Por César Gutiérrez Peña
Estamos ante escenarios completamente diferentes, que exigen modificaciones en lo firmado en el 2004, sin apelar a la letanía de la estabilidad jurídica garantizada.
Discusión mayúscula generó la posible exportación de nuestro gas natural licuado (LNG) a Chile, más de una razón de carácter geopolítico conducía por la racionalidad de la negativa, lo cual debería ser una política de Estado en el largo plazo. El cuestionamiento mayoritario de la pretensión devino en que fuese retirada del debate público, y en su reemplazo se anunció por parte del consorcio exportador, que los excedentes no comprometidos contractualmente con México, que llegarán hasta el 85% de lo vendido fuera de nuestras fronteras, serían comprados en China, operación aparentemente inocua para los intereses del país, casi consentida en las más altas esferas gubernamentales.
El contrato suscrito entre el consorcio que opera los yacimientos y el Estado peruano, representado por Perupetro, señala al mercado de los Estados Unidos, específicamente el Henry Hub, como referencia, lo cual no es válido si el lugar hacia donde se envía el energético no toma esa valorización para sus transacciones, que es el caso chino, por tanto no deben aplicarse las condiciones estipuladas para la explotación cuando el gas se usa para exportarlo a un sitio que tiene otra estructura de determinación de costos.
Para este caso, hay que elaborar una nueva categoría de cálculo, tomando a Japón como mercado relevante, dada la cercanía con China y que es el principal importador mundial de LNG, consume el 41% del total; el segundo que es Corea, lo sigue con un magro 16%. La diferencia de precios del gas en las tierras del sol naciente y las del tío Sam, es diversa, las estadísticas de los últimos 10 años indican que tienen un rango que va entre un 31% menor hasta 42% mayor. Estas cifras son contundentes para concluir que estamos ante escenarios completamente diferentes, que exigen modificaciones en lo firmado en el 2004, sin apelar a la letanía de la estabilidad jurídica garantizada.
Expreso, 15.12.09
