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por Herbert Mujica Rojas
En su notable obra El Tratado de 1929. La otra historia, el embajador Félix C. Calderón, anota en la página 318, y refiriéndose en el acápite 13 al arbitraje, lo siguiente:
“El artículo duodécimo del tratado a la letra dice: “Para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieran de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este tratado y en que, a pesar de su buena voluntad, o no pudieran ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia".
“El artículo duodécimo del tratado a la letra dice: “Para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieran de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este tratado y en que, a pesar de su buena voluntad, o no pudieran ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia".
“Esta cláusula –agrega Calderón- fue propuesta por el presidente Leguía por lo mismo que “si hay algo que hacer para arreglar con los chilenos, debe ser siempre por medio de los Estados Unidos; sería malgastar palabras y tiempo plantearles directamente fórmulas y esperar que ellos las aceptaran sin la presión americana”.
“Fue esta convicción acendrada lo que llevó al mandatario peruano a exigir el aval del presidente Hoover a los acuerdos logrados en la negociación directa, que se tradujo en la propuesta del 14 de mayo. Aval que no obstante su formalidad, no impidió que Chile planteara después más cambios y otras exigencias. Y fue, también, esta convicción la que hizo posible que al final de la negociación se incluyera como artículo duodécimo esta importante cláusula de arbitraje que confiere poder dirimente al presidente de los Estados Unidos en el caso de que los Gobiernos del Perú y Chile persistieran en su desacuerdo en torno a la interpretación de cualquiera de las diferentes disposiciones del tratado”.
Intento usurpador
Perú tiene el ineludible deber de clarificar, rigurosamente denunciar, el último intento usurpador de Chile de apropiarse de un pequeño triángulo terrestre so pretexto que el hito No. 1 es el punto de inicio de la frontera terrestre, y no el mar como dice el Tratado de Lima y su Protocolo Complementario del 3 de junio de 1929 y las Actas de la Comisión Mixta, “encabezada en el lado peruano por el ingeniero Federico Basadre, y en el chileno, por el ingeniero Enrique Brieba,.. –y que versaron sobre- i) La determinación del punto inicial Concordia; ii) El ámbito de las azufreras de Tacora; iii) División de la Laguna Blanca; y, iv) La parte entre Laguna Blanca y el final de la línea divisoria”. Calderón, ob. cit, p. 280. Esto ocurrió entre octubre de 1929 y julio de 1930.
Subraya Calderón: “Obviamente, al encontrarse el proceso demarcatorio en su fase inicial, no fue posible dar cumplimiento a cabalidad en lo dispuesto en la segunda parte del artículo cuarto. Por ello, fue necesario, una vez concluida la demarcación, la suscripción, el 5 de agosto de 1930, de otra acta en Palacio de Torre Tagle en la que se estableció una relación detallada de la ubicación y características definitivas para los hitos fronterizos, con lo cual Tacna adquirió su configuración definitiva” (p. 292).
Forzando interpretaciones
Entonces, ayer como hoy y en virtud del Tratado, Protocolo y las Actas de la Comisión Mixta, el mar fue la fuente principal fronteriza y no la apropiación ilícita para forzar una interpretación como la de nuestros días por parte de Chile.
Pulverizadas las no tan casuales imprecisiones del vecino austral, entonces, el árbitro, tal como ocurrió en 1929 podrá discurrir por los sabios caminos de un veredicto que favorezca lo histórico como no puede ser de otro modo y por razones absolutamente comprensibles y rigurosamente lógicas. Nótese que hasta en el Preámbulo del Tratado y Protocolo Complementario del 3 de junio de 1929 “también, se precisó que es conforme a las bases que el presidente de los Estados Unidos de América, en ejercicio de buenos oficios solicitados por las partes y guiándose por los arreglos directos concertados entre ellas, ha propuesto como bases finales para resolver el problema de Tacna y Arica…”. Dicho de otra manera, el Tratado de 1929 se asienta sobre las bases finales propuestas por el presidente Hoover, como resultado de los “arreglos directos” que concertaron los gobiernos de Perú y Chile en Lima, entre el 16 de abril y el 2 de mayo. De donde se desprende que toda disputa de interpretación que tengan las partes deberá, forzosamente, abordarse a la luz de lo estipulado en la propuesta del presidente de los Estados Unidos. Una conclusión nada desdeñable si es que Chile en el afán de adueñarse, inclusive de las migajas, persiste en reducir ultra vires del derecho de puerto libre del Perú en Arica, no obstante lo que prevé el artículo quinto”, p. 276, Calderón, ob. cit.
Nuevos viejos caminos
De modo que hay que pensar que es posible, la historia así lo demuestra palmariamente, que las soluciones se aborden en América y de acuerdo a lo ocurrido desde hace decenios.
¡A ponerse los pantalones!
Es deber recordar que el Acta de la traición de noviembre de 1999 es inconstitucional nula de pleno derecho porque modifica el artículo 5to del Tratado de 1929, al colocar el atracadero o el muellecito falso, fuera de los 1575 metros de la bahía de Arica y por eso las pandillas traidoras tienen que pagar su felonía contra el Perú. Bien ha dicho, en célebre texto, el maestro y peruano indoblegable, Alfonso Benavides Correa, aquel texto NO compromete al Perú. Amén que jamás Congreso alguno ha cometido la indignidad de suscribir ratificando dicha traición.
Además, hay obligatoriedad de corregir la torpeza mayúscula cometida bajo la batuta reprobable de Enrique García Sayán en el D.S. de agosto de 1947 en que se hace referencia a paralelos geográficos.
Por ser obsoleta la convención pesquera de 1954, debería ser denunciada, por el gobierno porque, además, no tiene nada que ver con delimitación marítima como alegre y sospechosamente sostiene el vecino meridional.
Más aún. Es hora de botar a la basura, así literalmente, las notas reversales o notas diplomáticas de 1968. Y también las de 1969. Además de hacer la denuncia pública de su suscribiente, hecho que adelantó en noviembre del 2005 el entonces candidato Alan García Pérez al hacer alusión inequívoca y culposa a las responsabilidades del embajador Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la Cancillería y que ha dicho, poquísimos días atrás, que él no camina con documentos a cuestas. Como si se tratara de un hecho vulgar y común, el traicionar al Perú.
Lea www.redvoltaire.net
hcmujica.blogspot.com
Skype: hmujica
“Fue esta convicción acendrada lo que llevó al mandatario peruano a exigir el aval del presidente Hoover a los acuerdos logrados en la negociación directa, que se tradujo en la propuesta del 14 de mayo. Aval que no obstante su formalidad, no impidió que Chile planteara después más cambios y otras exigencias. Y fue, también, esta convicción la que hizo posible que al final de la negociación se incluyera como artículo duodécimo esta importante cláusula de arbitraje que confiere poder dirimente al presidente de los Estados Unidos en el caso de que los Gobiernos del Perú y Chile persistieran en su desacuerdo en torno a la interpretación de cualquiera de las diferentes disposiciones del tratado”.
Intento usurpador
Perú tiene el ineludible deber de clarificar, rigurosamente denunciar, el último intento usurpador de Chile de apropiarse de un pequeño triángulo terrestre so pretexto que el hito No. 1 es el punto de inicio de la frontera terrestre, y no el mar como dice el Tratado de Lima y su Protocolo Complementario del 3 de junio de 1929 y las Actas de la Comisión Mixta, “encabezada en el lado peruano por el ingeniero Federico Basadre, y en el chileno, por el ingeniero Enrique Brieba,.. –y que versaron sobre- i) La determinación del punto inicial Concordia; ii) El ámbito de las azufreras de Tacora; iii) División de la Laguna Blanca; y, iv) La parte entre Laguna Blanca y el final de la línea divisoria”. Calderón, ob. cit, p. 280. Esto ocurrió entre octubre de 1929 y julio de 1930.
Subraya Calderón: “Obviamente, al encontrarse el proceso demarcatorio en su fase inicial, no fue posible dar cumplimiento a cabalidad en lo dispuesto en la segunda parte del artículo cuarto. Por ello, fue necesario, una vez concluida la demarcación, la suscripción, el 5 de agosto de 1930, de otra acta en Palacio de Torre Tagle en la que se estableció una relación detallada de la ubicación y características definitivas para los hitos fronterizos, con lo cual Tacna adquirió su configuración definitiva” (p. 292).
Forzando interpretaciones
Entonces, ayer como hoy y en virtud del Tratado, Protocolo y las Actas de la Comisión Mixta, el mar fue la fuente principal fronteriza y no la apropiación ilícita para forzar una interpretación como la de nuestros días por parte de Chile.
Pulverizadas las no tan casuales imprecisiones del vecino austral, entonces, el árbitro, tal como ocurrió en 1929 podrá discurrir por los sabios caminos de un veredicto que favorezca lo histórico como no puede ser de otro modo y por razones absolutamente comprensibles y rigurosamente lógicas. Nótese que hasta en el Preámbulo del Tratado y Protocolo Complementario del 3 de junio de 1929 “también, se precisó que es conforme a las bases que el presidente de los Estados Unidos de América, en ejercicio de buenos oficios solicitados por las partes y guiándose por los arreglos directos concertados entre ellas, ha propuesto como bases finales para resolver el problema de Tacna y Arica…”. Dicho de otra manera, el Tratado de 1929 se asienta sobre las bases finales propuestas por el presidente Hoover, como resultado de los “arreglos directos” que concertaron los gobiernos de Perú y Chile en Lima, entre el 16 de abril y el 2 de mayo. De donde se desprende que toda disputa de interpretación que tengan las partes deberá, forzosamente, abordarse a la luz de lo estipulado en la propuesta del presidente de los Estados Unidos. Una conclusión nada desdeñable si es que Chile en el afán de adueñarse, inclusive de las migajas, persiste en reducir ultra vires del derecho de puerto libre del Perú en Arica, no obstante lo que prevé el artículo quinto”, p. 276, Calderón, ob. cit.
Nuevos viejos caminos
De modo que hay que pensar que es posible, la historia así lo demuestra palmariamente, que las soluciones se aborden en América y de acuerdo a lo ocurrido desde hace decenios.
¡A ponerse los pantalones!
Es deber recordar que el Acta de la traición de noviembre de 1999 es inconstitucional nula de pleno derecho porque modifica el artículo 5to del Tratado de 1929, al colocar el atracadero o el muellecito falso, fuera de los 1575 metros de la bahía de Arica y por eso las pandillas traidoras tienen que pagar su felonía contra el Perú. Bien ha dicho, en célebre texto, el maestro y peruano indoblegable, Alfonso Benavides Correa, aquel texto NO compromete al Perú. Amén que jamás Congreso alguno ha cometido la indignidad de suscribir ratificando dicha traición.
Además, hay obligatoriedad de corregir la torpeza mayúscula cometida bajo la batuta reprobable de Enrique García Sayán en el D.S. de agosto de 1947 en que se hace referencia a paralelos geográficos.
Por ser obsoleta la convención pesquera de 1954, debería ser denunciada, por el gobierno porque, además, no tiene nada que ver con delimitación marítima como alegre y sospechosamente sostiene el vecino meridional.
Más aún. Es hora de botar a la basura, así literalmente, las notas reversales o notas diplomáticas de 1968. Y también las de 1969. Además de hacer la denuncia pública de su suscribiente, hecho que adelantó en noviembre del 2005 el entonces candidato Alan García Pérez al hacer alusión inequívoca y culposa a las responsabilidades del embajador Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la Cancillería y que ha dicho, poquísimos días atrás, que él no camina con documentos a cuestas. Como si se tratara de un hecho vulgar y común, el traicionar al Perú.
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