Jorge Manco Zaconetti
Al tercer trimestre de 2025 las pérdidas netas de PetroPerú eran de US$ 355 millones en rojo, en 2024 para el mismo período eran mayores a US $ 745 millones también en rojo carmesí. En cambio, al III trimestre del 2019 las utilidades netas eran positivas por un valor de US $ 145 millones de dólares, y las utilidades operativas como empresa en marcha alcanzaban los US $ 239 millones en azul. ¿Qué ha pasado para que la principal empresa del Estado, que hasta el 2019 satisfacía el 50 % del mercado interno de combustibles, con utilidades en azul, pase a tener pérdidas recurrentes con una participación menor al 30 % del mercado?
Es más, al III trimestre de 2019 los ingresos por ventas sumaban los US $ 3,512 millones de dólares, para el mismo período de 2025 los ingresos de PetroPerú disminuyeron a US $ 2,593 millones, ello significa que los ingresos dejados de percibir son mayores a los US $ 919 millones.
¿Cómo explicar esta realidad? Una serie de consultoras internacionales como Arthur D Little, bancos de inversión JP Morgan, entre otros, proyectaban que para 2024, el EBITDA de la Nueva Refinería de Talara (PMRT) un indicador de la rentabilidad de una empresa que por sus siglas en inglés significa que las utilidades antes del pago de intereses, impuestos (T), depreciaciones (D), y amortizaciones (A) en los próximos quince años (2039), serían en promedio anual de US $
472 millones de dólares, suficientes para honrar los US $ 350 millones anuales de deuda externa, en especial los US $ 3,000 millones de bonos corporativos (USA) que se vencen en el 2047, y los US$ 794 millones restantes del préstamo del banco español CESCE que se vencen en 2030.
En verdad, si se privatizará la Moderna Refinería de Talara qué empresa privada nacional o internacional, estaría dispuesta a pagar los US $ 6,500 millones de dólares invertidos en la Moderna Refinería de Talara. Por historia de las privatizaciones le cargarían el muerto, los pasivos al Estado, y una administración privada cortaría el jamón, cobrando una retribución millonaria por la gestión y control.
Estas consultoras internacionales que han cobrado millones de dólares a PetroPerú por sus proyecciones y asesorías se han podido equivocar tan groseramente. ¿Qué ha pasado? De allí que era y es importante llevar a cabo la auditoría forense, para identificar a los responsables de la situación crítica financiera, lejos de la bancarrota, o que se trata de una empresa “técnicamente quebrada” como afirman los voceros de la Derecha, Bruta y Achorada (DBA), a los que se suma el economista Carlos Gálvez Pinillos, ex gerente financiero de la Mra. Buenaventura y expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que recomienda la privatización de la Moderna Refinería de Talara (PMRT).
Si tuviera la película completa Gálvez Pinillos sobre la realidad de PetroPerú que tiene que administrar, mantener el Oleoducto Norperuano, que constituye un activo crítico del Estado peruano que desde 2020 no transporta un barril de petróleo, gracias a las políticas privatizadoras de los años noventa del siglo pasado. El fomento y promoción de las inversiones privadas es una responsabilidad de PerúPetro, otra empresa estatal que ha sido también manejada políticamente.
Como economista y amante de las cifras debiera saber que en 1995 antes de la privatización de los lotes petroleros bajo responsabilidad de PetroPerú, se producían 125 mil barriles diarios. Hoy con la información oficial de PerúPetro y de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), la producción de crudo bajo responsabilidad privada está por debajo de los 40 mil barriles diarios. Para un mercado que se satisface con 300 mil barriles entre diésel 2 limpio, gasolinas limpias, gas licuado de petróleo, turbo entre otros combustibles. Es decir, tenemos un creciente déficit comercial en la balanza de hidrocarburos, gracias a la privatización en el sector.
El Oleoducto Norperuano es propiedad del Ministerio de Energía y Minas que le genera a la petrolera estatal una pérdida anual superior a los US $ 100 millones de dólares, realidad que ninguna empresa privada estaría dispuesta de aceptar.
Es más, el propio Estado peruano en especial los ministros de economía y finanzas (MEF) y del ministerio de energía y minas (MINEM), que son los propietarios de las acciones de PetroPerú, le imponen trabas, no le pagan las deudas que tiene con la petrolera estatal. Así, por ejemplo el MEF no le reconoce los S/ 3,112 millones de soles por concepto de crédito fiscal por las ventas de combustibles en la Amazonía.
Me explico, PetroPerú compra petróleo o derivados como el diésel 2 limpio de USA, paga el impuesto general a las ventas (IGV) que no es “moco de pavo” (18%), pero como las ventas en Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Madre de Dios están exoneradas de todo impuesto, la petrolera estatal no puede recuperar el IGV ni como crédito fiscal. En tal sentido, hay una discriminación por su carácter de ser empresa estatal.
Por ello, la competencia privada sea Repsol que explica el 40 % del mercado de combustibles, o las empresas norteamericanas Exxon/Mobil o Valero que importan derivados desde sus propias refinerías no abastecen el mercado amazónico, pues no resulta un negocio rentable.
Es más, como ha sido una práctica con los grandes proyectos mineros, sea Las Bambas, con inversiones de US $ 10,000 millones, Mra. Chinalco de capitales del estado chino, o la Mra. Quellaveco con inversiones de más de US $ 5,500 millones gozaron del beneficio tributario de la devolución anticipada del IGV por la maquinaria y equipo importado necesario para la producción. Sin embargo, a PetroPerú por ser empresa del Estado el MEF le retrasa la devolución de S/ 1,863 millones por la maquinaria y equipo importado en su etapa preoperativa.
LOS RESPONSABLES
Desde diciembre de 2013, durante el gobierno de la corrupta pareja presidencial de Humala & Heredia donde se aprobó por insistencia del Congreso de la República la ley 30130m que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), han sido tantos los cambios de los ministros de Economía como de Energía y Minas, como los directorios de PetroPerú, los avances y retrocesos y la ausencia de una decisión política y de estado de largo plazo,
Como lo ha afirmado el economista Carlos Paredes Lanatta en más de una oportunidad. La Moderna Refinería de Talara (PMRT) debió estar operativa en junio de 2019, sin embargo cuando él asumió la presidencia del directorio de la petrolera estatal faltaban las inversiones en las “unidades auxiliares y complementarias” que resultaban básicas para la operatividad de la refinería, como la unidad de autogeneración de energía, la planta de tratamiento del agua de mar para el retiro de la sal, la unidad de ácido sulfúrico entre otras.
Por ello, en una auditoría forense se debe investigar la gestión del Comandante en retiro de la Policía Nacional Germán Velásquez Salazar, que siendo presidente y gerente general de PetroPerú entre marzo 2015 y junio de 2016, retrasó indebidamente la licitación para la construcción de la unidades “auxiliares y complementarias”, realidad que explicó un retraso de tres años en la operatividad de la Moderna Refinería de Talara, cuestión que debiera investigarse por las consecuencias económicas financieras en los resultados negativos de la petrolera estatal.
En el mismo sentido, debe investigarse la gestión de Carlos Paredes que ordenó el cierre de la vieja pero rentable Refinería de Talara desde el primero de enero de 2020, cuestión que se extendería hasta setiembre de 2023, en razón de la pandemia del covid, y luego la guerra Rusia/Ucrania que disparó los precios del crudo y derivados desde febrero del 2022; y PetroPerú tenía que importar derivados y abastecer a pérdida el mercado interno, pues la Refinería de Talara no estaba operativa.
Recién en setiembre de 2023 la Moderna Refinería empezó a funcionar a media caña. Es más, debe investigarse la gestión del Ing. Óscar Vera Gargurevich uno de los “waykis”, un allegado cercano a, la presidenta Dina Boluarte que siendo ministro de Energía y Ninas adoptó decisiones temerarias respecto de la operatividad de la unidad de flexicoking, la planta más valiosa de las 16 unidades de la compleja y moderna Refinería de Talara, que prácticamente en 2024 no ha operado para la conversión de los petróleos industriales residuales en diésel y gasolinas limpios de azufre cn mayores precios.
Al III trimestre de 2025 los pasivos corrientes, es decir de corto plazo suman más de US $ 2,724 millones, y el déficit del capital de trabajo es de US $ 1,347 millones, y PetroPerú no tiene los recursos financieros para comprar petróleo y derivados, por ello necesita y demanda el apoyo del Estado. Por tanto, un gobierno de transición como el del presidente José Jerí debe tener la película completa, sobre la realidad de PetroPerú que hasta ahora ha sido el botín de los gobiernos de turno. Por el interés nacional y soberanía energética se debe fortalecer a la petrolera estatal.
Diario Uno, 13.12.2025
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