Durante esta semana presenciamos, nuevamente, una inaceptable intromisión de Estados Unidos en cuestiones internas de un país latinoamericano. Es este caso se trata de un fallo de un juez federal estadounidense que pretende revocar una sentencia de la Justicia de Ecuador contra la petrolera Chevron. Según el magistrado neoyorkino Lewis Kaplan, los indígenas y campesinos ecuatorianos se aliaron con abogados y jueces para extorsionar a la empresa que contaminó más de 450 mil hectáreas en la Amazonía. Consideramos que es un absurdo jurídico que un tribunal de primera instancia del Estado de Nueva York, sin competencia en el caso, pretenda estar por encima de un fallo de la Corte Suprema de Ecuador, tratando de impedir que se haga justicia para los más de 30 mil afectados por las operaciones de Chevron-Texaco.
A pesar de que la Unión de Afectados por Chevron ya señaló que el fraudulento fallo no detiene las acciones de cobro que las víctimas llevan en otros países, como Canadá, Brasil y Argentina, consideramos que este juicio es una prueba más de las tramas de intereses públicos y privados de los países del Norte para garantizar impunidad a las corporaciones transnacionales. A través de un juez que a lo largo de todo el proceso mostró prejuicios hacia la Justicia ecuatoriana, Chevron busca una victoria mediática, que no es más que una jugada desesperada por evadir una condena que fue confirmada en todas las instancias judiciales de Ecuador, incluida la Corte Suprema, que fijó un monto indemnizatorio de 9.5 mil millones de dólares por el desastre ambiental causado en la Amazonía.
Poco después de conocido el fallo el CEO de Chevron, John Watson, declaró a la prensa argentina que ante este nuevo escenario esperan “un rápido avance en la perforación en la zona de Vaca Muerta (…) una de las áreas petroleras más promisorias del mundo” (Infobae, 04/03/2014). Estas palabras demuestran que la inversión de Chevron en nuestro país siempre estuvo condicionada al proceso judicial en Ecuador, para lo cual contaron con el apoyo de la Procuraduría General y la Corte Suprema de la Nación, que levantaron el embargo que pesaba sobre la empresa, vulnerando los tratados suscritos entre Argentina y Ecuador. Posteriormente Chevron ingresó a Vaca Muerta con el aval del Estado neuquino, el que violó el derecho a consulta previa, libre e informada a las comunidades mapuche que serán afectadas por la explotación de yacimientos no convencionales -como determina nuestra legislación- y en su lugar reprimió la movilización popular que se manifestó en contra de la firma del acuerdo.
La escalada judicial que ha llevado adelante Chevron, amenazando con litigar “hasta que el infierno se congele”, busca invisibilizar a las víctimas de la petrolera, que son las más de 30 mil personas que viven en el territorio contaminado. Hacia esas personas se dirige nuestra solidaridad y nuestro apoyo como Red Argentina de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador -espacio que reúne a más de una decena de organizaciones indígenas, sociales, ambientales y de DDHH- tras este nuevo atropello de Chevron, instrumentalizado por un tribunal que no tiene jurisdicción en Ecuador. Nuestro país tiene el deber de cumplir la sentencia dictada por la justicia ecuatoriana garantizando el derecho a la remediación ambiental de la Amazonía. Los firmantes seguiremos trabajando para evitar que en Argentina, Chevron repita el gravísimo desastre que dejó en el territorio de nuestros hermanos de Ecuador.
OPSur 07.03.2014
Red Argentina de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador
