El regreso de Petroperú al negocio petrolero generará una directa competencia con la transnacional Repsol, principal productora de combustibles líquidos, permitiéndole recuperar hasta el 40% del mercado de hidrocarburos.
El “lobby petrolero”, conformado principalmente por las empresas Savia Perú, Sapet Development Perú Inc, Graña y Montero Petrolera, cuenta con el apoyo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Una furibunda campaña mediática se viene realizando en estos días tras el inicio de operaciones al 100% de la Nueva Refinería de Talara, moderna inversión que está contribuyendo a incrementar la producción de combustibles limpios y económicos en el país.
Privatistas a ultranza y asalariados con vínculo a organizaciones empresariales que otrora tenían negocios con Odebrecht y el conglomerado de Graña y Montero, con su brazo mediático en el Grupo El Comercio y la televisora América TV, han lanzado infundios para desacreditar a Petroperú y ponerla como una empresa en quiebra que está solicitando un millonario salvataje financiero al Estado.
Una completa falsedad, pues lo único que había planificado es una operación de endeudamiento externo, gestionado directamente por Petroperú para obtener un crédito por U$ 650 millones, que serían pagados con las ganancias generadas mediante la Nueva Refinería de Talara.
Y el manejo de tres lotes en el noroeste (Lote I, Lote VI y Lote Z-69) abre perspectivas para que pueda asociarse con otras empresas interesadas en invertir en el país, desplazando definitivamente a esas empresas mercantilistas que han venido operando por años y que hoy se sienten dueñas del petróleo peruano.
La madre del cordero
En 2023, esas empresas impulsaron que los lotes petroleros en Talara con contratos en fase de vencimiento puedan ser extendidos y no reviertan al Estado, como era la visión adoptada desde Perupetro.
Tdoo esto con el fin de evitar así que en mayo de 2024 Petroperú entre a operar el Lote X, el más importante del Noroeste y con amplias posibilidades de concentrar mayores volúmenes de hidrocarburos en producción, y por ende, incrementar el petróleo y reducir las importaciones del mismo.
La historia del “aporte de capital” que supuestamente Petroperú exigía al gobierno fue armada por Gestión que hasta la década pasada promocionaba como grandes obras las estafas monumentales de la brasileña Odebrecht solo porque Graña y Montero (hoy rebautizada como Aenza), accionista del Grupo El Comercio, era la socia empresarial en los turbios negocios del caso “Lava Jato”.
Gestión es dirigido hoy por Omar Mariluz, otrora conductor del segmento económico en la radio RPP, donde labora Mávila Huertas, pareja del exministro Luis Miguel Castilla que, da la casualidad, trabaja a cuenta de la SPH y empresas del lobby petrolero a través de su consultora Videnza.
Niños pérfidos
Además de los brazos mediáticos de El Comercio a través de sus periódicos satélites como Correo, Perú 21, y las televisoras Canal N y América TV, el “lobby petrolero” se apoya en los congresistas más cuestionados del país para lograr su propósito, como es el caso de “los Niños” de Acción Popular.
El 19 de noviembre de 2021, la bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley que ordenaba extender automáticamente por 10 años más la vigencia de los contratos de los lotes petroleros que estaban por vencer en el área de Talara. La iniciativa fue presentada por el congresista Carlos Alva Rojas, y secundada por sus colegas Edwin Martínez, José Alberto Arriola, Karol Paredes, Silvia Monteza y Elvis Vergara, todos involucrados en el caso de “los Niños”.
El proyecto de ley fue debatido y aprobado el 12 de abril de 2022 en la Comisión de Energía y Minas del Congreso y ocho parlamentarios votaron a favor de este proyecto: los acciopopulistas Carlos Alva, Ilich López y Carlos Zeballos, los fujimoristas Jorge Morante, César Revilla y Maricruz Zeta, además de Diana Gonzales de APP y José Enrique Jerí de Somos Perú.
La prensa y sectores de la sociedad civil reportaron que el proyecto de ley 804-2021/CR era una “ley con nombre propio” y producto de un “lobby” evidente pues las empresas directamente beneficiadas eran Sapet, Savia y CNPC, cuyos contratos en los lotes VI-VII, Z-2B y X vencían a partir de octubre de 2023.
El rechazo ciudadano en Piura, Tumbes y otras regiones llevó a que el 27 de abril de 2022 se vote una reconsideración que anuló la aprobación del proyecto. Posteriormente, la bancada de Somos Perú quiso reactivar la idea mediante el proyecto de ley 2279-2021-CR, que también planteaba extender por 10 años más la vigencia de los contratos petroleros.
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2024/01/2024-01-31-Diario-UNO.pdf
1 comentario
Defendamos nuenuesras riquezas!!
Basta de tanta corrupción!!