Camisea: Lote 88 exclusivamente para el mercado interno

Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

Siempre hemos sostenido que el interés nacional está por encima de los intereses de las empresas transnacionales, de los grupos de poder, de lobbies empresariales, y de todos aquellos que llevados por la maximización de las utilidades privadas en negocios a costa del patrimonio nacional, que pertenece a todos los peruanos, minimizan y subestiman los intereses nacionales en el marco de una cuestionada globalización y de un modelo de “libre mercado” colapsado que nos está conduciendo a la primera “gran depresión” del siglo XXI.

En este caso el interés nacional está identificado con la seguridad energética del Perú que otorga el lote 88, el cual debiera estar destinado exclusivamente para el mercado interno, en razón del crecimiento de la demanda insatisfecha, la necesidad de fomentar ventajas competitivas en nuestra industria a costos razonables de la energía. También por la necesidad de una integración regional a través del gaseoducto del sur, el desarrollo de la petroquímica, y un combustible compatible con el medio ambiente en el parque automotor, bono chatarra incluido.

En este contexto la dotación de energía en condiciones de oportunidad, precio y volúmenes suficientes resulta una cuestión de primer orden para la economía peruana. De allí, la absoluta necesidad de asegurar el mercado interno con la cantidad suficiente de volúmenes de gas natural en el corto, mediano y largo plazo. En tal sentido, las reservas de hidrocarburos provenientes del lote 88 es nuestro seguro para alcanzar la autonomía y seguridad energética.

Por ello, debemos aprender las lecciones de experiencia de países como Argentina, para no reproducir los errores históricos que han tenido un alto costo político y social. Así, en el país gaucho se privatizó radicalmente la industria de hidrocarburos en la década de los noventa, transfiriendo YPF su empresa estatal, campos y refinerías al sector privado. En esa medida el problema del incremento de las reservas para las empresas era decidido sobre todo por las transnacionales, minimizando la inversión de riesgo para ubicar nuevas reservas probadas. ¡Algo parecido al Perú!

En Argentina como un negocio entre privados se apostó por la exportación de gas natural hacia Chile, comprometiendo volúmenes diarios superiores a los 900 millones de pies cúbicos y la construcción de más de cinco gaseoductos. Sin embargo, en preservación del interés nacional se tuvo la necesidad de cortar el suministro de gas en el 2004. Ello provocó airadas protestas oficiales al más alto nivel de las autoridades mapochinas pero el presidente argentino Néstor Kirchner no tuvo más remedio que suspender los envíos de gas, por su propia sobrevivencia política.

Estas lecciones tienen que ser asumidas. La falta de mayores inversiones exploratorias para descubrir nuevas reservas probadas en Argentina se justificaron por los precios políticos del gas en el mercado interno, que no resultaban atractivas para la inversión de las empresas transnacionales. Agréguese a ello la ausencia de una empresa estatal pues YPF S.A. había sido adquirida por la española Repsol hacia 1999. Así con todo esto el estado argentino se vio obligado a cortar el suministro hacia Chile con la finalidad de priorizar el mercado interno, pues resultaba contradictorio mantener la exportación, mientras las industrias y las familias no tenían acceso al gas para la calefacción en el crudo invierno de Buenos Aires.

En el caso boliviano, el 2003 el principio del interés nacional significó el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que persistía arbitrariamente en la exportación del gas natural proveniente de los campos de Tarija y Santa Cruz, atravesando el territorio norte de Chile, por una salida prevista en Mejillones o Tocopilla. Desde el punto de vista geográfico la línea más corta para la salida del gas, necesariamente no era compatible con el viejo reclamo boliviano de una salida soberana al mar.

Ante esto, fue tal la oposición política y social al proyecto de exportación de gas natural por Chile. Hay que agregar que el proyecto era auspiciado por empresas transnacionales como la British Petroleum, Pluspetrol, Repsol/YPF, Shell, etc. Es más, el gobierno del Perú ofreció una serie de facilidades para la exportación del gas proveniente de Bolivia con salida por Ilo-Moquegua, con el objeto de bloquear la salida por el norte chileno.

La amplitud del movimiento popular en Bolivia significó más tarde una nacionalización de la industria de los hidrocarburos con el presidente Evo Morales ungido como tal a fines del 2005. Es reconocido que el diputado popular por el MAS legitimó su liderazgo en las movilizaciones campesinas y en la oposición frente al proyecto exportador. En Bolivia al igual que el Perú el tema de los hidrocarburos constituye históricamente un tema políticamente sensible, por no decir inflamable.

Sin embargo, se puede discrepar sobre la conveniencia de las nacionalizaciones en el siglo XXI, y los altos niveles de corrupción estatal que ello puede suponer, pero no se puede negar que estas medidas han significado mayores ingresos fiscales para Bolivia, una mejor participación en la renta petrolera de parte del Estado por medio de las regalías que pueden llegar a ser el 80% del valor de los hidrocarburos, y mayores transferencias hacia las regiones lo cual ha significado profundas tensiones políticas entre los departamentos orientales Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando frente al poder central paceño, luchas redistributivas que estarían en el sustrato de las luchas políticas. Es cierto que se podría afirmar que la inestabilidad política y social es el estado normal en Bolivia mas esa realidad no asegura el crecimiento económico sostenido.

¿QUIÉNES SON LOS ACCIONISTAS EN LOS LOTES 88, 56 Y TRANSPORTE?

En verdad, antes de renegociar uno debe tener el conocimiento de las partes. El gobierno del Perú en representación del Estado y la Nación está obligado a renegociar un contrato lesivo al interés nacional, que afectará la propia gobernabilidad, y también por el propio interés de las empresas accionistas que conforman los lotes 88, 56 y Transportadora de Gas del Perú.

Como resulta evidente en el cuadro respectivo, el principal accionista en los lotes 88 y 56 es el grupo Pluspetrol con las empresas Pluspetrol Camisea S.A y Pluspetrol Lote 56 S.A respectivamente con el 25 % de las acciones y con Pluspetrol Perú Corporation con 2.2% en cada lote, resultando esta última la empresa operadora de los campos, y donde se margina a los trabajadores con ridículos montos de distribución de utilidades y magros salarios que no están acordes con las importantes utilidades que se están obteniendo.

También se debe tener presente que el grupo Pluspetrol participa en el gaseoducto mediante una participación en el consorcio TGP, a través de la empresa Carmen Corporation con un 12.4%. Evidentemente con esta participación tiene un nivel de integración vertical que le permite operar tanto en la producción como en el transporte, cuestión que se denegó al consorcio Shell-Mobil en los noventa.

El segundo accionista en importancia es la empresa norteamericana Hunt Oil Company Of Perú, que retiene el 25.2% de las acciones en los lotes 88 y 56 más una participación del 22.4% en Transportadora de Gas del Perú (TGP), a través de la empresa Hunt Pipeline Company. En las negociaciones esta empresa Hunt Oil ha sido identificada como la empresa “dura” para cualquier renegociación dadas sus vinculaciones al más alto nivel en Washington y con el pasado gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, cuando se otorgó el lote 56 en negociación directa sin concurso internacional, y donde se modificaron una serie de normas para favorecer el proyecto de exportación.

Sigue en importancia la presencia de la empresa coreana SK Corporation Suc. Peruana con una participación del 17.6% en los lotes 88 y 56 respectivamente. Es más, esta transnacional participa también en el transporte de gas por medio de S.K. Corporation con el 11.2% de las acciones en TGP.

También debe considerarse la participación de la empresa estatal argelina Sonatrach Perú Corp. que retiene el 10% de las acciones en los lotes 88 y 56 respectivamente más una participación del 21.2% en el transporte de gas TGP a través de la empresa Sipco Perú Pipelines Corp.

Si se trata de la presencia argentina debe mencionarse al grupo Techint que por medio de la empresa Tecpetrol del Perú S.A.C tiene una participación accionaria del 10% en los lotes 88 y 56, y a través de Tecgas Camisea retiene el 23% en el negocio del transporte por el gaseoducto representado por el Consorcio TGP; además el grupo Techint también está en el transporte por medio de la empresa Tecgas N.V con el 0.6% del capital accionario en TGP.

Por último, debemos mencionar la presencia de la importante transnacional Repsol/YPF que a través de Repsol Exploración adquirió el 10% de las acciones en los lotes 88 y 56, esta empresa será la responsable de la exportación de gas natural hacia México en razón que el Consorcio Perú LNG liderado por Hunt Oil ha negociado con Repsol/YPF la venta del gas licuefactado proveniente de los lotes 56 y 88 hacia México, en condiciones lesivas al interés nacional.

En relación a los accionistas de Transportadora de Gas Peruana (TGP) hacemos un repaso de las empresas que tienen un nivel de integración vertical como el grupo Pluspetrol con el 12.4% a través de Carmen Corporation, Hunt Pipeline con 22.4%, el grupo Techint con Tecgas Camisea y Tecgas N.V con el 23.6%, Sonatrach Petroleum por medio de Sipco Perú Pipelines con el 21.2% y la coreana S.K Corporation con 11.2%.

Todas estas empresas tienen un nivel de integración vertical pues sus capitales están representados en los lotes 88 y 56 más en la empresa Transportadora de Gas (TGP). A estas empresas debiera sumarse la participación de Suez Tractebel S.A de capitales franco-belga, y que con inversiones en la empresa eléctrica Enersur, utiliza el gas natural del lote 88 para generar electricidad en el sur chico cerca de Lima, con su Central Térmica Chilca Uno con 380 megavatios de capacidad de potencia.

En tal sentido el grupo Suez Tractebel también tiene una integración entre el transporte y la generación de electricidad y hasta el 2007 era responsable de la distribución del gas natural por medio de la empresa Cálidda (empresa dedicada al fomento del gas para Lima Metropolitana que fue transferida a capitales ingleses y colombianos).

Con respecto a la exportación de gas a México, lo cierto y evidente es que el Consorcio Perú LNG responsable del proyecto ha comprometido millonarios montos de inversión con financiamiento privado y préstamos de organismos multilaterales como el BID, avalados por el gobierno peruano para el levantamiento de la Planta de Licuefacción en Pampa Melchorita.

Los accionistas del Consorcio Perú LNG que jurídicamente no tienen firmado un contrato de explotación con el Estado peruano, están representados por Hunt Oil Company con una participación del 50%, SK Energy de Corea del Sur con 20%, la transnacional española Repsol/YPF con el 20% y Marubeni del Japón con 10%.

Esta ficción jurídica del Consorcio Perú LNG se resuelve y aclara cuando se reconoce la participación accionaria de estas empresas en los lotes 88, 56 y en el negocio del transporte del gas natural por medio de la empresa TGP. De allí que la renegociación llevada a cabo por el gobierno debe reconocer los intereses que están en juego para una renegociación contractual que preserve el interés nacional y de otro lado asegure la continuidad de las inversiones en el sector de hidrocarburos, pues persistir tercamente en el proyecto de exportación haciendo uso de las reservas probadas del lote 88 puede provocar una movilidad social y política de incalculables consecuencias.

A inicios del presente año escribía que si “En verdad, de confirmarse las mayores reservas probadas de gas natural y condensados certificadas por una empresa de prestigio internacional en los Lotes 56 y 57 debiera derogarse el decreto supremo DS 050-2005-EM que autorizaba que parte de las reservas del Lote 88 refuercen el proyecto de exportación, no hacerlo sería suicida para la estabilidad política del Perú ante el nuevo ciclo político y la creciente oposición no solamente del radicalismo sino de empresas industriales, empresas eléctricas, regiones, gremios profesionales y de buena parte del partido de gobierno”

No solamente se trata de renegociar los contratos respecto al destino de las reservas del lote 88 y 56 sino también las regalías que percibiría el Fisco peruano por la exportación del gas licuefactado, pues sería absurdo e irracional que los precios fijados para el consumo interno y las regalías obtenidas sean mayores que las que se obtendrían del proyecto de exportación.

Renegociar contratos lesivos al interés nacional resulta un imperativo de la historia y una necesidad política para la gobernabilidad social, ello no exime identificar e investigar a los responsables que hicieron posible una serie de modificaciones legales en los contratos petroleros (affaire Petrotech, BPZ, lote 1-AB, lote 56, proyecto de exportación, etc) todos ellos ocurridos en el gobierno anterior y que hoy son cuestionados, poniendo en jaque al gobierno del presidente Alan García Pérez.