfacer requerimientos externos. Los anuncios se producen después que Brasil descubrió grandes reservorios en su mar territorial y YPF argentino en Neuquén. Este último fue calificado de fraudulento. Servirán, sin embargo, para rebajar el precio del gas boliviano.
El uso interno del gas es incierto. No existe proyecto para llevar gas al salar de Uyuni, a fin de industrializar el litio y el potasio. No habrá gas para los centros mineros de Potosí, Oruro y La Paz. La siderurgia del Mutún está in viabilizada por falta de gas. Las cementeras no abastecen el mercado interno por carencia del energético. El uso intensivo del gas para modernizar nuestra agricultura es aún una utopía. Muchas de las redes de gas domiciliario podrían quedar sin uso. Bernardo Prado Liévano ha escrito con amargura que Petrobrás invertirá 4.700 millones de dólares para industrializar el gas boliviano… en Brasil. Saúl Escalera lamentó que Villegas hubiera ignorado los proyectos de factibilidad que elaboró, el año 2008, para producir úrea y amoniaco en el Chapare (Cochabamba). En consecuencia, Brasil, que importa estos productos de Ucrania, será autosuficiente en fertilizantes gracias a nuestro insumo.
Las aberraciones en política energética no tienen fin. Fue imperdonable suscribir el contrato de venta de gas al Brasil, en 1997, sin instalar una planta separadora de líquidos, con lo que se repitió el error de la venta de gas a la Argentina, iniciada en 1972. Ahora, otra vez, se considera impertinente condicionar nuevas exportaciones al funcionamiento de esas plantas. Los nuevos contratos, firmados después de la nacionalización de Evo Morales, debieron haber obligado a las compañías a desembolsos en exploración. En 1999, Brasil se negó a comprar electricidad del Chapare para la termoeléctrica de Cuibá. Ya entonces advirtió: “Brasil sólo compra de Bolivia gas sin valor agregado”. YPFB negocia nuevas exportaciones, esta vez a Chile.
Villegas, quien no difunde las auditorias a las petroleras desde el 2006, elaboró planes estratégicos con cálculos de reservas de De Goyler and MacNaugton que resultaron falsos, según la Ryder Scott. De Goyler las sextuplicó para que se firmaran inviables contratos de venta a México y EEUU, los que debían servir a las compañías para anotar como propias todas nuestras reservas presentes y futuras, en las Bolsas de valores. Ryder Scott las redujo a un tercio para castigarnos por la nacionalización del 01-05-06. La información sobre las reservas tiene para Bolivia valor estratégico, pero no es un problema difícil de resolver. Para ello debe contar con sus propios informes, los que serán los únicos confiables.
Necesita, en consecuencia, partir, como indica el ingeniero Dante Gumiel, de las reservas calculadas electrónicamente en tiempo real de cada uno de los campos, mediante un sistema informático basado en la ley de los gases ideales y reales. Requiere tener datos continuos de reservorios, presiones, temperaturas, volúmenes de producción y condensados, anexos al programa Scada (ordenador de control de producción) de cada empresa. Los datos sobre el volumen de nuestras reservas nos servirían, por lo menos, para conocer los ritmos del saqueo y lo lejano que se halla el uso industrial del energético.
Visítenos en nuestra página web: www.mancozaconetti.com y en nuestro blogs: http://kuraka.blogspot.com
Gas, el saqueo continúa
Por Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia
Rebanadas de Realidad - La Paz, 17/12/10.-
Los cronogramas de exportación de gas tienen, casi siempre, cumplimiento estricto. El primero de enero próximo, las ventas a la Argentina se incrementarán de 5.0 a 7.7 Millones de Metros Cúbicos Día (mmmcd). El 2012, a 11. El 2026, a 27.7. El Presidente de YPFB, Carlos Villegas, se apresta a reanudar el envío de gas a la termoeléctrica de la ENRON en Cuiabá (Brasil). Cristian Inchausti, de YPFB Transporte, dijo que el gasoducto a San Pablo será ampliado de 30 a 40 mmmcd. Petrobrás, Repsol (socia de YPF Argentina) y British Gas desarrollarán nuevos campos sólo para satisfacer requerimientos externos. Los anuncios se producen después que Brasil descubrió grandes reservorios en su mar territorial y YPF argentino en Neuquén. Este último fue calificado de fraudulento. Servirán, sin embargo, para rebajar el precio del gas boliviano.
El uso interno del gas es incierto. No existe proyecto para llevar gas al salar de Uyuni, a fin de industrializar el litio y el potasio. No habrá gas para los centros mineros de Potosí, Oruro y La Paz. La siderurgia del Mutún está in viabilizada por falta de gas. Las cementeras no abastecen el mercado interno por carencia del energético. El uso intensivo del gas para modernizar nuestra agricultura es aún una utopía. Muchas de las redes de gas domiciliario podrían quedar sin uso. Bernardo Prado Liévano ha escrito con amargura que Petrobrás invertirá 4.700 millones de dólares para industrializar el gas boliviano… en Brasil. Saúl Escalera lamentó que Villegas hubiera ignorado los proyectos de factibilidad que elaboró, el año 2008, para producir úrea y amoniaco en el Chapare (Cochabamba). En consecuencia, Brasil, que importa estos productos de Ucrania, será autosuficiente en fertilizantes gracias a nuestro insumo.
Las aberraciones en política energética no tienen fin. Fue imperdonable suscribir el contrato de venta de gas al Brasil, en 1997, sin instalar una planta separadora de líquidos, con lo que se repitió el error de la venta de gas a la Argentina, iniciada en 1972. Ahora, otra vez, se considera impertinente condicionar nuevas exportaciones al funcionamiento de esas plantas. Los nuevos contratos, firmados después de la nacionalización de Evo Morales, debieron haber obligado a las compañías a desembolsos en exploración. En 1999, Brasil se negó a comprar electricidad del Chapare para la termoeléctrica de Cuibá. Ya entonces advirtió: “Brasil sólo compra de Bolivia gas sin valor agregado”. YPFB negocia nuevas exportaciones, esta vez a Chile.
Villegas, quien no difunde las auditorias a las petroleras desde el 2006, elaboró planes estratégicos con cálculos de reservas de De Goyler and MacNaugton que resultaron falsos, según la Ryder Scott. De Goyler las sextuplicó para que se firmaran inviables contratos de venta a México y EEUU, los que debían servir a las compañías para anotar como propias todas nuestras reservas presentes y futuras, en las Bolsas de valores. Ryder Scott las redujo a un tercio para castigarnos por la nacionalización del 01-05-06. La información sobre las reservas tiene para Bolivia valor estratégico, pero no es un problema difícil de resolver. Para ello debe contar con sus propios informes, los que serán los únicos confiables.
Necesita, en consecuencia, partir, como indica el ingeniero Dante Gumiel, de las reservas calculadas electrónicamente en tiempo real de cada uno de los campos, mediante un sistema informático basado en la ley de los gases ideales y reales. Requiere tener datos continuos de reservorios, presiones, temperaturas, volúmenes de producción y condensados, anexos al programa Scada (ordenador de control de producción) de cada empresa. Los datos sobre el volumen de nuestras reservas nos servirían, por lo menos, para conocer los ritmos del saqueo y lo lejano que se halla el uso industrial del energético.
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