Kallop debe pagar US$ 270 millones de I. a la Renta
Por Humberto Campodónico
Ayer martes, en aviso pagado, los compradores de Petro-Tech afirman que la operación de compra-venta de las acciones de Offshore International Group, realizada en el extranjero, no tiene que pagar impuestos porque así lo dispone la legislación peruana. Como la empresa se vendió por US$ 900 millones, el impuesto a la renta de 30% asciende a US$ 270 millones, cifra que los peruanos vamos a dejar de recibir.
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¿Por qué sale ahora este aviso pagado? Porque la Comisión Investigadora del Congreso sobre la venta de Petro-Tech acaba de dar a conocer su informe final, en el que se establece que dicha venta sí debe pagar impuestos en el Perú. Eso es lo que tiene preocupados a Ecopetrol (estatal de petróleo colombiana) y a la coreana KNOC.
Los argumentos de la Comisión tienen sólidos fundamentos jurídicos que no es posible tratar extensamente en este artículo. Dice el Informe de la Comisión que es incorrecta la cesión contractual (en cristiano, la venta de Petro-Tech) porque no se respetaron los derechos de Petroperú (después sustituida por Perupetro). Afirma la Comisión que conforme al Art. V del Código Civil este acto jurídico carece de validez porque contraviene normas de orden público. Importante.
Con respecto al no pago de impuesto a la renta en el Perú, dice la Comisión que “resulta a todas luces infundado desde una perspectiva jurídica sostener que una transferencia indirecta del capital accionario con derecho a voto dentro del propio Contratista pueda ser el medio eficaz y eficiente para enervar o anular la potestad estatal de soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales”. Aquí la Comisión alude a las maniobras de Kallop para lesionar los derechos del Estado. Solo cabe agregar que existen funcionarios del Estado cómplices de esta ilegal y dolosa situación.
El Informe también describe cómo Petro-Tech, durante varios años, utilizó el IGV —que le era reembolsado por Perupetro— como un crédito fiscal ante Sunat para disminuir el pago del impuesto a la renta (¿pueden creer que hiciera eso una empresa?). Esto cuesta al fisco nada menos que US$ 78 millones, lo que ha sido ya acotado por Sunat. También dice la Comisión que los montos que declara pagar Petro-Tech a Sunat por impuesto a la renta desde 1994 al 2007 “no cuadran” por lo que hay “una considerable suma registrada a favor de Petro-Tech”.
Podríamos seguir con los hallazgos de la Comisión, pero estos serán ampliamente discutidos en los próximos días. Desde nuestro punto de vista, sus argumentos debieran ir más allá de la propuesta de renegociación del contrato y plantear su nulidad, de tal manera que Petroperú pueda volver a la explotación de petróleo y a la necesaria integración vertical.
Dicho esto, seguramente se pondrá en marcha una maquinaria política para desprestigiar a la Comisión con el objetivo de que sus conclusiones, así como las responsabilidades políticas que establece queden en nada. No olvidemos, además, que la Comisión ha mostrado vínculos entre Petro-Tech y Business Track (viajes de Giselle Gianotti), todo lo cual tiene relación con el escándalo de los petroaudios, por lo que se quiere barrer bajo la alfombra. Veremos qué sucede en la discusión en el Pleno del Congreso dentro de unos días, aunque parece que ya las decisiones están tomadas.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
Los argumentos de la Comisión tienen sólidos fundamentos jurídicos que no es posible tratar extensamente en este artículo. Dice el Informe de la Comisión que es incorrecta la cesión contractual (en cristiano, la venta de Petro-Tech) porque no se respetaron los derechos de Petroperú (después sustituida por Perupetro). Afirma la Comisión que conforme al Art. V del Código Civil este acto jurídico carece de validez porque contraviene normas de orden público. Importante.
Con respecto al no pago de impuesto a la renta en el Perú, dice la Comisión que “resulta a todas luces infundado desde una perspectiva jurídica sostener que una transferencia indirecta del capital accionario con derecho a voto dentro del propio Contratista pueda ser el medio eficaz y eficiente para enervar o anular la potestad estatal de soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales”. Aquí la Comisión alude a las maniobras de Kallop para lesionar los derechos del Estado. Solo cabe agregar que existen funcionarios del Estado cómplices de esta ilegal y dolosa situación.
El Informe también describe cómo Petro-Tech, durante varios años, utilizó el IGV —que le era reembolsado por Perupetro— como un crédito fiscal ante Sunat para disminuir el pago del impuesto a la renta (¿pueden creer que hiciera eso una empresa?). Esto cuesta al fisco nada menos que US$ 78 millones, lo que ha sido ya acotado por Sunat. También dice la Comisión que los montos que declara pagar Petro-Tech a Sunat por impuesto a la renta desde 1994 al 2007 “no cuadran” por lo que hay “una considerable suma registrada a favor de Petro-Tech”.
Podríamos seguir con los hallazgos de la Comisión, pero estos serán ampliamente discutidos en los próximos días. Desde nuestro punto de vista, sus argumentos debieran ir más allá de la propuesta de renegociación del contrato y plantear su nulidad, de tal manera que Petroperú pueda volver a la explotación de petróleo y a la necesaria integración vertical.
Dicho esto, seguramente se pondrá en marcha una maquinaria política para desprestigiar a la Comisión con el objetivo de que sus conclusiones, así como las responsabilidades políticas que establece queden en nada. No olvidemos, además, que la Comisión ha mostrado vínculos entre Petro-Tech y Business Track (viajes de Giselle Gianotti), todo lo cual tiene relación con el escándalo de los petroaudios, por lo que se quiere barrer bajo la alfombra. Veremos qué sucede en la discusión en el Pleno del Congreso dentro de unos días, aunque parece que ya las decisiones están tomadas.
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