La ministra de economía y finanzas del Perú (MEF) Ing. Denisse Miralles en cada entrevista que otorga señala que el Estado ha financiado a PetroPerú con más de S/ 17,000 millones de soles desde 2022 a la fecha, y que no hay recursos económicos para un “nuevo salvataje” de la petrolera estatal. Sin embargo, la ministra no considera que la petrolera estatal entre 2014 y 2024 le ha generado al fisco más de US $ 6,658 millones de dólares por concepto de impuestos propios generados y directamente recaudados.
Es más, a la fecha el MEF le debe S/ 4,921 millones de soles por la no devolución del IGV por la venta de combustibles en la Amazonía en especial, Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas, Madre de Dios en especial donde la venta de combustibles están exonerados de impuestos por decisión del gobierno de Fujimori desde 1998, en campaña para la re reelección fraudulenta del 2000.
También le debe el 50 % del IGV pagado por concepto del régimen de recuperación anticipada en la importación de maquinaria y equipo para la Refinería de Talara, la “joya de la corona” que sería concesionada según lo dispuesto por el ilegal Decreto de Urgencia N.º 010-2025 promulgado el 31 de diciembre del 2025, a una empresa privada “libre de pasivos y deudas” que serían asumidos por el Estado, en especial la deuda asumida con los bonistas del mercado de valores de la Bolsa de New York, por más de US $ 3,000 millones de dólares y que PetroPerú ha venido honrando hasta la crisis del “corona virus” que se agravó con el indebido cierre de la vieja pero rentable Refinería de Talara.
Prácticamente desde enero del 2020 hasta setiembre del 2023, cuando entró en operaciones parcialmente la Nueva Refinería de Talara, la petrolera estatal ha generado pérdidas económicas y se debe investigar a los responsables de esta crisis económica financiera. Es más, en diversas proyecciones de las consultoras privadas y auditoras de riesgo PetroPerú desde el 2024 ha debido generar utilidades antes de impuestos en promedio de US $ 472 millones de dólares para los próximos 15 años ¿Qué ha pasado?
Como el referido Decreto de Urgencia dispone ilegalmente que PetroPerú transfiera a Proinversión S/ 144 millones de soles en el término de la distancia, pues le otorgan cinco días hábiles de promulgada la norma los cuales se vencerían el 12 de enero del presente. A pesar que PetroPerú le debe cientos de millones de dólares a los productores de petróleo de la región y proveedores internacionales. Igualmente le debe a Gasnorp, empresa colombiana responsable de la distribución del gas natural que alimentan la generación de energía de la Moderna Refinería de Talara.
Por lo tanto, la petrolera estatal está quemando sus inventarios que a lo sumo soportarán tres meses adicionales. Después se justificaría la privatización de sus diversos “bloques patrimoniales”, es decir su descuartizamiento.
Nunca se debe olvidar que PetroPerú desde 1997 a 2024, gracias a la privatización de las reservas de crudo de los lotes de las Operaciones Noroeste (Talara) y del Zócalo Continental ha tenido que pagar más de US $ 14,300 millones de dólares (al margen de las regalías) por un petróleo que antes le pertenecía. Ahora PetroPerú no tiene “capital de trabajo” para pagar por el petróleo doméstico e importado para su procesamiento en la Moderna Refinería de Talara.
Ello significa que la decisión política del gobierno del Presidente José Jerí, es dejar caer a PetroPerú por inanición, la muerte lenta, para justificar su privatización sin medir las consecuencias políticas y económicas que ello tendría en esta coyuntura electoral, donde cada vez es más evidente los intereses mercantilistas de los viejos y nuevos lobbys.
Cabe preguntarse qué empresa privada estaría dispuesta a administrar y supervisar a pérdida el Oleoducto Nor peruano que desde el 2020 no traslada un barril de petróleo por obra y gracia de las empresas privadas que no han invertido en actividades de exploración y se han dedicado a explotar el petróleo descubierto en la época de oro de PetroPerú.
Solamente entre el 2020 al 2025 de sus propios recursos la petrolera estatal ha tenido que gastar más de US $ 600 millones de dólares de sus propios recursos para el mantenimiento de un oleoducto que entre 1978 al 2020 ha trasladado casi mil millones de barriles de crudo, haciendo posible una riqueza de US $ 60 mil millones de dólares a los precios del crudo del 2010. Ahora nuestros “liberales criollos” afirman que el Oleoducto Norperuano es un “elefante blanco”, cuando la responsabilidad de descubrir y explotar petróleo en la selva es una responsabilidad de los capitales privados según la ley de hidrocarburos vigente desde 1992 con la dictadura fujimorista.
Usted amable lector se preguntará por las razones por las cuales entre 2015 y 2024 el Oleoducto Norperuano ha tenido más de 90 atentados, perforaciones en los tramos de la selva norte, mientras el gasoducto y el ducto de líquidos de TGP (Transportadora de Gas del Perú) que llevan el gas natural a Lima y los líquidos de gas natural a la Planta de Fraccionamiento de Pisco operada por Pluspetrol Perú Corporation (PPC), no han sufrido mayores atentados.
Evidentemente hay una “mano negra” detrás de esta realidad donde PetroPerú asume las pérdidas, los costos y costas de un activo crítico propiedad del Estado.
Las ventas de combustibles en la Amazonía en un 85 % dependen del rol subsidiario de PetroPerú que no recupera a tiempo el Impuesto General a las Ventas, ni el selectivo al consumo por la exoneración que gozan los departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios. Si privatizan la petrolera estatal en especial con la concesión de la Moderna Refinería de Talara, el Estado tendrá que subsidiar a un operador privado. Es más, si el abastecimiento en la Amazonía recae en las empresas privadas por lo menos se proyecta un incremento de 20% a 25 % en los precios de los combustibles.
ES LA GEOPOLÍTICA IDIOTA
La intervención imperial de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Bolivariana de Venezuela demuestra una vez más el carácter estratégico del petróleo, pues en el “país llanero” subyacen más de 308 mil millones de barriles de crudo, constituyendo las reservas más importantes del mundo, y están al frente del Tío Sam.
Y el presidente Donald Trump ha señalado expresamente que dichas reservas de petróleo les pertenece a los Estados Unidos por el “destino manifiesto” por su valor estratégico.
Por ello, el Secretario de Estado Marco Rubio ha justificado la intervención en Venezuela violentado todas las leyes del derecho internacional expresando que los Estados Unidos: “No vamos a permitir que el hemisferio occidental (entiéndase el patio trasero de América Latina) sea una base de operación para los adversarios, competidores y los rivales de estados Unidos”.
De casi 300 mil barriles diarios que constituye el consumo de combustibles en el pequeño pero rentable peruano, PetroPerú abastece menos del 30 % de la demanda y el resto está controlado por importantes transnacionales como Repsol de España que administra la Refinería La Pampilla con un 40 % del mercado; le siguen en importancia las transnacionales gringas Valero que en noviembre de 2024 ha construido tanques de almacenamiento en Paita con una capacidad de 200 mil barriles, compitiendo en el mercado histórico de PetroPerú; a ellas debemos sumar Exxon Mobil, Pluspetrol.
Ello significa que la privatización de las diversas unidades de PetroPerú, bajo la forma de concesión donde las deudas se socializan y las utilidades se privatizan, significará un incremento de los combustibles sobre todo en las provincias del Perú profundo que no resultan tan atractivas para las empresas privadas.
Es más, los mismos voceros empresariales como de la “Sociedad Peruana de Hidrocarburos” demandan al Estado que financie nuevas aportaciones a PetroPerú para que las empresas petroleras privadas que operan en el norte del país puedan seguir produciendo en razón que la Moderna Refinería de Talara es el único comprador de crudo, a ello le denominan “monopsonio” pues toda la infraestructura desde la IPC (1920) estuvo construida respetando el principio de la “integración vertical” es decir la unidad técnico-material entre la explotación de crudo y su refinación en Talara.
Por tanto, el Presidente de la República debe dar cuenta y explicar ante el Congreso de la República la naturaleza del Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que según reputados constitucionalistas es ilegal y anticonstitucional por la violación de una serie de leyes aprobadas por el mismo congreso en el pasado.
En estos días se define el futuro energético del país, y está en juego el bolsillo de millones de familias y consumidores. Voeremos sobre el tema.
Diario Uno, 10.01.2026
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