Campaña propagandística chilena. ¿El Perú debe responder? (I)
Jose Garcia Belaunde
Propósito de los chilenos y antecedentes


El ministro de relaciones exteriores de Chile, Alejandro Foxley, ha iniciado una campaña de propaganda para explicar la posición chilena ante países de la región (y de Europa y EE. UU., aunque esto no esté muy publicitado). Ante estas noticias, el ministro de relaciones exteriores del Perú, José García Belaúnde ha dicho que el diferendo entre el Perú y Chile se definirá en la Haya, no en capitales de América del Sur. Como señalamiento geográfico, lo que dice el señor García Belaúnde es cierto: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está en La Haya (Holanda), no en América Latina; pero se debe entender que una simple frase indicadora de una realidad espacial no es la respuesta adecuada a la acción iniciada por Chile y que, además, hay efectos y resultados ulteriores que la diplomacia chilena ha calculado bien, o, al menos, mejor que la diplomacia peruana.

 

Propósito de los chilenos

Para Chile el propósito esencial es asegurarse u oficializar la propiedad —no la posesión, que ya se la cedió el partido chileno (Apra)— del triángulo de suelo tacneño y, consecuentemente, usurpar de manera definitiva los 37 000 km2 de mar de Grau. En concordancia con este designio, Chile envía embajadores y documentación a las cancillerías y gobiernos de América del Sur. ¿Son tan tontos los chilenos al punto de que pongan interés y esfuerzo en trabajar en la región (América Latina) sabiendo que las cosas se van a definir en La Haya? Bueno, tontos no son y siempre han mostrado ser mejores y más eficaces que nuestros diplomáticos chicheros (que son más ineficientes que los profesores del Sutep). Contrariamente a opiniones que se escuchan estos días y también discrepando de la posición de la cancillería peruana, nosotros —basándonos en la actuación histórica de Chile— sostenemos que ellos no buscan influir en el ánimo o dictamen de la CIJ a través de la influencia que puedan ejercer los países a los cuales Chile llegue a convencer de que sus posiciones son las correctas.

Si con la campaña de propaganda de su posición frente al Perú que lleva a cabo en otros países no busca reforzar su posición en la Haya, ¿qué se propone Chile con la difusión de su punto de vista? Respondemos: lo hace anticipándose a un fallo de la CIJ que confirme las tesis peruanas. Visto así el caso, si se produce el fallo adverso para ellos, Chile simplemente no lo acataría y ya —con su campaña propagandística— tendría creado un ambiente comprensivo o, al menos, neutral ante su desacato. Pero si el Perú denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la usurpación del triángulo de Tacna y la del mar, ya tendríamos países que dudarían apoyar el desacato de los chilenos.

Antecedentes


Lo que decimos nada tiene de especulación. La línea histórica de los rateros chilenos es la de no acatar los tratados que firma con el Perú o respetarlos sólo parcialmente. El tratado de Ancón, de 1883, en la firma del cual representó al país el “presidente” Miguel Iglesias, traidor del Perú y títere de los chilenos, no fue cumplido por Chile, que sistemáticamente se negó a organizar el plebiscito que dicho tratado establecía para que la población de Tacna y Arica decidiera por libre determinación si optaba por pertenecer al Perú o a Chile.

La reiterada negativa de los chilenos y las postergaciones —que contaban con el hipócrita apoyo que les proporcionaban los mediadores estadounidenses— en lo referente al plebiscito llevaron al tratado de 1929, algunos de cuyos artículos se niega a cumplir Chile. En ambos casos —en el tratado de 1883 y en el de 1929— la timorata y putrefacta diplomacia peruana desaprovechó —y desaprovecha— la opción de resolver o declarar sin validez los tratados que no se cumplen hasta la última cláusula, hasta el último detalle.

Para reforzar la información y aclarar que los incumplimientos de tratados entre el Perú y Chile no empezaron en 1883, viene al caso mencionar que en octubre de 1837, cuando los chilenos invadieron por primera vez el Perú, el ratero Manuel Blanco Encalada, militar chileno que dirigía a los delincuentes invasores, se acobardó en lo que iba a ser la batalla de Paucarpata (Arequipa) y se rindió. Con una generosidad suicida, el general Andrés de Santa Cruz, que era presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, en lugar de aniquilar a la fuerza invasora, aceptó la rendición de los chilenos sin tomar prisioneros y permitiendo que los rateros regresaran a Chile llevando su armamento. Con todo, habría que decir que de Santa Cruz tampoco fue tan condescendiente: con la intervención de Inglaterra como garante, firmó un tratado con Blanco Encalada, quien en nombre de Chile se comprometía a paz y amistad perpetuas con el Perú. Por supuesto que a las pocas semanas (diciembre de 1837) Chile declaró que no reconocía ese tratado (y siguió agrediendo militarmente al Perú). Así ha sido siempre: Chile desconoce los tratados, fallos o sentencias que no le favorecen, y nada de raro tendría que —luego de un fallo de la CIJ que reconozca la justicia de la causa peruana— se niegue a cumplirlo.

Por definición, un delincuente siempre actúa al margen de la ley, por lo cual es totalmente correcto que califiquemos a Chile de país delincuente.