Se venden 100 activos a precio de huevo
Jorge Manco Zaconetti
En diversas entrevistas y declaraciones el nuevo presidente del directorio de PetroPerú, el Sr. Oliver Stark ha demostrado su profundo desconocimiento del sector de hidrocarburos, y de las causas que han llevado a la petrolera estatal a una crisis de liquidez, a una pérdida de participación en el mercado de combustibles frente a la competencia de transnacionales como Repsol, Valero y Exxon Mobil, que tienen sus sicarios en la prensa, demandando la liquidación de PetroPerú, o que se declare su insolvencia, para que sus acreedores asuman la administración.
Con una falta de capital de trabajo, y pasivos corrientes al cierre de 2023 de US $ 4,242 millones de dólares, con cuentas por pagar comerciales al primer trimestre del 2024 de US $ 1,987 millones, que básicamente se explican por la compra de crudo y derivados a proveedores nacionales e internacionales necesarios para abastecer el mercado nacional; con menores ingresos por ventas, con utilidades operativas y netas en rojo, que serán mayores al mes de junio que termina, cuando se publiquen los estados financieros del segundo trimestre del 2024, en gran parte explicados por la parada de la unidad de flexicoking por más de 90 días. Se espera que en los próximos días entre en funcionamiento.
La unidad de flexicoking otorga un mayor valor agregado que no tiene la competencia de Repsol La Pampilla. Son 22 mil barriles diarios de residuales o también llamados petróleos industriales que no pueden ser transformados en diésel 2 y gasolinas limpias con mayores precios, es decir con bajo contenido de azufre. Esta parada de más de 90 días debe tener responsables administrativos y económicos por el grave daño a las finanzas de PetroPerú, pues se proyectaba que durante el 2024, los flujos de caja, de la Nueva Refinería de Talara iban a ser superiores a los US $472 millones, y ello no será así, y los liquidadores de PetroPerú estarán en su salsa, por la ineficiencia empresarial demostrada.
Por tanto, PetroPerú tiene que importar dichos combustibles para abastecer el mercado interno, pero no tiene liquidez ni crédito, sin el apoyo del Estado, que es su propietario representado ahora por el ministerio de economía y finanzas con 60 % de participación y energía y minas con 40 % de participación en el capital social, con el inefable Rómulo Mucho Mamani como ministro.
Oliver Stark como experimentado subastador está decidido a generar ingresos vendiendo como sea o mejor rematando los activos no operativos de PetroPerú, empezando por el Edificio Principal de PetroPerú, ubicado en pleno corazón de San Isidro, como una demostración que su administración está en verdad identificada por “salvar a la petrolera estatal” haciendo caja como sea, para una reestructuración empresarial que en la práctica resulta la liquidación de PetroPerú.
Oliver Stark reconocido empresario minero, exdirector de la empresa Sociedad Minera del Perú SAC, amigo del ministro de energía y minas Rómulo Mucho, él mismo que ha declarado que la Nueva Refinería de Talara (NRT) es un elefante blanco, como operador de los grupos de interés con el respaldo del lobista de David Tuesta Cárdenas exministro de economía de PPK y experimentado privatizador entre otros miembros del nuevo directorio nombrados a dedo, sin conocimiento del sector de hidrocarburos, han adoptado una serie de acuerdos que contravienen el marco legal, al puro caballazo que tendrán graves consecuencias políticas y sociales, sobre el Talara.
No solamente me refiero a la ley del 2004 que excluye a la empresa PetroPerú de cualquier modalidad de privatización incluyendo allí por ejemplo la contratación de un Project Management Office (PMO), es decir de una empresa responsable de privatizar la gestión; también es una violación de la ley de fortalecimiento de PetroPerú del 2006, aprobada por insistencia por el Congreso de la República que la excluye del FONAFE y del Consucode, es decir de la norma que le otorga autonomía económica y financiera; como también violenta la ley N.º 30130 que no solamente declaraba de interés público la construcción de la Nueva Refinería, sino que también preservaba los activos de PetroPerú como una garantía ante su endeudamiento externo e interno. Es decir, sus propiedades no pueden ser rematadas, al menos que se modifiquen o se dejen sin efecto, estas normas.
Vender el edificio central de PetroPerú por más de US $ 150 millones no resulta suficiente para honrar una deuda de corto plazo por más de US $ 4,242 millones que aumentará en el tiempo, sobre todo una deuda contraída con los proveedores de combustibles y acreedores nternacionales.
Por tanto, es una medida efectista, un psicosocial para obligar a los trabajadores de la empresa a renunciar “voluntariamente”, antes que un traslado o división familiar para ubicarse en Talara, sobre todo para los trabajadores que tienen más de 20 años de servicios en la empresa. Al margen de la capacidad de viviendas en Talara, y de la crónica falta de agua, la venta del Edificio Principal no resuelve el problema de liquidez de PetroPerú, como dice el propio Oliver “No mueve la aguja”.
Si la ciudad capital concentra el 48 % del PBI, y más del 50 % del consumo de combustibles y la mayor concentración del parque automotor, es coherente tener la sede principal en Lima. Si de verdad, se quisiera conseguir mayores ingresos, bastaría cobrar y sincerar las tarifas a nivel del mercado inmobiliario, en el alquiler a las diferentes dependencias del Estado que ocupan los diversos pisos del Edificio Principal, en especial a la empresa estatal Proinversión que depende directamente del ministerio de economía y finanzas.
Es tal el desconocimiento de Oliver Stark, que de un total de 22 pisos del Edificio Principal, casi la mitad están ocupados por diversas dependencias públicas.
En tal sentido, vender el Edificio Principal tiene como objetivo real no hacer caja sino terminar con el símbolo central de PetroPerú como creación del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en julio de 1969. Es terminar con el símbolo del estatismo y de todo lo que ello pueda significar.
¿QUÉ CONCHÁN?
Es tal el desconocimiento o el dogma liberal del presidente del directorio de PetroPerú y su directorio, que se piensa en privatizar la Refinería de Conchán ubicada en el sur de Lima, que constituye una unidad fundamental para la venta de la producción de los combustibles de la Nueva Refinería de Talara. Es decir, la unidad de Conchán gracias a su capacidad de almacenamiento de más de 2 millones de barriles, resulta una unidad rentable, pues incluso alquila a privados el almacenamiento de productos.
Con una capacidad de refino de 15,500 barriles diarios la Refinería de Conchán es una refinería que resulta rentable en la producción de solventes y sobre todo de asfaltos, si es abastecida por productos por la Refinería de Talara. ¡Es decir, Conchán y Talara juegan en pared!
Si a ello se agrega la capacidad que tiene la Refinería de Conchán de recepcionar petróleo y combustibles de buques de hasta 75 mil toneladas de peso muerto, resulta siendo la “boca de entrada” para que los derivados de la Refinería de Talara puedan competir en el mercado de combustibles de Lima, el principal del país.
Por tanto, apostar por la privatización de la Refinería de Conchán que tiene más valor como unidad de almacenamiento y receptor marítimo de combustibles, significaría un duro golpe para la Refinería de Talara que tendría que alquilar a privados, la capacidad de almacenamiento el activo más valioso de la Refinería de Conchán.
En el mismo sentido, pretender privatizar la Refinería de Iquitos que por su propia naturaleza constituye un “monopolio natural” donde no es posible la competencia. Esta refinería que
depende para su funcionamiento del petróleo producido en la selva nororiental, produce básicamente petróleo residual que es utilizado en la generación eléctrica, por la empresa pública Electroselva, para abastecer a la ciudad de Iquitos y los distritos vecinos.
Es más, en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y en general PetroPerú cumple un rol social trasladando combustibles desde Conchán o Bayóvar, derivados de petróleo en la selva donde existe la exoneración de impuestos a los combustibles sea el selectivo al consumo, rodaje e IGV. Por tanto, cuando Petroperú importa diésel o gasolinas asume los abonos del IGV pero no los puede recuperar directamente en la venta mayorista de combustibles en la Amazonía. La recuperación del IGV demora, toma su tiempo, por ello ningún privado tiene interés en abastecer el mercado de combustibles de la Amazonía, por la falta de rentabilidad. En tal sentido, PetroPerú y la Refinería de Iquitos tienen una responsabilidad social, que ningún privado asumiría.
Con los planteamientos de Oliver Stark y su directorio se reproduce la historia de julio de 1992, después del Golpe del 5 de Abril de Alberto Fujimori que sin estudios ni análisis se promovió la privatización fragmentada de PetroPerú, con los auspicios del Banco Mundial, y se asumió que la forma más rápida de vender los activos y filiales de la petrolera estatal era el descuartizamiento de la misma (Informe Booz, Allen Hamilton).
Ahora que PetroPerú en el 2023 invirtió más de US $ 2.8 millones abonando a las consultoras Arthur D. Little y Columbus para su reestructuración, aplicando las recomendaciones para nombrar a sus gerentes y directorio por los criterios de la meritocracia, recomendando la integración vertical con producción propia de crudo, de acuerdo a decretos supremos aprobados, el directorio de Oliver Stark hace “tabla rasa” de tales recomendaciones, y como rematador de subasta pretende vender, privatizar los 100 activos que tiene PetroPerú, en Lima, Talara, Piura, Iquitos entre otros, e incluso las plantas de ventas, con tal de hacer caja, aunque en el fondo ello constituya la liquidación de PetroPerú.
En tal sentido, los trabajadores de PetroPerú antes que pensar en una negociación colectiva que pretenda incrementos salariales lo cual sería irracional, ante una empresa con graves problemas de liquidez, y que por ahora está generando pérdidas económicas, debieran unificarse en la defensa de la empresa no solamente por la preservación de sus empleos, sino por la seguridad energética que permite la existencia de una empresa como PetroPerú, que la mayor parte de su existencia siempre ha sido rentable a pesar de la intervención política de los gobiernos de turno, abasteciendo el mercado interno con eficiencia y a menores precios que la competencia.
Diario Uno, 28.06.2024
