Por Vicky Peláez
La economía libre y libre comercio son sólo expresiones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen grandes consorcios en perjuicio de éste.
(Juan Domingo Perón, 1895-1974).
En cada época las elites dominantes lanzan utopías sociales para asegurar, fortalecer y aumentar su riqueza. Hace más del medio siglo lograron imponer las ideas del libre mercado y de libre competencia. Para ello dieron ventaja sin ningún límite a las corporaciones multinacionales que supuestamente tendrían que desempeñar el papel del motor de la economía mundial. A la vez, los gobiernos de turno en los países en desarrollo, siendo Latinoamérica parte de este grupo, convencieron a los líderes, previamente seleccionados y educados en las universidades de los Estados Unidos y Europa occidental, de la necesidad de apertura importadora, desregulación financiera, privatización generalizada, el achicamiento del Estado y su alejamiento de la economía.
Por supuesto que los gobernantes latinoamericanos cumplieron sumisamente las recetas de sus patrocinadores y se lanzaron en el abismo del mercado libre. Bolivia se acuerda con amargura hasta ahora de su experimento con el mercado libre, vía “Terapia de Choque”, aconsejado por el profesor de Harvard, Jeffrey Sachs y llevado a cabo por el ministro de Planificación en 1985, Gonzalo Sánchez de Lozada, autor del Decreto 21060. Aquel mismo año dos tercios de trabajadores de las vitales empresas de Estado fueron despedidos. El índice del desempleo alcanzó el 28 por ciento y el de subempleo un 70 por ciento.
La prometida inversión de las trasnacionales nunca llegó y la sobrevivencia de Bolivia fue el resultado de narcotráfico, aumentando entre 1985 y 1990 la extensión de tierra para las plantas de coca de 24, 999 a 70,000 hectáreas. Este cultivo aportó a Bolivia en 1989 un poco más de 700 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que la exportación total aportó a Bolivia aquel año 720 millones de dólares, nos daremos cuenta del poder del narcotráfico para evitar la bancarrota del país. Lo curioso fue que el autor de aquel desastre económico en Bolivia, Jeffrey Sachs, abandonó al país en 1986, “desilusionado por la corrupción y la incapacidad de los bolivianos” para salir adelante.
Desde aquel inicio del libre mercado pasaron más de 25 años. En estos años las trasnacionales no solamente se apoderaron de lo que ellos llaman el mercado libre mundial sino establecieron sus reglas de juego en términos jurídicos y políticos e inclusive impusieron un sistema ideológico basado en la competencia, especulación para crear la demanda, el individualismo y el consumismo. Pero cómo se puede competir con ExxonMobil si en la lista de los países de acuerdo al GDP esta corporación debería de estar en el 30 lugar adelante de Argentina y Sudáfrica. El capital de ExxonMobil es de 315 mil millones de dólares; y él de la BP, de 130 mil millones. El volumen de las ventas anuales de Wallmart supera la suma del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y Ecuador.
Según el exsecretario de Trabajo (1993-1997) de EE. UU. Robert Reich, en las últimas dos décadas las ganancias corporativas subieron 600 por ciento mientras que los salarios sólo un 30 por ciento. Las más grandes trasnacionales controlan decisiones del gobierno de los Estados Unidos y el de la Unión Europea, imponiendo también sus reglas en América Latina. Sus preferencias están orientadas hacia el sector de alimentos, salud, el acceso a la medicina, medio ambiente, inversión extranjera y los servicios públicos, es decir, lo esencial para el ser humano. Lo curioso fue que desde el inicio de la crisis económica en EE. UU. y la Unión Europea, las transnacionales encontraron su refugio en América Latina. Solamente en 2011 en plena crisis financiera en Europa, el Banco de Santander obtuvo el 52 por ciento de beneficios en América Latina; el BBVA, el 47; y la Telefónica, el 46.5 por ciento.
La revista mexicana Dinero publicó un estudio que reveló que las ganancias de las sucursales de 100 multinacionales en México en 2012 crecieron el 9,3 por ciento mientras que el PIB de México apenas registró un 1.3 de crecimiento y su sector industrial entró en una brusca caída, como el resultado de la apertura comercial hacia el exterior casi sin restricciones. Todo esto sucedió debido a las presiones de las multinacionales y su muy activa campaña de promoción de la apertura incondicional del mercado mexicano presentada como una virtud y la condición para el bienestar social. Pero todo ha sido pura retórica pues el 50 por ciento de los mexicanos viven en la pobreza.
Al otro extremo del continente, en Argentina, el 93 por ciento de las exportaciones de los granos fue realizado, según el economista Horacio Rovelli, por más de 10 firmas grandes como Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis Dreyfuss, Topfer, ADM, Bunge Cerval y muchas otras. Todas estas corporaciones controlan por completo el comercio de cereales y oleaginosas y son acopiadoras de cosechas, es decir, de más de 8 millones de toneladas de granos. En términos generales, la agricultura en América Latina está mayormente en manos de las trasnacionales como Singenta, Cargill, Monsanto, Chiquita Brands, Del Monte, Bayer, Bunge, Stora Enso, ENCE. Se calcula que actualmente hay unas 10 trasnacionales que manejan el 90 por ciento de la alimentación a nivel mundial: KRAFT (EE. UU.), CocaCola (EE. UU.), Pepsico Inc. (EE. UU.), Kelloggs (EE. UU.), Nestle (Suiza), Procter & Gamble (EE. UU.), MARS (EE. UU.), Unilever (Reino Unido, Holanda), Johnson & Johnson (EE. UU.) and J & J (EE. UU.).
Todas estas multinacionales, junto con otras 10 meganacionales como Wall-Mart, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, GM, Toyota Motors, Chevron, Daimler-Chrysler, ConocoPhillips, Total y unas cuantas docenas de corporaciones financieras, farmacéuticas, las del complejo militar-industrial y las de medios de comunicación, actúan como un poder aparentemente invisible. Sin embargo, son ellas las que determinan no sólo la dinámica bursátil, sino seleccionan el país para desestabilizarlo, tal como está sucediendo actualmente en Venezuela o restringir el crédito (el caso de Ecuador). También está en manos de las transnacionales seleccionar el país para una “revolución de colores” (actualmente Ucrania) o simplemente destruirlos a través de la guerra (Afganistán, Irak, Libia, Siria). Por algo se invierten diariamente en los gastos militares a nivel mundial 3 000 millones de dólares.
También estas corporaciones organizan conferencias para ellas mismas como por ejemplo, la que se celebró hace unos meses en Londres, “Feeding the World” (‘Alimentando al Mundo’) cobrando por la entrada 1,149 de dólares, un precio inalcanzable para la mayoría de los interesados. En noviembre de 2013 tuvo lugar el fórum sobre el Comercio y Desarrollo en las Naciones Unidas al que asistieron representantes de 200 multinacionales. Allí tomaron decisiones sobre la necesidad de la inversión privada para el desarrollo en América Latina. También discutieron el mecanismo para asegurar el retorno del dinero invertido en las condiciones de las corporaciones y la necesidad de establecer los parámetros laborales y el sistema de subcontratación de la mano de obra local para aumentar las ganancias.
Dijo alguna vez el profesor Noam Chomsky que todo lo relacionado con el libre comercio y sus tratados “no envuelve tanto el comercio sino los derechos de inversores”. Actualmente las empresas transnacionales y, en especial las financieras, de acuerdo a los autores del libro Empresas Transnacionales en América Latina, Juan Hernández, Mikel de la Fuente, Andrea de Vicente Arias y Koldo Irurzun, “han tejido una tela de araña político-jurídica con la participación de Estados centrales para crear un sistema de dominación política extremadamente eficaz y sutil” obligando a la claudicación de los Estados más débiles. Los autores de este libro bautizaron el sistema establecido como “derecho neofeudal corporativo”. Evo Morales alguna vez exclamó en una conferencia de inversores que “queremos socios y no dueños de nuestros recursos naturales”.
Los intereses de las trasnacionales no coinciden con los de Evo Morales pues están proyectados a debilitar el Estado nacional a través de un sistema de arbitraje donde el Estado prácticamente siempre pierde en los juicios con las multinacionales.. Para estos propósitos se formó bajo la tutela del Banco Mundial el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI). Su arbitraje ha sido tan “eficiente” y tan cínico al mismo tiempo que Bolivia, Venezuela y Ecuador se retiraron de este organismo.
Actualmente la mayoría de los países latinoamericanos están atrapados por el poderoso régimen internacional de inversiones. Si en 1996 se registraron solamente 38 casos Estado versus Transnacional o viceversa, en 2011 su número llegó a 450 procesos de arbitraje. Unos 15 árbitros, mayormente procedentes de EE. UU., Unión Europea o Canadá, han resuelto en los últimos dos años el 55 por ciento de disputas relacionadas con los tratados de inversión. El sistema de arbitraje puede resumirse con una frase del escritor irlandés Humphrey O’Sullivan, que escribió en 1831 que de “poco sirve ir a juicio contra el diablo cuando el tribunal se lleva a cabo en el infierno”.
Seguro que lo mismo sintió Uruguay cuando Phillip Morris lo demandó por introducir advertencias obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajetillas de cigarrillos. Lo mismo pasó con Argentina cuando congeló las tarifas de los servicios públicos y devaluó su moneda al responder a la crisis financiera en 2001-2002. Inmediatamente recibió más de 40 demandas de las corporaciones: CMS Energy (EE. UU.), Suez y Vivendi (Francia), Anglian Water (Reino Unido) y Aguas de Barcelona (España).
Y qué decir de Ecuador, cuyas comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbios presentaron en 1993 en los EE. UU. una demanda contra la petrolera Texaco (en 2001 fue adquirida por Chevrón) por contaminación medioambiental y el daño a la salud de sus habitantes. Hasta ahora el caso no está resuelto. Comentando este hecho en diciembre pasado, el presidente de Ecuador Rafael Correa dijo que “cada vez más los tribunales de arbitraje están fallando a favor de multinacionales”, y que en este caso hay posibilidad que “Chevron no solo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la reparación de las comunidades afectadas, sino que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal de litigio”. Mientras tanto, las transnacionales están aislando a Ecuador comercial y políticamente. Si tomamos en cuenta que los tres árbitros que habitualmente participan el proceso reciben 3,000 dólares por hora de trabajo podríamos imaginar de qué cantidad de dinero está hablando Rafael Correa.
Frente a este abuso, los representantes de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) se reunieron el año pasado y suscribieron una declaración a la que se adhirieron ocho países más del continente para establecer mecanismos de intercambio de información y asistencia recíproca, tanto en procesos de negociación como en controversias entre los Estados y empresas transnacionales. Este año habrá otra conferencia para establecer mecanismos concretos para proteger los intereses de los Estados latinoamericanos en caso de demandas de las transnacionales.
En realidad, lo que se necesita es crear un propio mecanismo de arbitraje a nivel regional a base de CELAC o UNASUR. Las hermanas trasnacionales están unidas estrechamente y se ayudan mutuamente en caso de conflictos, especialmente relacionados con la inversión, mientras que los países latinoamericanos siguen cada uno por su cuenta, a pesar de tanto hablar sobre la solidaridad e integración.
En este aspecto, Bertolt Brecht les ofrece una excelente solución a los países hermanos latinoamericanos: “Aquello que no es raro encontradlo extraño. Lo que es usual que os asombre. Lo que es regla vedlo como un abuso. Y cuando veáis un abuso, ¡ponedle un remedio!
RIA Novosti en Español, 21-02-2014
http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20140221/159349192.html
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