Saludable rectificación del MEF y MINEM
Jorge Manco Zaconetti
El gobierno, con la promulgación del DU N.º 013-2024, ha hecho lo correcto al asumir su responsabilidad frente a PetroPerú en un nuevo “salvataje financiero”, que debe ser devuelto en su integridad por la empresa petrolera en los próximos años, reconociendo la crisis de liquidez y de la falta de capital de trabajo para asumir sus deudas de corto plazo, en especial las compras de petróleo y derivados necesarios para abastecer el mercado interno, sobre todo en las provincias andinas y la Amazonía, donde no llega la competencia privada.
En tal sentido no deja de sorprender el cambio de opinión de los miembros de la Junta de Accionistas como el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, al reconocer la rentabilidad de la Nueva Refinería de Talara que cuando comience a procesar al 100 % de su capacidad de 95 mil barriles diarios, en especial de su unidad de flexicoking, generará en promedio en los primeros 15 años, una utilidad operativa de US $ 472 millones de dólares, que resultan más que suficientes para honrar su deuda externa e interna que se estima en US $ 350 millones anuales.
En verdad, estas estimaciones realizadas por la reconocida consultora Arthur D Little sobre la rentabilidad de la Nueva Refinería de Talara resultan referenciales y conservadoras, pues están considerando un margen de refino de US $ 10 a 12 dólares por barril, cuando en el presente dicho margen está sobre los US $ 20 dólares. Esto significa que de mantenerse en el tiempo este margen refinero, la utilidad operativa de la Nueva Refinería será casi el doble, de más de US $ 900 millones de dólares por año.
En verdad con los precios internacionales al 16 de setiembre del 2024, nos quedamos cortos. El margen de refino es la diferencia entre el precio internacional del petróleo en relación con el precio del derivado del petróleo, como sería el caso del diésel 2 limpio. Si el precio del crudo Brent vigente en Europa, Oriente Medio y en el Perú, pues por contrato a las empresas operadoras en el país se les reconoce dicho marcador internacional. A esa fecha el precio de crudo está sobre los US $ 74 dólares el barril y el precio del producto refinado diésel 2 limpio en el mercado internacional está sobre los US $ 192 dólares el barril, al cual debemos sumar una serie de costos, flete, seguro etc. si lo queremos importar y traerlo al Callao. Por tanto, si la Nueva Refinería de Talara tiene una capacidad de producir 45 mil barriles diarios de diésel 2 limpio, con 50 partes por millón de azufre, no solamente tendremos un gran ahorro, sino también una alta rentabilidad.
Por tanto, estamos ante un altísimo margen refinero. Por ello, decimos que la Nueva Refinería de Talara será superrentable, de allí el interés de los intereses privados y sus lacayos de declarar la insolvencia de PetroPerú por la crisis de liquidez, para que así pase a manos de sus acreedores y tener el control y administración de la Nueva Refinería de Talara.
Por ello con buen criterio el gobierno no aceptó la propuesta de la Junta Liquidadora de Oliver Stark, Tuesta Cárdenas, Boza Pro y del renegado aprista Pedro Gamio, de contratar una empresa responsable de la gestión y administración un (PMO) por sus siglas en inglés, al cual se contrata cuando recién se inicia un proyecto, y no procedía en este caso cuando la inversión en la Refinería de Talara está ya terminada, y lo que resta es el repago a los inversionistas del capital e intereses, en especial a los bonistas que han confiado en el proyecto y sobre todo en la seguridad jurídica del país.
En tal sentido a nivel internacional, este Decreto de Urgencia DU N.º 013-2024 ha sido bien visto por las calificadoras de riesgo como Fich Ratings, que preservan los intereses de los bonistas, es decir de los acreedores de PetroPerú, cuando afirman que “El apoyo del Gobierno a PetroPerú es positivo porque permitirá que la empresa estatal no incumpla con sus obligaciones”.
En este contexto el nuevo directorio de PetroPerú debe estar conformado por especialistas reconocidos en el sector y no de improvisados profesionales como Oliver Stark, o lobistas descarados como Tuesta Cárdenas que defiende intereses privados, en especial los del Grupo Graña y Montero, principales accionistas del Grupo El Comercio, de allí la campaña infame de la prensa concentrada, apostando por la privatización entiéndase liquidación de la petrolera estatal.
DÍME QUIÉN TE PAGA Y TE DIRÉ QUIÉN ERES
En tal contexto uno de los voceros más agresivos y descarados en sus informes publicados en el decano de la prensa nacional es el denominado “Instituto Peruano de Economía” (IPE) que tiene varios voceros destacando el fujimorista Luis Palomino Bonilla, que llegó a ser miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) desde agosto del 2016, y actualmente es columnista del diario La República, asumiendo tesis liberale,s pero en el fondo mercantilistas.
El otro vocero es Diego Macera Polí, miembro del Directorio del BCRP desde noviembre del 2021 y actualmente es director del Instituto Peruano de Economía, Vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia y miembro del Consejo asesor de Angloamerican (Mra. Quellaveco) y columnista semanal del diario El Comercio.
A pesar de las poses de economistas liberales y modernos, no son muy transparentes pues el llamado “Instituto Peruano de Economía” (IPE) es financiado por 27 empresas privadas de diversos sectores que contribuyen con una cantidad fija mensual. A Cuánto llega dicha contribución muy propia del lobbismo mercantilista, es un secreto. Entre los principales contribuyentes destacan las AFP Integra y AFP Prima, de allí se entiende su oposición a cualquier reforma sobre el sistema privado de pensiones, defendiendo las altísimas comisiones de las AFP privadas, comisiones que serían un escándalo en Europa, por no decir en Estados Unidos.
También son contribuyentes del IPE la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), un cartel que defiende las elevadas tasas de interés y el gran diferencial entre las tasas activas (de préstamos) y las tasas pasivas (depósitos). Son también contribuyentes Alicorp y el Banco de Crédito del Perú del Grupo Romero, Interbank del grupo Rodríguez Pastor, y el Banco Continental del BBVA controlado en su mayoría por el Grupo Breca, es decir los Brescia Cafferata, miembros de la tercera generación; también participa la cervecera Backus del Grupo franco belga Ambev, prácticamente un monopolio pues produce la cerveza Cristal, Pilsen, Cuzqueña, San Juan, y la Arequipeña, la bebida Guarana, y en las chelas es todo un monopolio, y el IPE, que supuestamente apuesta por el libre mercado, calla al respecto.
Entre las mineras, o mejor del sector minero energético, contribuyen financiando al IPE la Mra. Buenaventura del Grupo Benavides, Mra. Cerro Verde de Freeport Mac Moran, Cemento Pacasmayo del Grupo Hochschild que tiene como vocero al Presidente de la CONFIEP al Sr. Alfonso Bustamente; es también contribuyente la minera SPCC del Grupo México; también contribuye la cementera UNACEM del Grupo Rizo Patrón, y la gran importadora de maquinaria para la minería como es el Grupo Ferreyros. Entre las empresas de hidrocarburos contribuyen con el IPE, la competencia de PetroPerú, el Grupo Repsol que tiene como principal activo a la Refinería La Pampilla; también se apunta con el IPE la transnacional HUNT Oil principal accionista de los lotes 88 y sobre todo del lote 56 cuyo gas está destinado a la exportación; y por último entre las petroleras también financia al IPE la empresa Petrotal del Grupo Zuñiga; entre las empresas eléctricas también financian al IPE las empresas de generación eléctrica como Kallpa; la empresa de distribución eléctrica Luz del Sur de capitales estatales chinos desde el 2019, y la empresa TGP la Transportadora del Gas de Camisea, que trae el gas de Campo Malvinas a Lima.
Con el financiamiento de estas 27 empresas se entiende la posición del “Instituto Peruano de Economía” (IPE) contrario a los intereses de PetroPerú y su fortalecimiento con la “integración vertical” por medio de lotes petroleros que le permitan a la Nueva Refinería de Talara, contar con su propio petróleo y gas y por tano incrementar su rentabilidad; y en general se entiende la defensa cerrada de un modelo económico que secreta pobreza, donde más del 30 % de la población está en la condición de pobreza monetaria, con más del 50 % de la población con hambre e inseguridad alimentaria, y con un 74 % de la PEA que se reproduce en la informalidad.
En verdad, la defensa que hace el IPE y sus acólitos rentados por el gran capital, del rol subsidiario del Estado en la economía resulta un contrasentido con la realidad y la profunda desigualdad económica y social que tiende a su agravamiento con la permanente crisis política.
Diario Uno, 21.09.2024
