Soporte financiero condicionado
Jorge Manco Zaconetti
En el 2004 el gobierno del presidente Alejandro Toledo aprobó la ley que creó el “Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles” que al 2023 ha significado un subsidio de más de S/ 16 mil millones de soles, un estimado en promedio de US$4,500 millones de dólares a favor de las empresas refineras, como Repsol-La Pampilla, que ha debido de pagar más de US $ 3,000 millones de dólares como reparación por la contaminación de las playas del norte chico Ventanilla, Huaral, Chancay etc. ¡Si esta tragedia ambiental hubiera sucedido en USA o Europa, no habría miramientos hacia esta transnacional!
El Fondo de Estabilización ha favorecido a las empresas importadoras de combustibles como Repsol, Valero, Exxon Mobil, Pluspetrol, Solgás, Lima Gas entre otras. También a PetroPerú pero como todavía es una empresa del estado, la compensación o subsidio tomaba su tiempo. Lo mismo sucedía con la recuperación del IGV por las ventas de combustibles en la Amazonia, donde el propio Ministerio de Economía le metió cabeza por más de US$1,500 millones de soles.
Este subsidio de más de US$4,500 millones se creó para no trasladar a los consumidores locales las presiones alcistas de los precios internacionales de los combustibles. En verdad, se financia con los recursos del estado, y no llama la atención pues subsidia a los consumidores de bajos y altos recursos, que sí podrían abonar los precios de mercado. ¡Este subsidio termina a manos de las empresas privadas y no llama la atención como el costo de la refinería de Talara!
En la última exposición del Presidente del Directorio de PetroPerú ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, el nuevo costo de la refinería de Talara incluyendo los intereses preoperativos de US$991 millones de dólares, suma los US$6,530 millones de dólares, un valor que ha llamado la atención, y que debiera ser correctamente explicado al país.
En verdad, el costo de construcción de las unidades principales de la Nueva Refinería de Talara, se conserva sobre los niveles de US$3,438 millones, que se financia básicamente con los préstamos internacionales, por medio de bonos con fechas de vencimiento a largo plazo. En promedio entre intereses y amortización PetroPerú debe pagar anualmente US $ 350 millones de dólares por concepto de deuda externa. Un valor que la propia refinería de Talara, operando al 100% puede asumir pues estudios de consultoras internacionales como Arthur De Little, estiman que en promedio la utilidad operativa de la refinería en los próximos 15 años, será de US$472 millones de dólares.
Este punto es importante de reconocer pues desmiente el discurso de la Derecha Bruta y Achorada (DBA) que sigue calificando a la Nueva Refinería de Talara de un “elefante blanco”, de una pésima inversión que supuestamente restaría recursos a la salud y educación del país. Está demostrado que la refinería es rentable y debe ser una preocupación para la competencia y los voraces importadores, pues ahora PetroPerú debe recuperar el liderazgo que siempre tuvo en el mercado de combustibles, a pesar de los efectos perversos de la privatización de los lotes petroleros, grifos, rentables filiales como Solgás, Transoceánica y sobre todo de la propia Refinería de La Pampilla que se vendió a “precio de ganga”. ¡Todo ello en la década infame del fujimorismo!
En verdad, en el nuevo precio sincerado de la Nueva Refinería de Talara, llama la atención el costo de las inversiones de las unidades auxiliares y complementarias por más de US$1,293 millones pues originalmente se estimaron sobre los US$900 millones. Es más, inicialmente tales inversiones iban a ser responsabilidad de inversionistas privados, y que luego por decisión del directorio de PetroPerú antes de finalizar el corrupto gobierno de Humala & Heredia, se modificó el planteamiento original transfiriendo dicha inversión a PetroPerú.
A este respecto el cambio respecto a la responsabilidad de la construcción de las inversiones auxiliares y complementarias explica los mayores montos de inversiones superiores a los US$1,293 millones de dólares, los intereses preoperativos de US$991 millones y los valores alzados por concepto de gestión, supervisión y contingencias por US$807 millones. Esta sobre valoración de dichas inversiones deben ser mejor explicadas, para decantar responsabilidades.
La verdad, monda y lironda es que la Nueva Refinería de Talara debió estar operativa al 100% a mediados del 2019, antes de la pandemia del coronavirus del 2020 y de las consecuencias de la guerra Rusia/Ucrania iniciada en febrero del 2022, que han afectado duramente las finanzas de la empresa sin contar con los estropicios e irregularidades del gobierno de Pedro Castillo.
En tal sentido, los responsables políticos de la debacle y crisis de pagos que experimenta PetroPerú son los respectivos ministros de economía y finanzas (MEF) y de energía y minas (MINEM), con sus viceministros que conforman la Junta de Accionistas de PetroPerú. Es decir, conforman la máxima instancia de gobierno de cualquier empresa, más aún tratándose de la principal empresa del estado, que hasta el 2018 explicaba el 48 % de participación en el mercado de combustibles.
¿QUIÉNES SON?
Han sido ministros de economía y finanzas desde el 2014 al 2021 los señores Segura Vasi, Thorne Vetter que después terminó de intermediario financiero de los bonistas que compraron los valores a PetroPerú, Zavala Lombardi, Cooper Fort, Tuesta Cárdenas, Oliva Neyra, Alva Leopardi, todos economistas liberales, reconocidos lobistas, líderes de opinión de los intereses empresariales, todos contrarios al fortalecimiento empresarial de PetroPerú.
Ni que decir de los ministros de energía y minas como Mayorga Alba, Ortiz Ríos ya fallecida, Tamayo Flores director de la consultora Macroconsult empresa que juega a favor de intereses privados contrarios al fortalecimiento de PetroPerú; Aljovín Gazzani, Grossheim Barrientos, Ismodes Mezzano, Liu Yonsen, Belaunde Llosa, Incháustegui Zevallos, Gálvez Delgado entre otros. Todos funcionales, asesores, lobistas, “intelectuales orgánicos” de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía.
En verdad, como miembros de la “Junta de Accionistas” de PetroPerú, la máxima instancia de gobierno, no asumieron por acción u omisión, y avalaron las decisiones del directorio de la petrolera estatal en especial del Comandante de la Policía en retiro Germán Velásquez que retardaron indebidamente la operatividad al 100 % de la Nueva Refinería de Talara, que hoy tienen que asumir altos costos por intereses preoperativos, supervisión, y contingencias. Como diría el escritor García Márquez, la tragedia de PetroPerú, parece ser “la crónica de una muerte anunciada” Por la estabilidad macroeconómica del país, por la confianza y crédito internacional, por el abastecimiento de los combustibles, seguro y oportuno a precios convenientes, la rentabilidad asegurada, el gobierno debe y tiene que apoyar el soporte financiero solicitado que debe ser devuelto en el largo plazo por la petrolera estatal.
Diario Uno, 27.01.2024
