En actitud homicida, estado chileno habría minado nuestro suelo
De ser cierto que Chile minó nuestro suelo, la ocasión debería servir para inspección de desminado
El día de hoy el diario La Razón informa en primera plana que en el triángulo de territorio tacneño recientemente usurpado por Chile, la fuerza armada de ese país habría sembrado minas explosivas, para impedir que nuestra nación ejerza soberanía en esa área y negar el libre tránsito de los peruanos en esa parte de nuestro territorio.
El mencionado diario, conocido por su posición clara respecto de nuestras relaciones con el país sureño, señala que sus fuentes informativas le han hecho saber que durante la sesión secreta del Congreso realizada el 19 de marzo del presente año, se habría explicado que en el usurpado triángulo de tierra tacneña hay minas plantadas por los chilenos.
¿Qué pasa realmente?
Aun cuando en estos temas es respetable la credibilidad de La Razón, no se puede descartar que gente interesada y que efectivamente trabaja en los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores haya soltado esta versión con el propósito de desalentar la visita de los congresistas nacionalistas, transmitiéndoles el mensaje “¡Cuidado! ¡No vayan, hay mucho peligro!” De esta manera dichos informantes (no el diario La Razón) estarían cumpliendo el encargo del mandante y pagante chileno, que lo que menos desea es que el Perú restablezca su soberanía en ese lugar. La otra posibilidad es que la información tenga fundamento, esto es, que los chilenos realmente hayan realizado esa fechoría en nuestro territorio.
Si fuese cierto
No es nada raro que haya minas en zonas fronterizas; cada estado es libre de plantarlas o retirarlas en su territorio, y puede o no poner señales que adviertan del peligro. Pero es inusual, es una provocación y un acto de guerra que un país coloque minas en territorio de su vecino. Consecuentemente, desde todo punto de vista, sería gravísimo que otro país haya minado nuestro suelo. Analicemos la situación, para entender mejor las implicancias del caso y las responsabilidades que se derivan.
Ubiquémonos en la parte selvática de la frontera entre Perú y Ecuador. El área está llena de espesa vegetación; hay árboles, arbustos y yerbas que crecen apretadamente, en un terreno que, además, es accidentado. Cualquier soldado —sea ecuatoriano o peruano— tendría muchas dificultades para observar si los del otro país han cruzado la línea fronteriza o si han puesto minas; dadas las características de la jungla, en muchos casos detectar tales maniobras hostiles (cruce de la frontera, sembrado de minas, etc.) le sería prácticamente imposible. Pero en un área fronteriza como la del litoral chileno-peruano, que es un arenal, lo imposible es no ver lo que hacen los del bando contrario, puesto que están a tiro de piedra los unos de los otros.
Siendo esto así, si ha ocurrido la siembra de minas por parte de los chilenos homicidas, tiene que haber informes del destacamento militar peruano que vigila esa parte de nuestra frontera. Y por supuesto que los congresistas tienen el derecho de conocer dicha información y fiscalizar, deslindar responsabilidades y asegurarse de que todos hayan cumplido con su deber.
Visita de congresistas sí o sí
De haber minas en esa parte del suelo tacneño, o las pusieron los chilenos (delito internacional) o las pusieron los peruanos (ejercicio legítimo de soberanía). En el primer caso —si las puso el país usurpador de nuestras tierras—, la fuerza armada peruana está en el derecho y la obligación de retirar esas minas, y esto con muy poco riesgo, puesto que si los guardianes de nuestra frontera no han estado dormidos o borrachos saben exactamente dónde están enterrados esos artefactos explosivos. Para proceder a ese desminado es claro que los militares peruanos no van a pedir permiso a los chilenos, porque estamos en nuestro territorio. Por supuesto que este desminado iría sin perjuicio de la correspondiente denuncia internacional (posible porque al desenterrar las minas se identifica su procedencia). Es una tarea que debe hacerse inmediatamente, si se ha incurrido en la negligencia o cobardía de no haberlo hecho antes.
Si en ejercicio de nuestra soberanía y seguridad nacional los militares peruanos han puesto minas en suelo tacneño, no están obligados a retirarlas, pero —al poseer el plano* de la zona minada— sí están obligados a facilitar el tránsito seguro de los congresistas y su comitiva; caso contrario, si habiendo minado ellos el terreno se negaran a señalar las líneas de recorrido seguro, estarían violando la Constitución al impedir el libre tránsito de nuestros conciudadanos por territorio peruano y, además, estarían impidiendo la consolidación de nuestra presencia soberana en territorio de Tacna, con lo cual favorecerían la continuidad de la usurpación que, por supuesto, es lo que quiere el enemigo. Hay que tener en cuenta que los detectores de minas existen desde la Segunda Guerra Mundial.
En resumidas cuentas, nada ni nadie puede impedir la visita de los congresistas peruanos a suelo tacneño; quien por servir a Chile lo hiciere incurrirá en responsabilidad penal y deshonor por traición al Perú y colusión con el enemigo.
____________________
* Las fuerzas armadas de cualquier país llevan un cuidadoso registro (planos y diagramas) de los lugares donde han sembrado minas, puesto que no hacerlo pondría en peligro la vida de sus propios soldados y los condenaría a la inmovilidad. Es impensable que haya militares que pongan minas y después no sepan dónde las enterraron (con excepción de lugares de continuas lluvias torrenciales, donde las minas pueden cambiar de ubicación). Esto sirve como advertencia si nuestra fuerza armada puso ese material y después quieren hacer creer que no saben dónde está. ¡Sería no sólo una negligencia criminal contra nuestros soldados sino también traidor colaboracionismo con el enemigo chileno!
