Miguel Ángel Rodríguez Mackay
El reciente editorial de El Mercurio de Chile refiriendo que el terreno “El Chinchorro” estaría siendo destinado para uso militar es sencillamente burdo y miente cuando dice que está abandonado.
Todo “El Chinchorro” que tiene 120,550.18 m2 y el “Chinchorrito” de 1,344.48 m2 —recuerde que fue dividido antojadizamente por la autoridad chilena que determinó que fuera atravesado por una carretera— están totalmente cercados desde 1996.
Es verdad que no tiene uso, pero eso es distinto a que esté abandonado y esa diferencia jurídica no fue explicada por el Canciller peruano; además, pagamos religiosamente la alta suma de impuestos prediales de 50,000 dólares al año, pero hay que hacerlo porque esos terrenos son propiedad privada del Estado peruano y gozan de todos los derechos de propiedad consagrados en la Constitución de Chile, pero sobre todo están protegidos por el Art. 7 del Tratado de 1929 que consagra que ambos gobiernos “…respetarán los derechos privados legalmente adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías”, de manera que dichos terrenos gozan del manto protector de un tratado bilateral, que es superior al derecho chileno.
Contamos también con otras propiedades en Arica, que son la Casa Bolognesi, donde conmemoramos el Día de la Respuesta, recordando a los caídos en la Batalla de Arica, y la Casa Yanulaque, adquirida por el Perú -hoy nuestro Consulado- para solventar el plebiscito que nunca se hizo sobre Tacna y Arica. Está bien darle vida a “El Chinchorro”, pero conectado al ferrocarril, también en desuso, haciéndolo productivo. Una cuestión de fondo es que Chile no ha entendido el alcance del referido Art. 7 y por eso tuvimos que esperar 70 años hasta que en 1999 firmamos el Acta de Lima, que por su mala negociación al otorgar un nivel de carga ínfimo, el ferrocarril, el malecón y la estación de aduanas se volvieron improductivos para el Perú.
Correo, 18.01.2015
