Jorge Manco Zaconetti
No deja de ser una paradoja histórica que la privatización integral de PetroPerú no la pudiera terminar Alberto Fujimori en 1996 en razón de la oposición de la población de Talara y los organismos sindicales, y cierta dosis de oportunismo político muy propia de los dictadores; ahora un gobierno elegido por la voluntad popular y traicionado por la presidenta Dina Boluarte con un gabinete impuesto por los perdedores de las elecciones del 2021, la derecha económica más dura, bruta y achorada (DBA) opta por la privatización de PetroPerú, la que fuera la primera empresa del Estado, y durante muchos años la empresa líder en la generación de ingresos de la economía peruana.
En verdad se opta por la liquidación de PetroPerú, encubierta bajo el manto de una supuesta “reestructuración empresarial”, donde se contratará a una empresa internacional, responsable de gestionar, administrar y liquidar los activos de PetroPerú, comenzando por el emblemático edificio de San Isidro, situado en el corazón financiero de Lima, donde la que fue constructora Graña y Montero, ahora denominada Aenza, tendría algún interés.
| Solamente así podrá entenderse la demoledora campaña de la prensa concentrada contra PetroPerú, liderada por el decano de la prensa peruana, El Comercio, seguida por diarios y medios como Gestión, Correo, Canal N, Canal 4, Ojo, RPP por citar a los más importantes. El lector debiera saber que los intereses concretos del Grupo Graña y Montero, donde los Graña Miró Quesada resultan los mayores accionistas del Grupo El Comercio, están también relacionados con los lotes III, IV, V de Talara, y lógicamente pretenderán recuperar el pequeño Lote I, sobre todo por el negocio comprometido con Gasnorp (Promigas y Energía de Bogotá) en la distribución de gas natural en Piura, Sullana, Talara, Paita etc.; pero sobre todo por el negocio en el abastecimiento a la empresa Misky Mayo con los fosfatos de Bayóvar, a Cementos Pacasmayo, a las casi 20 empresas pesqueras de la región, los centros comerciales de Piura y claro está también a la Nueva Refinería de Talara (NRT) que demandará no menos de 15 millones de pies cúbicos de gas natural diarios. |
Solamente así podrá entenderse la demoledora campaña de la prensa concentrada contra PetroPerú, liderada por el decano de la prensa peruana, El Comercio, seguida por diarios y medios como Gestión, Correo, Canal N, Canal 4, Ojo, RPP por citar a los más importantes. El lector debiera saber que los intereses concretos del Grupo Graña y Montero, donde los Graña Miró Quesada resultan los mayores accionistas del Grupo El Comercio, están también relacionados con los lotes III, IV, V de Talara, y lógicamente pretenderán recuperar el pequeño Lote I, sobre todo por el negocio comprometido con Gasnorp (Promigas y Energía de Bogotá) en la distribución de gas natural en Piura, Sullana, Talara, Paita etc.; pero sobre todo por el negocio en el abastecimiento a la empresa Misky Mayo con los fosfatos de Bayóvar, a Cementos Pacasmayo, a las casi 20 empresas pesqueras de la región, los centros comerciales de Piura y claro está también a la Nueva Refinería de Talara (NRT) que demandará no menos de 15 millones de pies cúbicos de gas natural diarios.
También Graña y Montero, ahora Aenza, por el roche de Odebrecht, también tiene la administración de los terminales de PetroPerú, en especial el Callao en sociedad con una empresa holandesa, y los terminales del norte del país, que resultan negocios atractivos donde prácticamente usan la infraestructura de la petrolera estatal, sin mayores inversiones, y tales terminales que constituyen la “boca de salida y entrada” de los combustibles tienen fecha de término pues fueron concesionadas, más no vendidas.
En todo caso, la opción tres de la Carta a la Opinión Pública del 27/9/24, impuesta a la fuerza con “pechada” a la Presidente y al Consejo de Ministros significa que se hará “una reestructuración profunda que goce de credibilidad” rematando casi 100 activos que tiene PetroPerú supuestamente para hacer caja y hacer frente a los pasivos de corto plazo, es decir a las deudas corrientes de un año que bordean los US$4,540 millones de dólares al primer semestre de 2024, empezando por el remate del Edificio Principal de San Isidro.
Luego le seguirán la Refinería de Conchán que tiene una capacidad de almacenamiento de más de un millón de barriles en sus tanques, que incluso son alquilados a privados con utilidades, pues como refinería es una refinería obsoleta. Incluso quieren vender el Club de los Trabajadores de La Molina, que fue financiado por los propios empleados de PetroPerú.
Lo realmente grave como viejos lobistas que son, es que recomiendan “ el apoyo de una firma de experiencia internacional comprobada” para realizar acciones de eficiencia organizacional. Ello significa que tal empresa responsable de administrar y gestionar la liquidación de PetroPerú cobrará un ingreso, y como toda empresa obtendrá una utilidad o como mejor se acostumbra “bonos de éxito”.
No soy abogado de formación pero en algún momento fui asesor en el Congreso de la República de la Comisión de Energía y Minas, convocado por el congresista del APRA José Carlos Carrasco Távara, que tuvo la iniciativa de promover la ley N.º 28244 que fue promulgada por insistencia del Congreso el 2 de junio de 2004. En esencia dicha ley excluye a PetroPerú S.A. del proceso de promoción de la inversión privada en cualquiera de sus modalidades sea a venta de acciones, venta de activos, contratos de gestión y administración, como sería la recomendación del Directorio de PetroPerú compuesto por reconocidos lobistas y oportunistas de última hora.
Esta ley N.º 28244, aprobada por insistencia en 2004, contó con el apoyo multipartidario de congresistas de la Izquierda como Javier Diez Canseco, del Apra como Jorge del Castillo, de Acción Popular, de congresistas como Glodomiro Sánchez de Perú Posible y hasta de Popy Olivera, con una mayoría parlamentaria aplastante.
En este caso, cabe preguntarse si puede un Decreto Ley o un Decreto de Urgencia dejar sin efecto, una ley aprobada por el Congreso de la República por más desacreditado que esté. Esta es una interrogante que debe resolver el Congreso convocando a este directorio liquidador de PetroPerú, conformado por lobistas profesionales y renegados del partido aprista.
De otro lado, la insistencia de sicarios periodísticos con amplia cobertura en los medios de comunicación solicitando que se declare la insolvencia de PetroPerú, y que la administración pase a sus acreedores no deja de ser sospechosa, teniendo en consideración que Bancos privados del Grupo Romero como el BCP o Continental del grupo Breca pudieran tener algún interés en los activos de PetroPerú.
Se debe tener presente que el Grupo Romero es el titular de la cadena de grifos Primax y Pecsa, y es un importante distribuidor mayorista y minorista de combustibles con cerca de 1,000 estaciones de servicios a nivel nacional, y con más de 4,500 estaciones de combustibles en Ecuador y Colombia, por tanto podría estar interesado en algunos activos de PetroPerú, como la moderna Refinería de Talara, que cuando empiece a operar al 100 % de su capacidad demostrará su rentabilidad, a pesar de las aves de mal agüero.
NO ESTÁ QUEBRADA
En verdad, PetroPerú no es una empresa quebrada ni económicamente ni técnica. Tiene una crisis de liquidez, de capacidad de pago de sus deudas de corto plazo, para abonar el petróleo y productos refinados importados, proveedores de bienes y servicios al primer semestre de 2024 por un valor de US $ 1,411 millones de dólares.
¿Puede estar quebrada una empresa que tiene activos superiores a los US$10 mil millones de dólares, con la refinería más moderna de esta parte del mundo, donde ya está operando la unidad más valiosa como es la de Flexicoking, transformando un promedio de 17 mil barriles diarios de petróleos residuales en combustibles limpios de mayor valor como el diésel y gasolinas premium, con el consiguiente ahorro en las importaciones de combustibles?
¿Puede estar quebrada una empresa petrolera como PetroPerú ,que de 2019 a 2023, ha generado al fisco más de US$5,994 millones de dólares por concepto de ingresos tributarios en la venta de combustibles y por sus operaciones propias. Estos ingresos tributarios son captados por PetroPerú y transferidos al Estado, al margen del abastecimiento a las Fuerzas Armadas y Policiales que se pagan mañana, tarde y nunca?
Estos ingresos tributarios han sido generados y transferidos al fisco a pesar de que la vieja refinería de Talara estuvo sospechosamente cerrada, lo cual explica la pérdida de posición de mercado de mercado, para pasar de un 48 % a detentar un 25 % en dura competencia con poderosas transnacionales como Repsol, Exxon/Mobil y Valero.
Es más, los lobistas y sicarios de la prensa se guardan de señalar que gran parte del endeudamiento externo, sea con los préstamos de CESCE la entidad financiera del gobierno español por US$1,000 millones, que tiene fecha de vencimiento en 2030, y que PetroPerú ha estado honrando puntualmente; en el mismo sentido, los bonos corporativos a largo plazo que forman parte importante de sus pasivos a largo plazo por US $ 3,000 millones en la Bolsa de los Estados Unidos se pagarán hasta 2047, pues se pactaron desde 2016 en la diversas administraciones de la empresa, para financiar la construcción de la Nueva Refinería de Talara.
Por último, este Directorio de PetroPerú nombrado a dedo por su Junta de Accionistas, los cuestionados ministros de Economía y Finanzas, conjuntamente con el ministro de Energía y Minas, no solamente estarían adoptando decisiones contrarias a la ley como la ley N.º 28244, que excluye a PetroPerú de cualquier modalidad de privatización, sino que en el fondo apuestan a la liquidación de PetroPerú, es decir esperan cumplir los sueños y deseos de la Derecha Bruta y Achorada (DBA).
Diario Uno, 07.09.2024
