“Les quita fondos a jubilados y pensionistas, para dárselos a dos generadoras eléctricas”
PROYECTO DE LEY ESPURIO de congresista fujimorista Hernando Guerra García, que propone modificar la Ley de Generación Eléctrica, es un lobby descarado para favorecer intereses privados
Alexis Ipenza
La Federación Nacional de Jubilados del Perú, cuyas pensiones bajo el régimen de la Ley 19990 se financian parcialmente con transferencias de Electro Perú, denuncian que el fin de semana playero que reveló involuntariamente el congresista fujimorista Hernando Guerra García, no es nada al lado del tremendo faenón que está tramando en la Comisión de Energía y Minas y que los perjudicaría directamente.
Por ello, reclaman una inmediata suspensión al parlamentario por ausentarse de Lima sin licencia para irse a veranear a un balneario, con el fin de apartarlo temporalmente del debate de un proyecto de ley que él está promoviendo en beneficio de intereses particulares y que dañaría sus exiguos ingresos. «Así podríamos demostrar al país, el tremendo lobby que se ha organizado».
JUEGO SUCIO
La ley establece que el mercado eléctrico peruano tiene dos grandes tipos de usuarios: los clientes regulados y los clientes libres. Los primeros son los ocho millones de usuarios domiciliarios, bodegas y pequeños negocios. Los segundos 2.500 grandes consumidores de industrias, centros comerciales y grandes empresas. Los regulados le compran la energía a catorce distribuidoras eléctricas (11 estatales y 3 privadas). En cambio, los libres le compran directo a las generadoras eléctricas. Actualmente, los libres pagan casi un 50% menos.
Pues bien, el proyecto Guerra-García busca pasar a las PYME de usuarios regulados a libres, bajo el supuesto que reducirán sus gastos y mejorarán sus ingresos. Pero aquí está la trampa. Para ser cliente libre se debe consumir como mínimo 200 kW y de los 3 millones de PYME ninguna llega a ese límite. Entonces el congresista playero quiere reducir el límite de 200 a 50 kW.
Este intento olvida que el gran vendedor de las distribuidoras es Electroperú. Para lo cual compra electricidad a las generadoras Cerro del Águila (Kallpa) y Chaglla bajo la modalidad «Take or pay», en castellano úsala o págame. a 65 dólares el MWh y la venden a 30 dólares el MWh. Si se cambiara la ley, estas empresas a través de sus satélites como Kondu o Adria, la ofrecerían a 30 dólares Mwh, pero ElectroPerú les tendría que seguir pagando la tarifa pactada. Así, estas dos generadoras harían el negocio del siglo: vender a 95 dólares MWh, todo lo que Nano Guerra-García les pueda conseguir de reducción en el actual límite legal.
Por ello los especialistas calculan que las distribuidoras privadas y Electroperú podrían tener pérdidas por 1,500 millones de soles, en un periodo de cinco años, de aprobarse el mencionado proyecto de ley, pérdidas que afectarían directamente a los jubilados.
EXTRAÑAS RELACIONES
Lo más grave del tema es que Guerra-García no está solo en esta oscura operación. También cuenta con el respaldo del congresista acciopopulista por la Libertad Carlos Alva Rojas, quien preside la Comisión de Energía y Minas. Coincidentemente, también forma parte de la comisión de Producción y Micro y Pequeña Empresa, lo cual le ha valido de justificación para acelerar la tramitación. Incluso, un miembro de la bancada de Perú Libre, el congresista Germán Tacuri Valdivia, se ha sumado al núcleo promotor. Este trío ha logrado que la comisión recomiende su aprobación, a pesar de los graves yerros que contiene y que han sido puestos en evidencia por las entidades consultadas.
Por ejemplo, el Minem opinó que «en la exposición de motivos no se advierte que exista un estudio técnico- económico a partir del cual se sustente que el umbral para acceder al mercado libre de electricidad deba ser el de una potencia mayor a 50 kW, lo cual origina que el proyecto de ley adolezca de motivación, razonabilidad y proporcionalidad; principios que deben garantizarse durante todo proceso de cambio regulatorio de una actividad económica, de acuerdo como lo establece el derecho interno e internacional». Ni una letra en el predictamen considera esta fundada objeción técnica.
Y para quienes no tienen memoria. Esta misma maniobra trató de realizarse en 2020, pero el Poder Judicial amparó el pedido de los jubilados. Ahora tendrá que pasar lo mismo.
DATO
Sin debido proceso. Pese a la avanzada edad de los perjudicados, sus dirigentes han anunciado que con el apoyo de distintos congresistas se presentarán este viernes en la Comisión de Energía y Minas para expresar su oposición. «Es el colmo que a los perjudicados no se nos haya escuchado», dijeron.
Diario Uno
