Defraudación fiscal e ilegalidad en exportación del gas de Camisea

Sostiene Manuel Dammert

Ante la actitud del gobierno de Alan García de marginar a los peruanos negando la venta del gas de Camisea a más de 22 empresas peruanas y exportarlo a precio de regalo, además de estar en tratos con los chilenos para quemar nuestro gas y convertirlo en energía para Chile, la ciudadanía reacciona.

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Poder Judicial admitió hábeas data y concedió cinco días al Ejecutivo para contestar pero el plazo se ha vencido largamente y no responde. Evalúan denunciar constitucionalmente al premier José Chang, al titular de energía y Minas, Pedro Sánchez, y al presidente de Perupetro, Daniel Saba.

La lucha por recuperar el gas de Camisea para los peruanos sigue en pie pese a que el Ejecutivo no ha contestado hasta el momento la demanda de hábeas data presentada por el Foro Soberanía Energética contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de energía y Minas (MEM) y Perupetro, por negarse a entregar documentos sobre las irregularidades en la exportación del gas de Camisea.

Esta acción jurídica presentada el 21 de octubre 2010, fue admitida el pasado cuatro de enero por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que despacha el juez Juan Fidel Torres, y notificada exactamente un mes después (4 de febrero) al Ejecutivo, dándole un término de cinco días para contestarla. Hasta el momento, sin embargo, no hay respuesta del Ejecutivo.

En diálogo con LA PRIMERA, el coordinador del Foro Soberanía Energética, Manuel Dammert, señaló que en el fondo el gobierno no quiere contestar o entregar la documentación que evidencia la ilegalidad y defraudación fiscal en la irregular exportación del gas de Camisea. “Están buscando que se enfríe el tema, que desaparezca o que algunos documentos sean trabajados o arreglados”, anotó.

Esta garantía constitucional de hábeas data, suscrita por Dammert junto al secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, fue formulada para que el Poder Judicial requiera al gobierno entregar de manera obligatoria los documentos referidos a la exportación gasífera antes mencionada.

Según el especialista, entre otros asuntos, el gobierno no ha entregado la documentación sustentatoria de la independización de los lotes 88 y 56, así como las fechas, condiciones (si éstas se hubiesen producido), y las pruebas de que no se está exportando el gas del lote 88.

Otra documentación requerida y que no ha sido alcanzada es la que sustenta que el gas del lote 56 no es propiedad del Perú, como afirma el gobierno, al sostener que no le alcanza el artículo 4 de la Ley 27133, cuando fue devuelto por Shell e inscrito con reservas probadas.

Este registro,según Dammert, habría sido irregularmente alterado como “probables” para regalar el gas valorizado en 20,000 millones de dólares a la empresa Hunt para que lo exporte.

Tampoco el gobierno ha alcanzado la documentación de los contratos de exportación del gas de Camisea a México y ahora a Corea del Sur, como si no fuese atribución soberana del Perú conocer al respecto.

Más silencio
El gobierno niega además la documentación que sustenta la autorización para usar el gasoducto para exportar, cuando el contrato establece dedicación exclusiva para el mercado nacional hasta el 2014.

Al respecto, Dammert señaló que el gobierno ha derivado sin explicación documentada un contrato entre Repsol y la Transportadora del Gas del Perú (TGP) como si fuese un asunto exclusivo entre privados, cuando en ellos cambian las obligaciones del contrato y someten el documento a la jurisdicción de los Estados Unidos abandonando la peruana.

Asimismo, que el Ejecutivo no ha entregado las facturas y contratos de exportación, ni los volúmenes, precios de venta, destinos, pagos de impuestos y utilidades en cada etapa de la operación del proceso de extracción, transporte, distribución y exportación en curso.

Todo esto para deslindar una posible sobrevaluación, evasión fiscal y transferencia ilegal de las utilidades entre los integrantes del monopolio exportador de Camisea.

Además el gobierno no ha informado del cumplimiento de las recomendaciones del informe especial 220 de la Contraloría, del 2008, el cual señala como prueba preconstituida del delito de defraudación que se estaba ilegalmente descontando 3.6 dólares por barril de líquidos, al haberse falseado su costo de producción.

El Ejecutivo tampoco ha informado documentalmente los sustentos técnicos y económicos de las diversas propuestas y planteamientos del Ejecutivo en la llamada “renegociación” con el monopolio exportador, la que incluso ha vuelto a ampliar desde enero del presente año a un millón de usuarios domiciliaros de Corea del Sur.

“En el Perú tenemos aproximadamente 30 mil usuarios domiciliarios que están desabastecidos y, en vez de pagar 12 soles por balón de GLP, se paga el triple, siendo el gas más caro de la región”, refirió.

Helio Ramos
Redacción